Madrid, 2 ago (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el proyecto del Ayuntamiento de Madrid sobre los servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) "incidirán negativamente en la prestación del servicio a los consumidores y usuarios finales".

Las medidas del Ayuntamiento para los servicios de VTC provocarán "mayores precios, menor calidad e innovación, menor oferta disponible y mayores tiempos de espera", según un informe del organismo aprobado a principios de julio y difundido este martes.

El proyecto de ordenanza municipal fue aprobado por el equipo de Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid), pero aún no ha entrado en vigor y podría ser modificado por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular.

Para la CNMC considera que la ordenanza es discrimiatoria y desproporcionada al imponer restricciones sólo para los VTC. El texto prohíbe a los VTC aparcar a menos de 100 metros de aeropuertos y estaciones de ferrocarril y autobús; discrimina entre ambos servicios a la hora de usar el carril bus y restringe los días que pueden operar los VTC.

Además, incluye limitaciones para proceder a su geolocalización y de circulación en función de la etiqueta ambiental del vehículo e impone horarios y calendarios.

El organismo señala que la regulación "solo debe restringir la competencia cuando exista una razón de interés general que haga necesaria dicha limitación y no exista otra medida menos restricitva para lograr el objetivo perseguido".

Los argumentos del Ayuntamiento de que los VTC congestionan el tráfico y contaminan ni aporta indicios del empeoramiento de la circulación ni cuantifica los niveles de contaminación, indica, antes de afirmar que pueden existir alternativas menos restrictivas para combatirlos, como impulsar el transporte público o imponer tasas por congestión.

Por otro lado, la CNMC ha decidido impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña varios artículos del reglamento de VTC del Área Metropolitana de Barcelona por considerarlos contrarios a la competencia y perjudiciales para los consumidores.

En concreto, el organismo está en contra de la prohibición de la geolocalización del VTC con carácter previo a la contratación, de la prohibición de estacionar o circular por vías públicas cuando no estén contratados previamente o prestando el servicio y del periodo de 60 minutos entre la contratación y el inicio de la prestación del servicio.