El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por 13.830 millones de euros, para garantizar el pago de la nómina de las pensiones de este año y, en particular, de las dos pagas extraordinarias de verano y navidad.

Este crédito está consignado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que actualmente está prorrogada, ha explicado en un comunicado el Ministerio de Trabajo.

Del total del dinero prestado, la Seguridad Social utilizará 7.500 millones con fecha límite del 1 de julio para abonar la nómina doble de más de 9,7 millones de pensiones que en junio perciben la paga ordinaria y extraordinaria.

AUTORIDAD MACROPRUDENCIAL 

El Gobierno también ha aprobado el real decreto por el que se acuerda la configuración estructural de competencias y funciones de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), el último paso que quedaba pendiente para completar la creación de este organismo responsable de prevenir y mitigar el riesgo sistémico para la estabilidad financiera.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este viernes.

La norma establece la estructura, régimen jurídico, funciones y facultades que tiene este órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Economía y Empresa, que ha presentado este real decreto a convalidación para que España "no fuera el último de Europa en tener ordenada una prevención, en términos de estar, como hemos estado, en una crisis que hubo evidentemente de preveerse", ha señalado Calvo.

En este sentido, la Junta Europea de Riesgo Sistémico creada en 2010 estableció que cada Estado miembro debía crear su propia herramienta macroprudencial antes de julio de 2013, por lo que diversos organismos recomendaron sistemáticamente a España que llevase a cabo su constitución.

"Este Gobierno quiere que no vuelva a repetirse nunca una situación de inestabilidad financiera y de crisis como la que hemos vivido porque hayan faltado elementos racionales de prevención, de coordinación de esfuerzos y de respuesta", ha destacado la vicepresidenta.

La Autoridad Macroprudencial incluye medidas de refuerzo de la capacidad supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España para evitar que se produzcan crisis financieras como la de 2008.

El Pleno del Congreso convalidó en enero el real decreto ley por el que se crearon herramientas macroprudenciales y se dotó de más capacidad al Banco de España, a la CNMV y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Entre otras, se incluyó la posibilidad de establecer colchones de capital anticíclicos, límites a la concentración sectorial de riesgos y a la concesión de préstamos en función del valor de la garantía o la capacidad de endeudamiento de empresas y particulares.

Tras el refuerzo de las competencias de lo supervisores, quedaba pendiente la aprobación de este real decreto con el que se culminaba la configuración de la Autoridad Macroprudencial.

De esta manera, finaliza la reforma institucional del sistema de supervisión macroprudencial, una reforma que se ha realizado en "apenas ocho meses" gracias al compromiso y colaboración del Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía y Empresa" y que mejorará la coordinación macroprudencial y permitirá a España disponer de instrumentos orientados a prevenir posibles riesgos sistémicos, ha indicado el ministerio en un comunicado.

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD

El modelo español destaca por su "independencia y carácter transversal" y guarda similitudes con el alemán, ya que la gestión de las herramientas macroprudenciales se deja a los supervisores sectoriales (Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros), respetando su ámbito de actuación y experiencia, pero éstos deberán comunicar con anticipación a la Autoridad su intención de establecer los instrumentos, modificarlos o retirarlos.

La Autoridad Macroprudencial analizará posibles factores de riesgo, emitirá opiniones y alertas y realizará recomendaciones a los supervisores sectoriales, aunque estas recomendaciones no son vinculantes. En cualquier caso, si los supervisores deciden no cumplirlas deberán explicar y justificar su determinación.

Cada año, Amcesfi elevará a las Cortes un informe de carácter público, en el que se analizarán los principales riesgos para la estabilidad financiera, las medidas vinculantes adoptadas y las recomendaciones y avisos emitidos.

El nuevo organismo contará con un consejo integrado por la ministra de Economía y Empresa, que ejercerá las funciones de presidenta; el gobernador del Banco de España, que será el vicepresidente; la subgobernadora del Banco de España, el presidente y la vicepresidenta de la CNMV, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones.

Asimismo, contará con un comité técnico, que estará formado por nueve representantes de los organismos integrantes de Amcesfi y presidido por la subgobernadora del Banco de España.

En ambos órganos se prevé la posibilidad de que a las reuniones asistan, en calidad de expertos, con voz pero sin voto, representantes de otras instituciones públicas relacionadas con la estabilidad financiera.

AYUDAS A LA EMPRESA EN CASO DE UN BREXIT DURO

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para minimizar los efectos de un eventual Brexit sin acuerdo en las empresass. El objetivo es preservar el normal funcionamiento de los flujos comerciales y los intereses económicos entre España y el Reino Unido y garantizar los intereses de los españoles en ese país, ha explicado el Gobierno.

Este decreto hace especialmente hincapié en materia de derechos de los ciudadanos y de comercio y finanzas, y exige la reciprocidad de la autoridades británicas. Se trata de un conjunto de medidas en cuya elaboración han participado 14 ministerios y define medidas de carácter temporal dirigidas a facilitar el paso del Reino Unido de miembro de la UE a tercer Estado.

El primer objetivo de estas medidas es preservar los intereses de los ciudadanos españoles residentes en el Reino Unido y de los en torno a 300.000 ciudadanos británicos residentes en España. El decreto ley contempla de manera específica los derechos de los ciudadanos españoles que trabajan en Gibraltar con el objetivo de que el Brexit les perjudique lo menos posible, ha subrayado el Gobierno.

También se incluyen medidas para garantizar la continuidad de los contratos de los servicios financieros, establecer las nuevas condiciones aduaneras y regular la situación de los operadores económicos. El decreto también establece las condiciones de validez de permisos de conducir, de tenencia y comercio de armas o material de Defensa y detalla disposiciones en materia de transporte terrestre de viajeros y de mercancías.

También regula la cooperación policial y judicial y los servicios aeroportuarios y prevé la consideración del Reino Unido como destino internacional.