Sacyr niega su participación en el cártel de empresas al que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por repartirse durante años concursos públicos convocados por el gestor ferroviario ADIF y está estudiando demandar al regulador por los daños causados.

Fuentes del sector han confirmado este lunes a Efe que Sacyr, que niega su participación en el amaño a través de su filial Neopul, ha encargado a sus servicios jurídicos que analicen la presentación de una demanda contra la CNMC por los daños económicos y de reputación que ha provocado su resolución del pasado 27 de marzo.

Las empresas sancionadas por la CNMC junto con Neopul han sido Cobra (ACS), Elecnor, Siemens, Semi (ACS), Inabensa, Alstom, Cymi (ACS), Isolux, Electren (ACS), Comsa, Indra, Telice, Eym (OHL) y Citracc- y, además, el organismo supervisor ha activado, por primera vez, el procedimiento para prohibirles contratar con la Administración.

El grupo ha trasladado sus reclamaciones a la CNMC en una carta dirigida a su presidente, José María Marín-Quemada, fechada el pasado 4 de abril, de acuerdo con la misma fuente.

Con las multas impuestas a 15 empresas que suman 118 millones de euros y sanciones a catorce de sus directivos con 666.000 euros, la CNMC "de manera injusta, ha provocado "un grave daño" a Sacyr.

Según ha adelantado hoy el diario económico Expansión, el grupo ha tenido que retirar a Neopul de la UTE constructora del ferrocarril de Uruguay, una obra adjudicada en 2018 con un presupuesto de unos 700 millones de euros.

Sacyr defiende que el supuesto cártel "no ha reportado el mínimo beneficio" a Neopul, que, desde mayo de 2010 hasta abril de 2014 -el periodo al que se refiera la sanción del regulador-, de entre más de 20 ofertas licitadas, sólo se adjudicó un contrato (LAC Antequera-Granada en UTE con Emte y Vimac).

Además, lo ganó "después de haber justificado la oferta económica, tras encontrarse inicialmente en presunción de temeridad", con una baja del 47 %, ha explicado la fuente.