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La red eléctrica andaluza, al límite: "Explícale a un inversor que tendrá potencia para su proyecto dentro de cinco años"

Viviendas bloqueadas, centros de datos que se marchan o industrias retrasadas.

Estas son algunas de las consecuencias de la falta de inversión del Estado.

Más información: El autoconsumo, problema para Red Eléctrica: su auge pone en jaque el sistema y acerca la posibilidad de un apagón

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Las claves

Las claves

La red eléctrica andaluza está al 96,5% de su capacidad, bloqueando más de 30.000 viviendas y retrasando proyectos industriales clave.

El periodo medio para ejecutar soluciones a la saturación eléctrica es de cinco años, lo que dificulta atraer nuevas inversiones a la región.

El déficit inversor y los retrasos en infraestructuras eléctricas han causado que muchas subestaciones y líneas planificadas sigan sin ejecutarse.

El Gobierno ha aprobado un real decreto que elimina los límites a la inversión, permitiendo movilizar hasta 35.000 millones de euros en infraestructuras eléctricas hasta 2030.

Más de 30.000 viviendas bloqueadas. Un centro de datos de 1.000 millones que se fue de Málaga a Aragón. Renuncias y retrasos frecuentes en inversiones estratégicas de nuevas industrias.

Andalucía sufre ya los efectos de la saturación de las redes eléctricas, prácticamente al 100% de su capacidad (96,5%) en cuestiones de máxima sensibilidad como la vivienda, la atracción de empresas o la descarbonización de su economía.

Una situación actualmente muy complicada y que va para largo: el periodo medio de tramitación y ejecución de proyectos que podrían solucionar el problema es de 5 años, con casos que se van a los 7.

Explícale a un inversor que tendrá potencia eléctrica para su proyecto dentro de cinco años”, clamaron constructores sevillanos de Gaesco durante un encuentro reciente con Endesa, en el que la distribuidora les dio todo tipo de explicaciones sobre el problema.

El informe de Endesa a Gaesco vincula la saturación del sistema directamente a la parálisis de la inversión en la red en alta, de competencia estatal. Las redes de distribución locales no pueden operar de manera efectiva sin una conexión previa a las líneas de transporte principales.

Una situación que , según se admite abiertamente, afecta ya a proyectos que estudian la posibilidad de ubicarse en Andalucía. Junto al suelo y el permiting, la energía es una de las cuestiones básicas que se estudian para la viabilidad de las inversiones.

Y a día de hoy, en sentido estricto, no hay ni nuevos proyectos de infraestructura eléctrica aprobados, pues el Plan Nacional de 1.200 millones propuesto por el Gobierno para la red eléctrica ha recibido miles de alegaciones que hay que resolver.

A principios de junio, seis de las ocho provincias de Andalucía estaban al 100% de su capacidad. Córdoba estaba al 96% de ocupación, y Sevilla, al 99%. En julio las provincias completamente saturadas eran tres (Almería, Cádiz y Málaga) aunque el resto se aproximaba bastante al límite. La media regional, 96,5%.

Ante esta situación, el panorama real que se encuentran empresas y municipios con proyectos de vivienda (muchas de VPO) e industria relevantes es buscar equilibrios en la cuerda floja para salvar los casos que no admiten demora.

El milagro de Pilatus

En Endesa, la mayor compañía distribuidora en Andalucía, citan “el milagro” de Pilatus si se les pregunta por este tema.

En una compleja operación, la distribuidora logró coordinar tres plantas fotovoltaicas para dar potencia a la fábrica de aviones que la multinacional suiza va a instalar en Carmona. Mientras, se ha tenido que ir provisionalmente a Alcalá de Guadaíra.

En el caso de Pilatus se logró una solución que estará operativa en meses para una infraestructura que en condiciones normales hubiera requerido cuatro años en el mejor de los casos.

Polos industriales como el Campo de Gibraltar o Huelva están incluidos en los planes iniciales del Gobierno, y tienen potencia reservada para proyectos estratégicos de Hidrógeno Verde o biocombustibles.

Las zonas mineras entre Sevilla y Huelva también aparecen en el mapa de inversiones presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El problema aquí es de tiempo: primero que el plan estatal de inversiones salga adelante tras resolver una montaña de alegaciones, y luego cinco años de media para que los proyectos completen tramitación administrativa y obras.

