Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, en un acto de Sumar,.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, en un acto de Sumar,. H. Bilbao / Europa Press.

Empleo Hoy

Las reestructuraciones de las empresas y las rigideces de la reforma laboral disparan los despidos colectivos en España

Sólo en 2023 aumentaron un 50%. Según los laboralistas, en 2024 este patrón se mantendrá e incluso se incrementará. 

10 marzo, 2024 02:13

Los abogados laboralistas están atareados estos días. Los expedientes de regulación de empleo (ERE) vuelven a ser tendencia en España. Pese a que el empleo y la economía siguen creciendo, los despidos colectivos se dispararon en 2023, un patrón que se mantendrá en este 2024. ¿Las causas? Las reestructuraciones de numerosas empresas y sectores y las "rigideces" que la reforma laboral de Yolanda Díaz ha introducido a la hora de hacer contrataciones, según los expertos. 

Los datos no ofrecen dudas. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo indican que 36.505 trabajadores sufrieron un despido colectivo en 2023. Esta cifra es un 50,8% más alta (12.290 personas más afectadas) que en el año anterior. 

De hecho, si se echa un vistazo al pasado, se trata de una de las cantidades más elevada de los últimos diez años. Sólo es superada por los datos 2013 (cuando España batía récords de paro, a cuentas de la crisis financiera) y de 2021 (por los estragos de la adaptación del tejido económico a la irrupción de la Covid-19). 

[El número de trabajadores afectados por un despido colectivo se disparó un 50,8% en 2023]

Y la tendencia continúa. Según fuentes del ámbito laboral, las consultas de empresas a abogados con la intención de poner en marcha un despido colectivo (y que, en el momento de publicar este artículo, en algún caso ya se ha activado) en 2024 han aumentado respecto al año pasado

"Desde el mes de noviembre de 2023 hasta marzo han entrado más despidos colectivos que en los últimos tres años juntos", alerta Alberto Novoa, socio del área laboral de RocaJunyent. 

Novoa, además, comenta que se trata de un fenómeno más generalizado de lo que parece. Recuerda que sectores como la banca o el de las telecomunicaciones ya han acometido sus propias reestructuraciones y que ahora se están sumando el resto.

Avisa, en particular, de que los ERE van a ser frecuentes en ámbitos como los de los servicios y los industriales, sobre todo en de la industria alimentaria, que han sufrido importantes subidas de costes en los últimos años.

Reglas del juego

¿Qué está ocurriendo? Los expertos legales aluden particularmente a dos causas para estos fenómenos: las reestructuraciones de las empresas provocadas por el nuevo entorno económico y las rigideces introducidas por la última reforma laboral, que impiden a los empresarios recurrir a contratos temporales excepto en situaciones muy concretas. 

"Han cambiado las reglas del juego, y ciertas vías de reestructuración ya no se pueden aplicar", indica Enrique Ceca, socio director del área laboral de Ceca Magán. "En muchas ocasiones, cuando caía un cliente importante o un pedido, no se tenía que recurrir a los despidos colectivos. Esta actividad estaba ligada a contratos temporales o de obra y servicio. Ahora, al no poderse utilizar, hay más despidos" detalla. 

[Telefónica cubre el cupo del ERE en un 106,4% tras registrar 3.640 solicitudes]

Ceca incide, además, en los condicionantes económicos, a los que alude también Novoa. Ambos hacen referencia explícita también a los problemas de financiación (las subidas de tipos) de las empresas y que ya hay entidades que, tras los golpes de la Covid y la inflación, no pueden devolver sus préstamos. 

Todo esto está creando un caldo de cultivo que ha paralizado las contrataciones en sectores como el de la construcción o los industriales, que se preparan para hacer despidos colectivos y acometer dramáticas reestructuraciones. 

Pero hay más problemas, según Novoa. "Hay mucha incertidumbre política y jurídica, y eso hace que haya menos inversión. Los cambios a golpe normativo y los anuncios de reformas" generan una "situación de convulsión y de inseguridad jurídica" que perjudica a la actividad privada.