Concentración de funcionarios defendiendo el modelo Muface.
El sistema sanitario español, tal como lo conocemos hoy, comenzó a configurarse en los años 60 del pasado siglo. El Ministerio de Sanidad fue creado en 1977, si bien, el control del gasto de los centros hospitalarios públicos es, desde su creación, competencia del Cuerpo de Interventores de la Seguridad Social, creado ese mismo año, sorprendentemente, como Cuerpo distinto al de Interventores de Hacienda, de larga tradición, que fiscaliza el gasto del resto de la Administración Civil.
Hasta la creación del Ministerio de Sanidad, la gestión de la asistencia hospitalaria era responsabilidad de varios organismos independientes, con el protagonismo creciente del Ministerio de Trabajo (Instituto Nacional de Previsión) para los trabajadores de algunos sectores económicos (minería e industria, principalmente).
La Beneficencia (Ministerio de la Gobernación) atendía a familias de escasos recursos. Por su parte, el Ministerio de Educación gestionaba los hospitales clínicos destinados a la formación de los estudiantes de Medicina. Las diputaciones provinciales gestionaban los hospitales psiquiátricos. Los ayuntamientos y algunas órdenes religiosas gestionaban también hospitales sin ánimo de lucro. La Dirección General de Sanidad del Ministerio de la Gobernación era la responsable de la medicina preventiva. Mención aparte merece la Sanidad Militar, de larga tradición, con una red propia de hospitales militares y tres Cuerpos de Sanidad Militar: Tierra, Naval y Aire (en 1963, en Madrid, entre públicos y privados había 134 hospitales).
El gasto se hacía bajo el principio “la salud no tiene precio”, es decir, que el paciente era atendido de acuerdo con lo prescrito por el médico, sin que los costes de los tratamientos fuesen un factor determinante, normalmente desconocido para los centros. De hecho, los hospitales públicos gestionados por la Seguridad Social para atender a ciertos colectivos no se llamaron, en un principio, hospitales, sino residencias sanitarias o ciudades sanitarias. Los hospitales privados, por las mismas razones de imagen, tampoco se llamaban hospitales, sino sanatorios.
La creación del Ministerio de Sanidad supuso la centralización de la gestión de la asistencia, así como la universalización de la asistencia gratuita.
A partir de los 50, muy lentamente, se va desarrollando el sector privado de la sanidad, que acaba disponiendo de una importante red de centros hospitalarios, con personal propio o compartido con el sector público.
El coste por proceso en los distintos centros hospitalarios sigue siendo un dato poco conocido, como lo es el resultado, en términos de salud, de los tratamientos aplicados en los diferentes hospitales. Esta falta histórica de datos -que la AIReF ha tratado de paliar en su reciente estudio sobre el mutualismo administrativo en España y que se podría haber evitado se se hubiese aplicado plenamente la Orden del Ministerio de Hacienda de 20 de octubre de 1981 de adaptación del Plan General de Contabilidad a los Centros de Asistencia Sanitaria- dificulta el desarrollo de la “carrera profesional” del personal médico y explica, en gran parte, el fenómeno de compatibilizar de forma generalizada el ejercicio de la profesión en ambos sectores: público y privado, a un nivel que no suele darse en otros colectivos de funcionarios.
Desaparición
En ese marco se planteó, recientemente, el problema de la desaparición del modelo Muface, mediante el sencillo mecanismo de no renovar los acuerdos entre la Administración y las tres compañías aseguradoras privadas.
El Ministerio de Sanidad dio por seguro que el modelo Muface desaparecía y la sanidad pública se hacía cargo de la asistencia sanitaria de todos los funcionarios y sus personas dependientes.
Al parecer, la Presidencia del Gobierno era de otra opinión y aceptó una subida de la prima pagada a las aseguradoras privadas del 41,5%, lo que garantiza la permanencia del modelo de colaboración público-privada que el actual Ministerio de Sanidad siempre rechazó.
Desde una perspectiva macro, eliminar el modelo Muface sería un error porque supondría que la sanidad de gestión pública tendría que absorber a más de un millón de personas, lo que agravaría el crónico problema de las listas de espera.
![El presidente de ASPE, Carlos Rus](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/07\/05\/invertia\/observatorios\/sanidad\/776682806_234491326_320x180.jpg"])
Simultáneamente, se reducirían las camas hospitalarias y el número de médicos disponibles que ahora atienden a la población que recibe asistencia a través de Muface. Además, el personal médico público se vería económicamente afectado, al verse privado de los honorarios que las aseguradoras privadas les abonan por atender a pacientes de Muface.
