México, 3 jul (EFECOM).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles de que ha propuesto una "especie de tregua" en el proceso de arbitraje internacional para buscar un acuerdo con empresas mexicanas y extranjeras en la renegociación de contratos para construir gasoductos.

"Mi propuesta es que haya una especie de tregua en el proceso judicial, sin que nadie pierda sus derechos, para que se busque un acuerdo. Si no hay acuerdo, entonces continúa el proceso legal", declaró el presidente en su conferencia de prensa matutina.

Argumentó que es mejor llegar a un acuerdo que "irnos a un pleito que nos puede llevar mucho tiempo".

Refirió que esa decisión tras reunirse el martes con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, y el titular del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle, con quienes llegó al acuerdo de establecer una mesa de diálogo con las empresas.

Los dos representantes empresariales y el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, van a fungir como observadores en la negociación, en la que participarán un representante de las empresas y el director de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

Bartlett defendió el martes la decisión de presentar demandas de arbitraje internacional para modificar contratos con las empresas transportadoras de gas.

"En el Gobierno anterior se licitaron gasoductos, de los cuales siete no habían llegado al periodo operativo", dijo el director de la CFE en una conferencia de prensa.

El lunes, la CFE presentó siete demandas preliminares de arbitraje en cortes del Reino Unido y Francia para anular algunas cláusulas de los contratos con las empresas Fermaca, Carso Energy, IEnova y TC Energy-TransCanada.

Bartlett indicó que de forma paralela ya ha establecido contacto con las empresas para convocarlas a un proceso de renegociación, y que "los transportistas acordaron que estaban dispuestos a revisar los contratos".

En materia económica y empresarial, presidente habló también de la Ley de Austeridad Republicana, recientemente aprobada, y destacó "el debate" existente sobre una de sus medidas más polémicas: el veto de 10 años a exfuncionarios para poder trabajar en una empresa privada del mismo ramo en el que se desempeñaban.

Recordó que incluso expresidentes, sin dar nombres, saltaron a empresas privadas de ferrocarriles o de energía."Era un abuso completo, porque el sector público es esto, y el sector privado es otra cosa. No hay que mezclar", concluyó.EFECOM