El sector de las renovables ha sido sometido a varios recortes desde 2010.

El sector de las renovables ha sido sometido a varios recortes desde 2010.

Economía

España pierde su primer arbitraje internacional ante la Ciadi por los recortes en las renovables

El Estado acumula una treintena de demandas ante la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial de inversores internacionales a causa de los recortes aplicados a las energías renovables. El Gobierno estudia recurrir el laudo.

5 mayo, 2017 11:55

España ha perdido el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables, indicaron a Europa Press en fuentes cercanas al proceso.

El laudo, que ha sido notificado ya a las partes, da la razón en sus pretensiones a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que ha contado en el proceso con el asesoramiento de Allen & Overy. 

Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz.

La inversión comprometida en estas tres centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Tras ese momento, el sector fue sometido a diversos recortes retributivos, el primero de ellos a finales de 2010, con el PSOE en el poder, y el último, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Gobierno del Partido Popular.

El Gobierno estudia recurrir este laudo del Ciadi, ha indicado el Ministerio de Energía en un comunicado. "Este laudo única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del Tribunal se considera excesivo", señala la nota del Ministerio.

Dado el carácter singular de este pronunciamiento, insiste, "no debe asumirse que su resultado puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante para otros arbitrajes pendientes". El Ministerio ha subrayado que el arbitraje "solo estima parcialmente las reclamaciones de los demandantes, condenando al Reino de España al pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban los demandantes". 

El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. En enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor del Reino de España.

Ese fue el primer laudo arbitral internacional en resolverse de los interpuestos contra España en el sector renovable al amparo del Tratado de la Carta de la Energía.

Anteriormente, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional habían avalado también los recortes aplicados por el Gobierno en esta materia en los últimos años.

UNA TREINTENA DE DEMANDAS

España acumula ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables, ya que los inversores nacionales no pueden acudir al tribunal internacional de arbitraje.

En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.

El laudo del Ciadi "no cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014 que permitió acabar con el déficit de la tarifa", afirma el Ministerio de Energía. En concreto, el laudo afirma que "el demandado -el Estado español- enfrentó un legítimo problema de política pública con su déficit tarifario y el Tribunal no cuestiona que fuese apropiado que las autoridades adoptasen medidas razonables para lidiar con la situación".