A nivel micro, los médicos la Sanidad Pública, sin solución de continuidad, tendrían que hacerse cargo de pacientes que están siendo atendidos en el sector privado de enfermedades graves (enfermos de cáncer, por ejemplo). La casi segura interrupción de los tratamientos tendría graves consecuencias. Hay un hecho que agrava ese proceso: los centros públicos no tienen acceso a la historia clínica del paciente atendido en centros privados. Impulsar la historia clínica digital es, precisamente, una de las recomendaciones de la AIReF para fomentar la adscripción voluntaria al mutualismo.
Mientras, ¿es posible, en estas circunstancias garantizar que el tratamiento no se interrumpirá? ¿Quién elige el médico público que deberá mantener, o modificar, el tratamiento que el paciente venía recibiendo en el sector privado? El médico del sector público, que ha de hacerse cargo del paciente atendido en el privado, no tiene acceso fácil a los resultados de las pruebas necesarias (análisis, resonancias magnéticas, electrocardiogramas, etcétera) para mantener o modificar el tratamiento.
Reconstruir la historia clínica del paciente transferido puede exigir interrumpir su tratamiento durante semanas, dadas las listas de espera para llevar a cabo las pruebas pertinentes. Si dicho tratamiento, en el sector privado, tenía programada una intervención quirúrgica, ¿el médico del sector público confirmará dicha intervención? ¿Qué espera deberá soportar el paciente de Muface?
![Un edificio de Muface, en Madrid.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/12\/30\/invertia\/observatorios\/sanidad\/912669350_252020464_320x180.jpg"])
La desaparición del modelo Muface no puede hacerse coincidiendo con el vencimiento de los acuerdos con las aseguradoras, sino que exigiría un proceso largo de metabolización.
Afortunadamente, la Presidencia del Gobierno, en contra de la opinión del Ministerio de Sanidad, así parece haberlo decidido: el modelo Muface se mantiene.
Del lado de la demanda, es el modelo preferido por los usuarios. El citado informe de la AIReF señala que sólo el 24% de mutualistas opta por la provisión pública, aunque el dato se incrementa de manera muy notable (hasta el 70%) entre aquellos que han tenido patologías de severidad mayor y extrema.
Los argumentos a favor de la desaparición de Muface parecen más ideológicos fruto de una evaluación desde la perspectiva coste-beneficio para el ciudadano quien, como se pone de manifiesto en este análisis, prefiere aún a su costa la atención sanitaria privada.
![Un funcionario protesta frente a una sede de Muface, en Sevilla.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/03\/24\/actualidad\/933667402_254153171_320x180.jpg"])
El modelo privilegiado del que disfrutan los funcionarios públicos, MUFACE, debería ampliarse a otros colectivos tanto públicos como privados: funcionarios de otras Administraciones públicas, empresas públicas y privadas, etcétera.
Esto haría desaparecer el actual privilegio de los funcionarios de la Administración General mejorando, simultáneamente, la calidad de las prestaciones del sector público al disminuir la presión de la demanda sobre sus centros.
La colaboración público-privada no se agota con el modelo Muface. El sistema sanitario español ofrece otros modelos exitosos que deberían ampliarse, sin complejos como Alcira o el acuerdo de la Comunidad de Madrid para la Fundación Jiménez Díaz. Evidentemente ello supondría una disminución (no anulación) del poder de los políticos a la hora de contratar personal, invertir en nuevos centros, contratos de adquisición de bienes y servicios, etcétera.
Los centros sanitarios tienen unas características que hacen particularmente difícil su gestión. El producto, pacientes dados de alta (4,7 millones en 2022 sólo en la red hospitalaria), es muy complejo y no es posible la producción en serie, algo que dificulta el control (cantidad, calidad y coste) de los resultados.
Médicos
El médico responsable del diagnóstico y tratamiento tampoco es un factor homogéneo: hay 50 especialidades médicas, algunas complementarias. En 2022, en los hospitales españoles trabajaban 127.388 médicos, de ellos 25.624 MIR.
Fijar las remuneraciones y diseñar una carrera profesional justa y atractiva no son tareas fáciles, lo que explicaría que estos profesionales, más que otros funcionarios, compaginen el ejercicio público y el privado.
En este marco, la eliminación del modelo Muface no es la solución, sino más bien todo lo contrario.
*** José Luis Lancho de León es economista del Estado.