Yolanda Díaz va a jugar electoralmente la baza de estar del lado de los sindicatos, con los que viene cerrando filas desde hace tiempo. Concretamente, cuando ya se hubo cerrado el acuerdo social para la reforma laboral, cuyo refrendo por parte tanto de los sindicatos como de la patronal era más que necesario ante el escaso consenso político.

Sin embargo, meses más tarde, la vicepresidenta segunda del Gobierno comenzó a mostrar un apoyo cerrado al bando de los sindicatos a cuenta de las negociaciones entre trabajadores y empresarios en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). 

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De hecho, dio su "apoyo explícito" a las movilizaciones contra la CEOE de los trabajadores, algo que reiteró con su participación en el 1 de Mayo. De esta manera, está claro que una de las líneas de Sumar será la de atender las reclamaciones de los sindicatos. 

En este sentido, tanto CCOO como UGT han confirmando en sus últimas declaraciones que Sumar contará con su apoyo. O, al menos, avalan su impulso por parte de Díaz.

(I-D) El secretario general de CCOO, Unai Sordo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

"Nuestra experiencia es que un Gobierno plural de la izquierda es el que ha posibilitado todo este paquete de acuerdos. Sería importante que pudiéramos pensar en la perspectiva de que se va a construir sobre esa base", indicó Pepe Álvarez, secretario general de UGT, este mismo miércoles.

El apoyo a los sindicatos ha dirigido a Díaz mantener posiciones contra las empresas y a defendder posturas como los topes a los precios de los alimentos, de la energía o incluso a los intereses de las hipotecas. 

Acuerdo bipartito

Una serie de posicionamientos que, al final, también quedan reflejados en el Estatuto del Becario. Y es paradójido que así sea: se trata de un texto cuya negociación se ha alargado más de un año para lograr introducir a la CEOE en el acuerdo. Sin embargo, finalmente, el Ministerio de Trabajo ha decidido prescindir de la patronal. 

Con ese acuerdo bipartito, Díaz ha rematado uno de los principales flecos pendientes de la reforma laboral. La disposición adicional segunda de esa ley instaba a abordar las negociaciones del Estatuto del Becario y definir el futuro de las prácticas curriculares y extracurriculares previstas en los estudios oficiales.

Las prácticas curriculares son aquellas incluidas dentro del programa formativo y que el estudiante necesita para la obtención de su título superior. Las extracurriculares quedan ya fuera de la formación obligatoria y el alumno puede realizarlas de forma voluntaria.

Estas últimas fueron el caballo de batalla entre la patronal y los sindicatos desde el comienzo de la negociación, en mayo de 2022. El Ministerio de Trabajo llegó a esa primera mesa con un primer borrador que no convenció y lo volvió a intentar en octubre, con un nuevo texto que acababa de forma progresiva con las prácticas extracurriculares.

UGT y CCOO dieron el visto bueno a ese último texto, al entender que la eliminación de esas prácticas también erradicaba el fraude. Sin embargo, la CEOE apostaba por mantenerlas en el texto, por lo que su retirada precipitó su salida de las negociaciones. 

Con la patronal fuera de las negociaciones, el acuerdo bipartito entre el Gobierno y los sindicatos parecía cercano, pero los empresarios decidieron volver al juego. Tanto CCOO como UGT aceptaron abrir la negociación a la CEOE para contar con el visto bueno de las tres partes. La cartera de Díaz presentó una tercera propuesta, en la que recuperaba las prácticas extracurriculares.

Elecciones anticipadas

Lo que parecía una búsqueda de consenso se convirtió en una dilatación de las negociaciones sin que las partes acercaran sus posiciones. Más de un año después de abrir la mesa de negociación, el acuerdo llegó sólo entre el Gobierno y los sindicatos.

La ausencia de la patronal tampoco sorprendió. Los sindicatos ya advirtieron esta semana de que no iban a esperar más y pedían poner en marcha el Estatuto cuanto antes. Por su parte, los empresarios se escudaban en la convocatoria de elecciones anticipadas para dejar en suspenso las negociaciones, a pesar de que el Ejecutivo todavía no está en funciones.

La CEOE consideraba inapropiada la aprobación del Estatuto del Becario en este contexto e insistía en que no era urgente. Además, tampoco ocultaban su oposición a una nueva legislación que, en su opinión, limitaba el número de horas de las extracurriculares e incrementaba la burocracia. También veían falta de seguridad jurídica por sus interferencias con la normativa universitaria. 

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Marta Fernández / Europa Press

Fuentes de la negociación indican que la patronal habría pedido mantener barra libre respecto a las extracurriculares. Sin embargo, el documento final establece que se limiten a un número de créditos universitarios muy delimitados. Por tanto, las prácticas se mantienen para satisfacer las demandas tanto de las universidades como de los alumnos.

Límite de becarios

El Estatuto del Becario también establecerá, entre otros aspectos, límites para el número de personas en formación práctica en una empresa, que no podrá superar el 20% del total de la plantilla, así como el derecho a la compensación de gastos, vacaciones, días festivos o al uso de los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras en el centro de trabajo en las mismas condiciones. 

Fuentes del Ministerio de Trabajo insisten en que este Estatuto "dará seguridad jurídica", protegerá a los becarios y evitará que las becas "puedan encubrir trabajo precario". 

La norma también reconoce la cotización de los becarios, con una bonificación del 95% por la Seguridad Social. Por otro lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fijó en marzo, en el real decreto ley de la reforma de pensiones, la inclusión en la Seguridad Social de los becarios.

Los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación, donde entran alumnos universitarios y de formación profesional, comenzarán a cotizar desde octubre. También incluye la posibilidad de que los becarios puedan computar, a través de un convenio especial con la Seguridad Social, hasta dos años de prácticas que hubieran realizado antes de la fecha de entrada en vigor de la ley.