La industria tecnológica teme que España endurezca en solitario la regulación de la inteligencia artificial

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) sigue dando quebraderos de cabeza a todo el sector tecnológico, ahora a escasos meses (en agosto) de la entrada en vigor de nuevas restricciones a las aplicaciones consideradas de alto riesgo. Y es que, en estos momentos, no se sabe cómo va a ser aplicado, ni tan siquiera si se retrasarán sus plazos y mucho menos si España va a ir por libre e imponer criterios más duros que los que ahora rebaje Bruselas.

Así lo entienden muchas de las empresas del ecosistema digital y asociaciones como Adigital, para quienes la incertidumbre respecto a la AI Act tiene mucho que ver con cómo aplicar obligaciones a esos usos de alto riesgo cuando todavía no existen los estándares técnicos que deberían darles sustento. Esa es hoy la principal preocupación de las empresas tecnológicas, que advierten de un escenario de inseguridad jurídica si la norma avanza ad infinitum et ad nauseam sin el armazón normativo necesario.

El problema no es tanto el Reglamento de IA en sí mismo como su aterrizaje real, que se ha ido dilatando hasta el extremo y ahora está sujeto a la enésima de sus revisiones. La industria no cuestiona la protección ni la seguridad que aporta esta norma, pero sí el orden de los factores que se está llevando a cabo en el seno de la Unión Europea. Sin estándares, sostienen estas voces, la aplicación del Reglamento corre el riesgo de convertirse en una entelequia burocrática que penalice especialmente a las pymes y a las empresas que empiezan a escalar.

Críticas, suspicacias y una posible revisión en el aire: ¿Qué está pasando con la ley europea de inteligencia artificial?

Ese salto abrupto entre startup y gran compañía, descrito como un “efecto acantilado”, es uno de los vericuetos regulatorios que más inquieta al sector.

A esta tensión se suma el debate sobre la gobernanza. La posible centralización de la supervisión en la Oficina Europea de Inteligencia Artificial es vista con buenos ojos, pero sólo si se articula dentro de un modelo multinivel claro, que no deje en tierra de nadie a las autoridades nacionales ni a los supervisores sectoriales. Así, el sector insiste en la necesidad de una gobernanza ex ante, más preventiva que punitiva, apoyada en mecanismos de preparación regulatoria que permitan a las empresas saber, con carácter expedito, qué se espera exactamente de ellas antes de exponerse a sanciones.

A la expectativa del 'ómnibus'... y de Moncloa

En paralelo, el llamado ómnibus europeo de inteligencia artificial aparece como una pieza clave para dar aire a la IA en territorio comunitario, pero también como una fuente adicional de incertidumbre. Concebido como un paquete de simplificación y ajuste del Reglamento, su tramitación introduce dudas sobre los plazos y sobre la coherencia del conjunto normativo.

Por lo pronto, la Comisión Europea ha extendido el plazo de consultas un mes más (ahora finaliza en marzo) y prepara su propuesta definitiva, mientras crece el temor a que la negociación política dilate los tiempos y deje a las empresas en un limbo regulatorio.De hecho, otras normas de simplificación similares -como la que afectó a las leyes de sostenibilidad- tardó nueve meses en ver la luz.

De replicarse esos mismos plazos, estaríamos ante la entrada en vigor de la AI Act en agosto con unos parámetros que van a ser rebajados apenas un par de meses más tarde y, lo más importante, sin esas bases técnicas para que pueda ser realmente viable.

Ese ómnibus europeo tiene además un efecto directo sobre el plano nacional. En España, el gobierno de Pedro Sánchez decidió lanzar un anteproyecto de Ley de gobernanza de la inteligencia artificial para complementar la AI Act. Recordemos que la norma europea es de aplicación directa y no requiere de transposición al ordenamiento jurídico español, como la mayoría de regulaciones comunitarias en materia tecnológica.

Este anteproyecto de Ley está, actualmente, bloqueado y en paradero desconocido. Tanto que ni siquiera ha llegado al Consejo de Ministros ni al Congreso de los Diputados. Esta incertidumbre añadida hace que en el sector muchos se pregunten si la cartera de Óscar López estará esperando a ver cómo se reconfigura el Reglamento europeo antes de reescribir su propio texto.

Pero, de no ser así, son muchas las voces que alertan de que este anteproyecto, tal como está planteado, introduce riesgos claros de sobrerregulación respecto a lo que finalmente sea el AI Act y lo que apliquen el resto de países vecinos.

La crítica más severa se dirige al régimen sancionador. El anteproyecto español eleva las multas por incumplimientos como el etiquetado de contenidos generados por IA hasta los 75 millones de euros o el 7% de la facturación anual, cifras superiores a las previstas a nivel europeo. Para las empresas, este diferencial rompe la armonización del mercado único y abre la puerta a decisiones estratégicas muy peligrosas, incluida la posible deslocalización hacia otros Estados miembros con marcos menos severos.

También genera dudas la fragmentación de competencias entre distintas autoridades supervisoras, eempezando por la propia AESIA que lleva dos años en funcionamiento y dos directores generales sin tener atribuidas responsabilidades concretas. La falta de claridad sobre quién controla qué, y bajo qué criterios, añade fricción a un sistema ya de por sí complejo.

Desde el sector se acepta la necesidad de una norma nacional para designar a la autoridad supervisora principal, pero alerta de que repartir funciones sin una arquitectura clara puede derivar en interpretaciones divergentes y en un tráfago administrativo ajado antes incluso de que el Reglamento europeo despliegue todo su efecto.