Madrid, 12 jun (EFECOM).- La Inspección de Trabajo afronta su primer mes controlando que las empresas cuenten con un registro de jornada, algo que llevan a cabo con dificultades dado que cuenta con una plantilla envejecida y mermada.

Los datos del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, a los que ha tenido acceso Efe, muestran que el 66 % de los inspectores y el 75 % de los subinspectores tiene más de 40 años y el 12 % en ambas categorías superan los 60 años.

A este envejecimiento de la plantilla afecta que no se estén cubriendo las plazas en el mismo porcentaje que se producen las jubilaciones y todo pese a que el Gobierno ha aumentado el número de puestos de trabajo convocados año tras año.

A cierre de 2017, el cuerpo estaba formado por 1.789 empleados con funciones inspectoras (945 inspectores y 844 subinspectores), una cifra que ha disminuido en nueve personas desde el año 2009.

En las ofertas públicas de empleo (OPE) convocadas en los siete últimos años (2011-2017) se convocaron 512 plazas (298 de inspectores y 214 de subinspectores) de las que sólo se cubrieron 378 (212 inspectores y 166 subinspectores).

La presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca, explica que la oposición es de una dificultad elevada, con un temario abultado y un nivel de exigencia comparable al de otros cuerpos de la Administración como los Inspectores de Hacienda o la Judicatura.

La ratio de opositores por cada puesto convocado no ha dejado de descender hasta niveles "muy preocupantes", explica Ercoreca, desde los 20 aspirantes por plaza de hace unos años hasta los 4,5 de la última convocatoria (2018) pese a que en ella se duplicaron las plazas convocadas respecto a lo habitual.

Por ello, en los últimos años se están quedando sin cubrir el 25 % de las plazas convocadas, algo que Ercoreca atribuye a que no se trata de una oposición "atractiva" por las "deficientes" condiciones laborales en comparación con las de otros cuerpos de la Administración.

Descartada la posibilidad de reducir temario o dificultad (algo que sería "temerario e imprudente") el sindicato de Inspectores de Trabajo considera que una mejora de sus condiciones salariales haría más atractivo para el estudiante realizar ese esfuerzo.

Desde el sindicato indican que no cuentan con una verdadera promoción profesional, no se les aplica niveles salariales de organismos similares (Inspectores de Hacienda) ni les son revisadas y actualizadas las condiciones económicas para adaptarlas al contenido real de sus puestos de trabajo.

Entre sus demandas está también el "excesivo" peso que tiene en sus nóminas el complemento de productividad (22,5 %), frente al de otros colectivos con funciones de igual nivel (12 %).

Denuncian que afrontan cada vez más una mayor disponibilidad, tensión social y penosidad, con menores plazos de actuación, utilizando el vehículo particular en sus actuaciones para hacer visitas sobre el terreno, con material obsoleto (ordenadores con más de diez años de antigüedad) y con una insuficiente protección de sus datos personales, entre otros problemas.

A pesar de estos "obstáculos", explica el sindicato, los inspectores de Trabajo llevaron a cabo más de un millón de actuaciones o controles en 2017, tramitando medio millón de expedientes en los que han detectado 936 millones de euros defraudados a la Seguridad Social, o en prestaciones y otras ayudas.

Fruto de estas actuaciones propusieron 280 millones de euros en sanciones y transformaron en indefinidos 92.925 contratos de trabajo temporales.