La baja retribución de la CNMC en redes condena a la industria eléctrica española

En plena década de la electrificación, España se arriesga a desactivar el motor que debería impulsarla: la inversión en redes eléctricas. El marco retributivo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone para el periodo 2026-2031 sitúa a nuestro país en una posición de clara desventaja frente a Europa. Una regulación que nació con la intención de ganar eficiencia está poniendo en peligro la propia posibilidad de invertir.

La CNMC ha establecido un precio de referencia de 257 €/kW para las nuevas inversiones en redes eléctricas, muy por debajo del coste real de construcción, que ronda los 375 €/kW, y del rango medio europeo, situado entre 350 y 450 €/kW. Esta brecha convierte muchas ampliaciones estratégicas en operaciones simplemente inviables. Si la retribución reconocida no cubre los costes reales ni ofrece un retorno razonable, la consecuencia es inevitable: las distribuidoras no construirán las redes que España necesita para conectar viviendas, industrias y centros de datos.

Pero el impacto no se limita a las empresas eléctricas. Detrás de cada kilómetro de línea hay fábricas de cable, torres metálicas, transformadores, componentes electrónicos, software, ingeniería y obra civil. Todo un ecosistema industrial que da empleo directo a casi 13.000 personas en España y genera más de 4.100 millones de euros de facturación anual, según el Monitor Deloitte. Más del 60 % de los proveedores son nacionales, con una productividad superior al promedio de la industria manufacturera y salarios un 16 % más altos que la media del sector. Si se congela la inversión, se paraliza toda la cadena de valor: menos pedidos, menos turnos, despidos y cierre de líneas de producción.

El problema de fondo es que la CNMC aplica una lógica de austeridad regulatoria que no se corresponde con el contexto europeo. El informe de la consultora EY sobre la retribución de la distribución eléctrica en Europa (octubre 2025) revela que España figura ya entre los países con menor retribución del continente, con apenas 5,31 millones de euros por MW de demanda máxima reconocidos, frente a 22,31 M€/MW en Alemania, 15,61 M€/MW en Francia, 7,32 M€/MW en Reino Unido o 6,86 M€/MW en Italia. Portugal, que hasta hace poco compartía con España el grupo de países “low cost” en regulación, prepara ahora una revisión al alza que nos dejará a la cola de Europa.

Esta disparidad tiene consecuencias tangibles: mientras otros países incrementan inversión y modernizan sus redes para absorber la nueva demanda eléctrica, España corre el riesgo de convertirse en un mercado residual. Las grandes compañías internacionales que fabrican y suministran equipos eléctricos están reorientando sus inversiones hacia mercados con reglas más predecibles y rentables.

Sin industria, la dependencia de China crece

A ello se suma una tendencia preocupante: la dependencia creciente de las importaciones chinas de material eléctrico. Según los datos de comercio exterior más recientes (Comtrade 2024), las importaciones españolas del Capítulo 85 del sistema arancelario —maquinaria y material eléctrico— crecieron un 25 % interanual. China consolida así su posición como proveedor dominante de cables, transformadores, componentes y aparatos eléctricos. Este aumento de las importaciones coincide con el enfriamiento de la inversión nacional en redes, lo que supone una doble pérdida: menos producción local y más dependencia tecnológica.

Si no se corrige el rumbo, podríamos repetir el mismo patrón que ha vivido la industria del automóvil europea. En apenas un año, las marcas chinas han duplicado su cuota de mercado en Europa: las ventas crecieron un 91 % en el primer semestre de 2025, alcanzando ya una cuota del 5,1 %, frente al 2,7 % del año anterior. Si en el sector eléctrico seguimos la misma senda —importando cada vez más materiales y equipos mientras recortamos la inversión nacional— acabaremos perdiendo no solo producción, sino también capacidad de innovación.

En la práctica, la metodología de la CNMC supondrá una reducción del 37 % en la retribución media respecto al modelo vigente, lo que se traduce en una contracción inmediata del volumen de obra. Ese recorte significa menos inversión en mantenimiento, menos digitalización y menos capacidad de anticipar el crecimiento de la demanda. Al reducir los ingresos regulados, se pone en riesgo la seguridad del suministro y la calidad del servicio.

La paradoja es evidente: en un momento en que Europa reclama acelerar la inversión en redes como “columna vertebral de la transición energética”, España opta por una política que la frena. De mantenerse esta estrategia, el país podría perder más de 5 000 millones de euros en inversión potencial y miles de empleos vinculados al suministro y montaje de redes. Cada punto de retribución que se recorta hoy equivale a fábricas que no reciben pedidos mañana.

Las soluciones están al alcance. Hay que ajustar los parámetros económicos al coste real de los materiales y equipos —cobre, aluminio, acero, electrónica de potencia—, evitando que la inflación erosione proyectos viables. Es necesario revisar la tasa de retribución financiera hasta el rango europeo, en torno al 7-8 %, para evitar la fuga de capital, y garantizar coherencia plena entre la CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica, de modo que las inversiones planificadas y aprobadas por el Gobierno sean plenamente reconocidas. Y, sobre todo, hace falta previsibilidad: un marco estable, transparente y con transiciones graduales.

España no puede pretender electrificar su economía con una regulación “low cost”. Rebajar artificialmente la retribución no abarata el sistema: lo empobrece. Lo que hoy se ahorra en inversión se pagará mañana en retraso, en pérdida de empleo y en pérdida de competitividad industrial. Mantener una red moderna, fiable y capaz de absorber la nueva demanda no es un lujo; es la condición para que el país crezca.

Si queremos una España electrificada, industrial y socialmente cohesionada, debemos valorar la red como lo que es: una infraestructura de país. La CNMC aún está a tiempo de corregir el rumbo. Porque cuando la red se devalúa, no solo se apaga la inversión: se apaga también el futuro industrial de miles de trabajadores y empresas que dependen de ella.

Maurici Trullas es presidente del Foro Mercado Libre.