El 28-A ya es historia. Los resultados están sobre la mesa. Como se esperaba, la fragmentación es la que es... pero depara una victoria más rotunda de lo previsto del PSOE de Pedro Sánchez, que se procura un amplio margen para gobernar.  

Esclarecer cómo será el nuevo Ejecutivo y quién lo respaldará será clave. Al menos en lo económico. Hace tres años, España venía de muy abajo, tras la crudeza de la crisis, y crecía con fuerza, a tasas superiores al 3%, con una inercia clara. Ahora, en cambio, aunque el crecimiento persiste, resulta cierto que se está enfriando y que, tarde o temprano, el frenazo económico de nuestros socios europeos, con Italia en recesión y Alemania bordeándola, se acabará sintiendo. Lo económico, por tanto, está llamado a cobrar un creciente protagonismo durante la legislatura. 

Porque ese nuevo Ejecutivo se encontrará con una economía que camina por su sexto año de crecimiento, pero que ya nota cierto desgaste y que acumula taras y rigideces de las que conviene ocuparse. Serán los retos económicos del nuevo inquilino del Palacio de la Moncloa. 

"Conviene huir de disputas estériles sobre si hay desaceleración o no; el crecimiento se frena, y hay que hacer un buen diagnóstico de la situación y ver cómo gestionarla" 

El primer desafío consistirá, precisamente, en gestionar el enfriamiento económico. Nadie lo oculta. España seguirá creciendo, pero menos. Se vio en 2018, cuando el Producto Interior Bruto (PIB) se expandió un 2,6%, por debajo del 3% o más que registró en los tres años anteriores. Para 2019 los pronósticos contemplan un crecimiento ligeramente superior al 2%, para situarse por debajo de esta cota en 2020. De lo que se trata no es de incurrir en debates estériles sobre si hay desaceleración o no, sino que lo relevante es hacer un buen diagnóstico de la situación y ver cómo se puede conducir ese enfriamiento para que no se agrave… pero sin hipotecar a cambio el futuro con medidas cortoplacistas. La experiencia de los años 2008 y 2009 está demasiado cerca como para caer en complacencias e incurrir en negaciones. 

Porque, en paralelo, España arrastra importantes huellas de la crisis que no conviene menospreciar a la hora de saber cómo reaccionar desde el frente fiscal -el que está al alcance del Gobierno, porque el monetario y cambiario están cedidos a Europa-. Es cierto que España por fin ha logrado reducir su déficit público para situarlo por debajo del 3% y salir así del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) que Bruselas impone a los países con menor disciplina presupuestaria, pero también lo es que el 2,5% de déficit en 2018 figura entre los mayores de Europa y viene acompañado por una deuda pública equivalente a casi el 100% del PIB, cuando antes de la crisis no llegaba al 40%.

Aunque la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) supone una defensa y allana posibles tensiones, convendría utilizar con criterio los márgenes fiscales -tanto en la tentación de tirar del gasto público como en la alegría de recortar los impuestos- para no poner en duda la solvencia ni la credibilidad de España y su compromiso para reducir la deuda pública. Porque, además, la deuda exterior, si bien se ha reducido, puesto que la posición de inversión internacional neta ha bajado al 77,2% del PIB, la más baja –para bien- desde 2007, continúa siendo lo suficientemente alta como para generar problemas si España compromete su solvencia. 

¿Y EL LARGO PLAZO? 

Pero, además, España necesita reformas de calado en pilares fundamentales. Es el caso de las pensiones y la Seguridad Social, el mercado laboral y la educación, principalmente. Terrenos fundamentales ya en el presente, pero sobre todo para abonar el futuro y coser la sociedad contra riesgos como la falta de preparación, una mayor desigualdad y una lucha intergeneracional. Terrenos, claro está, que necesitan luces largas, humildad, para recibir consejos de expertos y técnicos, y consenso. Vamos, lo contrario de lo visto durante la campaña y de los tiempos que suelen manejar los partidos, que difícilmente ven más allá de cuatro años, que es cuando -en teoría- toca pasar de nuevo por las urnas. 

Con un déficit de la Seguridad Social de 18.000 millones de euros en los últimos años, con unos gastos que no paran -ni pararán- de subir y con una presión demográfica, sustanciada sobre todo en la longevidad, negar la necesidad de acometer una reforma que garantice la cobertura, la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones públicas es hacerse trampas al solitario y dejar en herencia que otros afronten por extrema necesidad en el futuro las medidas que los gobernantes actuales no se atreven a liderar hoy. 

Lo mismo ocurre con el mercado laboral, que arroja muchísimo paro en los tiempos malos, con tasas de desempleo superiores al 25%, y mucho paro en los buenos, puesto que ahora, tras más de cinco años creciente, el paro se encuentra en el 14,7%, casi el doble que en la Eurozona. La temporalidad, la dualidad y las decenas de tipos de contratos se han manifestado ineficientes; urge una revisión de este mercado laboral que conduzca a un tratamiento adecuado para ‘curarlo’. 

Y esa cura pasa, ineludiblemente, por una reforma educativa. Pero una de verdad. Que dure. Que mire hacia el siglo XXI. Que prepare a los jóvenes para el futuro y no sea únicamente una ‘máquina expendedora de títulos’. Que case mejor las necesidades y las demandas del mundo laboral de este siglo con la oferta académica. Que potencie y valore de una vez la Formación Profesional. Y que no se quede solamente en los años supuestamente educativos, sino que apueste de verdad por la I+D+i y la formación y la retención del talento científico en España. 

¿Algo más? Sí. España también necesita una política energética que ataque los retos del cambio climático, potencie los recursos renovables del país y reduzca la dependencia del petróleo... respetando los tiempos para no repercutir los costes en los ciudadanos y para que marque una hoja de ruta que se acompase con las necesidades de inversión y adaptación de las empresas. 

Mejorar la unidad de mercado para evitar trabas a la actividad económica y empresarial y promocionar auténticas políticas de conciliación laboral-familiar limarían rigideces y brechas de género, además de estimular la productividad, la gran asignatura pendiente de la economía española. La que nunca se 'aprobará con nota' sin reformas.