Un tribunal de apelación de Suecia absolvió hoy a la minera sueca Boliden por los daños a la salud causados por las emanaciones de residuos tóxicos enviados hace tres décadas por la compañía a la localidad chilena de Arica.

Casi 800 chilenos reclamaban a Boliden cerca de 100 millones de coronas suecas (11 millones de dólares) en concepto de indemnización, pero volvieron a perder el juicio como en el proceso en primera instancia celebrado en 2017.

Si el juzgado de Skellefteå (norte de Suecia) consideró entonces que la minera no podía prever las consecuencias de sus actos, siguiendo las leyes chilenas, el tribunal de apelación del norte de Norrland emitió hoy un fallo absolutorio con un fundamento distinto.

El fallo aplica la jurisprudencia sueca aduciendo que el "centro" de los acontecimientos de la "supuesta" negligencia está en Suecia.

Y como las leyes suecas establecen un plazo máximo de diez años desde los hechos que causan al daño para presentar una demanda, considera que el posible delito ha prescrito.

"A diferencia del juzgado de primera instancia hemos concluido que se deben aplicar las leyes suecas", señaló en un comunicado el presidente del tribunal, Erik Sundström, que consideró que la demanda "sencillamente es demasiado vieja".

Los demandantes deberán pagar su parte de las costas del juicio y la de Boliden, esta última en torno a los 3,7 millones de coronas (400.000 dólares), informó el tribunal.

La minera sueca envió entre 1984 y 1986 desde su fábrica de fundición en Skellefteå unas 20.000 toneladas de barros metálicos que contenían mercurio, arsénico y plomo a la empresa chilena Promell para que los tratara.

Los residuos nunca fueron procesados por Promell, que años más tarde se declaró en quiebra, y quedaron abandonados a la intemperie en ese lugar.

La demanda documenta que en la década siguiente se empezaron a constatar en los pobladores chilenos daños en la salud en forma de cáncer, tos crónica y dolores en articulaciones y huesos.

Boliden sostuvo en el juicio que había extremado la seguridad en el transporte de los residuos y que no podía predecir lo que ocurrió más tarde con Promell, culpando a esta empresa y a las autoridades locales por permitir la construcción de viviendas en las proximidades del basurero.

La Corte Suprema chilena condenó en 2007 al Estado andino a pagar 5,4 millones de dólares para reparar el daño a la salud provocado por la intoxicación a los 356 habitantes de la población "Cerro Chuño" (Arica), no incluidos en la demanda presentada en Suecia.