Y además preocupan casos que han quedado fuera de los planes avanzados por el Ministerio, como el del Puerto de Sevilla, donde hay previstos desarrollos importantes como un centro de motores de Ryanair.

Y también la zona metropolitana de Córdoba, que atrae industrias de Defensa sin cesar con la Base Logística del Ejército de Tierra como imán.

La preocupación es extensiva a todos los territorios en expansión industrial o que captan empresas que consumen intensivamente electricidad, como los centros de datos.

Liberar potencia

La administración central ha comenzado a aplicar medidas regulatorias para liberar la capacidad de red que se encuentra retenida por proyectos especulativos o que han decaído.

El Ministerio obliga a los promotores a abonar peajes de manera anticipada para mantener sus derechos de acceso a la red de alta tensión. Los proyectos de más de 26 kilovoltios que no justifiquen los pagos correspondientes en un plazo de tres meses perderán la potencia y los avales depositados.

Este mecanismo pretende aflorar la "capacidad oficiosa" y transformar los permisos otorgados en "capacidad contractual efectiva" para la industria manufacturera y los centros de datos.

Aunque no hay mucha fe en que consiga efectos muy significativos, sí que puede liberar capacidad en zonas donde haya proyectos en lista de espera.

¿Cómo se ha llegado al punto de que la saturación de la red sea un tapón para el desarrollo? Lo que ha ocurrido ahora es la explosión de un déficit inversor que se venía arrastrando desde hace años.

Andalucía es una de las regiones con mayor número de actuaciones previstas en la nueva planificación eléctrica nacional. Sin embargo, el análisis de Endesa advierte que "52 posiciones de las 59 que afloren son de planificaciones anteriores".

Gran parte de las infraestructuras estatales pendientes en el territorio andaluz se remonta a los planes aprobados para el periodo 2008-2016.

El 54% de las posiciones de la red de transporte eléctrico en la comunidad autónoma presenta retrasos en su ejecución. Asimismo, el 63% de las subestaciones de alta tensión planificadas acumula demoras en su puesta en marcha.

El caso más sangrante está en Málaga. Una subestación en Benahavís lleva construida desde 2020, pero no tiene conexión a la red, en un proceso administrativo enfangado en los tribunales. Mientras, miles de viviendas en una de las zonas más potentes en inmobiliario de alto nivel de España esperan electricidad.

Las actuaciones propuestas, en realidad, no generan un mallado nuevo con previsiones para los próximos años. "Simplemente están tapando las carencias que tiene la red en su configuración actual", consideran los expertos.

Renovables

La paradoja es que tanta penuria energética se sufre en la comunidad donde más han crecido las renovables, especialmente la fotovoltaica, en los últimos años.

Las nuevas plantas solares producen intensivamente en las horas centrales del día, pero por la noche se paran. Una gráfica con forma de pato.

La brecha temporal entre la producción renovable y el consumo instantáneo debilita la rentabilidad de las nuevas inversiones de generación. El mercado mayorista registró "casi 800 horas a menos de 30 euros el megavatio" debido a la concentración de la producción fotovoltaica en las horas centrales del día.

Los precios nulos o negativos alcanzaron un total de 300 horas en el último ejercicio. Durante el mes de marzo, la coincidencia masiva de radiación solar redujo los precios por debajo de los 12 euros por megavatio hora.

La hibridación de estas plantas con sistemas de almacenamiento es la solución adoptada por el mercado, pero aún tiene efectos poco significativos.

Ampliación de la inversión

Los técnicos consideran además que los límites normativos a la inversión anual que limitan a las grandes compañías eléctricas para mejorar infraestructuras frenan la expansión de las redes de transporte y distribución.

Estos topes legales fueron establecidos originalmente con un carácter antiinflacionario para evitar que los costes de infraestructura encarecieran directamente el recibo de la luz.

Las compañías del sector han propuesto duplicar el volumen de los fondos destinados al desarrollo de activos de red en sus planes estratégicos.

El volumen de inversión actual autorizado por los reguladores estatales cubre menos de la mitad de los 52.000 millones de euros que se calculan necesarios para esta década.

El Gobierno ha movido ficha, y en el último Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que elimina los topes legales y abre la puerta para que las compañías distribuidoras y Red Eléctrica puedan invertir 35.000 millones hasta 2030.

La inversión adicional que se puede movilizar es de 17.900 millones.