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Cuando asegurar la sanidad ya no sale a cuenta, ¿quién paga el precio?
Cada vez que una Administración Pública contrata un seguro de responsabilidad civil sanitaria, hay mucho más en juego que una simple prima.
Una reflexión reciente de la catedrática Núria Garrido pone el dedo en la llaga: durante años hemos dado por hecho que la oferta aseguradora más ventajosa es, sin más, la que ofrece la prima más baja. Pero la realidad es tozuda y mucho más compleja.
Un seguro no puede analizarse al margen del riesgo que cubre: si las indemnizaciones aumentan hasta cantidades nunca vistas y los casos clínicos son cada vez más complejos, la prima tiene, necesariamente, que acompañar esa evolución.
No por capricho de las compañías aseguradoras, sino porque es la única forma de que el riesgo sanitario pueda seguir asegurándose mañana.
Esta reflexión no es ajena al debate europeo suscitado en torno a la contratación pública. La Comisión Europea acaba de plantear una revisión de sus reglas con el objetivo de simplificar los procedimientos y reforzar una contratación pública más estratégica.
La idea de fondo resulta especialmente pertinente en ámbitos complejos como es el del aseguramiento: el dinero público no debería medirse únicamente por cuánto se ahorra al contratar, sino también por el valor, la capacidad y los resultados que se obtienen a cambio.
Una prima ajustada al riesgo sostiene el sistema
Cuando el precio del seguro se aleja demasiado del riesgo real, no hablamos solo de números en una hoja de cálculo, sino de la propia capacidad del sistema para seguir asegurando la sanidad a largo plazo.
Y aquí conviene matizar: hablamos de la sostenibilidad del aseguramiento, no de la sanidad en su conjunto, que depende de muchos otros factores. Son cosas distintas y conviene no mezclarlas.
Donde no hay aseguradoras, pierde todo el mundo
El papel de una aseguradora no empieza ni termina en firmar un cheque. Detrás de cada reclamación hay un trabajo de análisis clínico, jurídico y pericial que exige conocimiento especializado: entender qué ha pasado, valorar responsabilidades, negociar acuerdos y, si procede, indemnizar con agilidad.
Esa gestión especializada es, muchas veces, lo que evita que un caso acabe dirimiéndose durante años en los tribunales.
Y aquí está la cuestión incómoda que casi nadie plantea: si las aseguradoras se retiraran del ámbito sanitario, el problema no desaparecería, simplemente cambiaría de manos.
La Administración tendría que asumir en solitario la gestión de cada reclamación, sin los medios técnicos y periciales especializados que aportan las compañías.
En consecuencia, el paciente podría enfrentarse a procesos más largos y complejos hasta obtener una respuesta y, cuando correspondiera, una indemnización. Y los profesionales e instituciones sanitarias quedarían más expuestos, sin el respaldo técnico, jurídico y pericial especializado que sin duda contribuye a reducir la litigiosidad y proteger su reputación.
Pagar tarde sale caro
Existe la idea, muy extendida, de que a las aseguradoras les interesa alargar los pagos todo lo posible. Pero esta creencia merece, como mínimo, ser revisada: la ley establece un régimen de intereses de demora —el previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro— cuando la aseguradora incurre injustificadamente en retraso.
Y no se trata de una penalización simbólica: en la mayoría de los casos, los intereses acumulados pueden llegar a incrementar de forma muy significativa la cantidad que finalmente debe abonar la compañía, llegando a superar el importe de la indemnización principal.
El retraso en el pago como estrategia, resulta difícilmente sostenible si se tiene en cuenta que la demora tiene un coste real y nada despreciable para la aseguradora.
Pagar tarde, lejos de ser un negocio, puede acabar resultando mucho más caro. Por eso, cuanto antes se resuelva un proceso de reclamación, mejor para todos, para el paciente desde luego, pero también para la propia compañía.
Un debate que apenas ha empezado
Puede que la pregunta correcta no sea cuánto cuesta un seguro, sino qué obtenemos a cambio de ese precio.
¿Tiene sentido premiar solo la prima más barata si eso pone en riesgo la capacidad de respuesta del sistema el día que algo falla? ¿Qué peso deberíamos dar a la experiencia, al rigor técnico y a la capacidad de resolver un conflicto sin llegar a los tribunales? ¿Estamos dispuestos, como sociedad, a asumir las consecuencias de que ciertos riesgos sanitarios dejen de ser asegurables en condiciones razonables?
No son preguntas con respuesta fácil, y probablemente no deban resolverse en un artículo. Porque, al final, el verdadero debate no es cuánto cuesta asegurar la sanidad, sino qué estamos dispuestos a perder si dejamos de hacerlo adecuadamente.
Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Hathor Digital.
