Planta de generación fotovoltaica y aerogeneradores.
¿Hasta cuándo pagaremos más por la electricidad que por el petróleo y el gas importados?
España vive una de las mayores contradicciones económicas y energéticas de Europa. Nunca habíamos tenido tanta capacidad renovable instalada. Nunca habíamos producido tanta electricidad limpia. Y, sin embargo, seguimos gravando la electricidad mientras continuamos dependiendo del gas y del petróleo importados para garantizar el funcionamiento del sistema.
La pregunta es inevitable: ¿tiene sentido que el país que aspira a liderar la transición energética siga cargando impuestos sobre la energía que pretende convertir en la columna vertebral de su economía?
La electricidad no es una fuente energética más. Es el vector que debe sustituir progresivamente al gasóleo, la gasolina y el gas natural en la movilidad, la climatización, los hogares y buena parte de la actividad industrial. Toda la estrategia europea de descarbonización y competitividad descansa sobre esa premisa. Sin electrificación no habrá transición energética, autonomía estratégica ni una reducción significativa de las emisiones.
Y, sin embargo, España sigue aplicando un Impuesto Especial sobre la Electricidad que recauda más de 1.000 millones de euros al año. Mientras Bruselas insiste en acelerar la electrificación, nosotros seguimos tratando la electricidad como una fuente de recaudación.
"Mientras Bruselas insiste en acelerar la electrificación, nosotros seguimos tratando la electricidad como una fuente de recaudación"
Maurici Trullas, presidente de Foro Mercado Libre
La paradoja resulta todavía más llamativa cuando se observa el tratamiento político que reciben los combustibles fósiles. Cada vez que suben los precios del petróleo o del gas, se multiplican las peticiones de ayudas y rebajas fiscales para aliviar el impacto sobre consumidores y empresas. Lo difícil de entender es por qué esa misma lógica no se aplica a la electricidad, precisamente la energía que debería sustituir a esos combustibles importados.
Pero la contradicción española no termina en los impuestos.
Tras el apagón sufrido por la Península en abril de 2025, la seguridad del suministro se ha convertido en la prioridad absoluta del sistema eléctrico. Nadie cuestiona esa necesidad. Sin embargo, la respuesta adoptada está generando costes crecientes y plantea interrogantes sobre la dirección que está tomando nuestra política energética.
En nombre de la seguridad se ha reforzado la presencia de tecnologías convencionales en la operación del sistema, especialmente los ciclos combinados de gas. Dicho de forma sencilla: estamos quemando más gas importado para garantizar la estabilidad de una red que, al mismo tiempo, dispone de cantidades crecientes de energía renovable que no puede aprovechar.
El coste de esta estrategia es significativo. Red Eléctrica ha cifrado en 666 millones de euros el coste acumulado de la denominada operación reforzada desde el apagón. Sin embargo, diversos análisis independientes elevan esa factura hasta los 1.100 millones de euros, casi el doble de la cifra reconocida oficialmente. Estamos hablando de cientos de millones de euros que terminan repercutiendo sobre consumidores y empresas para sostener un sistema que sigue dependiendo del gas como mecanismo de respaldo.
Y aquí aparece la gran paradoja económica de nuestro tiempo.
Mientras destinamos cientos de millones de euros a reforzar la operación del sistema mediante una mayor utilización de ciclos combinados, España desperdicia cada año alrededor de 1,7 TWh de energía renovable por limitaciones de red, falta de almacenamiento y restricciones operativas.
Estamos hablando de energía limpia, producida dentro de nuestras fronteras, generada por instalaciones ya construidas y financiadas. Energía que no requiere importar gas de Argelia, petróleo de Oriente Medio ni combustibles procedentes de mercados internacionales cada vez más volátiles.
Esa energía desperdiciada sería suficiente para abastecer durante un año completo a cerca de medio millón de hogares españoles.
Y la situación resulta todavía más llamativa durante determinadas jornadas de primavera. En las horas centrales del día, cuando coinciden elevados niveles de producción solar y una demanda relativamente reducida, los excedentes renovables alcanzan niveles extraordinarios. En esos momentos concretos, la energía que el sistema se ve obligado a limitar podría abastecer simultáneamente hasta 10 millones de hogares.
La imagen es difícil de explicar. Se pide a ciudadanos y empresas que electrifiquen su consumo, pero se sigue gravando la electricidad. Se habla de independencia energética, pero se incrementa el recurso al gas importado. Se promueve la transición energética, pero se desperdicia energía renovable ya producida.
"Se pide a ciudadanos y empresas que electrifiquen su consumo, pero se sigue gravando la electricidad. Se habla de independencia energética, pero se incrementa el recurso al gas importado"
Maurici Trullas, presidente de Foro Mercado Libre
Desde el punto de vista económico, la situación resulta difícilmente defendible. Una electricidad abundante y competitiva constituye una ventaja estratégica para atraer inversiones, impulsar la reindustrialización y mejorar la productividad. España dispone de uno de los mayores recursos renovables de Europa y debería convertir esa abundancia energética en una ventaja competitiva.
La solución no pasa por frenar las renovables ni por resignarse a quemar más gas. Exige acelerar las inversiones en almacenamiento, redes, interconexiones y gestión inteligente de la demanda. Pero exige también una reflexión profunda sobre la fiscalidad energética.
Si la electricidad es la energía del futuro, debe dejar de soportar una fiscalidad diseñada para el pasado. Porque la verdadera seguridad energética no consiste en consumir más gas. Consiste en aprovechar toda la electricidad que ya somos capaces de producir.
** Maurici Trullas es presidente de Foro Mercado Libre