El exdirector de Negocios de Iberdrola y actual consejero externo Francisco Martínez Córcoles y el exjefe del gabinete de la presidencia, Rafael Orbegozo, han negado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tener conocimiento de la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para la realización de investigaciones en las que habría empleado métodos ilícitos y por las que cobró un millón de euros entre 2004 y 2012.

Ambos han declarado en calidad de investigados por un presunto delito continuado de cohecho -ya que Villarejo estaba en activo en la Policía cuando realizó esos encargos privados-, delito contra la intimidad -por la intromisión en la esfera personal de las personas espiadas por el comisario- y falsedad documental -porque las facturas giradas por la empresa del expolicía, Cenyt, y abonadas por Iberdrola no reflejaban conceptos reales-.

Fuentes jurídicas han señalado que, frente a la "solidez" de Martínez Córcoles, Orbegozo se ha mostrado "escurridizo" y "titubeante", hasta el punto de que el juez, irritado ante el desconocimiento alegado por el declarante de hechos notorios como la guerra entre ACS e Iberdrola desatada a principios de 2009, le ha espetado en tono irónico que debía ser un jefe de gabinete "extraordinario".

"Esto que usted dice no conocer dio lugar a una injerencia gravísima en la intimidad de Florentino Pérez", le ha llegado a decir García-Castellón, que este martes tomará declaración al máximo directivo, Ignacio Galán, también como investigado por los mismos delitos.

'Proyecto Posy'

Orbegozo visó con su firma dos facturas, ambas fechadas el 27 de febrero de 2009, por importe de 160.080 y 71.920 euros, respectivamente. Los investigadores sostienen que corresponden a los llamados -por Villarejo- proyectos Gipsy y Posy.

El primero habría tenido por objeto investigar a un directivo de Iberdrola y a un proveedor al sospecharse que el primero habría pedido comisiones ilegales y, además, estaba filtrando información de la eléctrica al entorno de Florentino Pérez (ninguna de las dos cosas se confirmó).

El proyecto Posy se habría centrado en investigar al presidente de ACS, que en esas fechas había reclamado por requerimiento notarial a Galán un puesto en el consejo de administración de Iberdrola al poseer el 7,2% del capital social. En el domicilio de Rafael Redondo, número dos de Villarejo, se encontraron documentos con datos personales de Florentino Pérez y su familia.

Según los investigadores, la rúbrica de Orbegozo en esas facturas conectaría el proyecto Posy con la presidencia de Iberdrola, pese a que tanto la propia compañía como el exdirector de seguridad, Antonio Asenjo, que era el que trataba con Villarejo, han negado haber encargado investigación alguna sobre Florentino Pérez.

Orbegozo ha explicado al juez que visó esas facturas "a instancia de José Antonio del Olmo", el antiguo controller de Iberdrola que se ha convertido en el principal testigo de cargo de esta pieza del caso Tándem. "Es Olmo el que decide si las facturas necesitan un double check [doble control] y yo sanciono el descriptivo [el objeto de la prestación porque conozco la agenda del presidente y veo si se han producido los desplazamientos", dijo.

El concepto de las facturas era 'coordinación operativa para garantizar la seguridad de ejecutivos en desplazamientos profesionales realizados en el pasado ejercicio a países de riesgo' y 'trabajos de aseguramiento de la confidencialidad, y de la seguridad, en encuentros que su personal de alta dirección ha mantenido durante 2008 en EEUU, Bélgica y Suiza'.

El juez puso de manifiesto entonces que el propio Asenjo ha reconocido que los conceptos de la facturas eran inventados para garantizar la confidencialidad de los encargos de seguridad. "Entonces me han engañado", respondió el investigado.

'Proyecto Arrow'

Olmo, que ha sido condenado por sustraer documentos de Iberdrola, declaró al juez que Asenjo le comentó que Galán ordenó en 2004 realizar unos trabajos especiales de vigilancia de la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz), que encontró una fuerte oposición vecinal y del Ayuntamiento.

El trabajo habría sido encargado a Cenyt, aunque habría sido facturado por otra compañía, Casesa. Villarejo lo bautizó como proyecto Arrow. En el domicilio del excomisario aparecieron documentos con investigaciones sobre los principales opositores a la central de Iberdrola, incluido el tráfico de sus llamadas, un dato que sólo se puede obtener legalmente con autorización judicial.

Según Olmo, Asenjo le dijo que el proyecto Arrow fue conocido por Galán, Fernando Bécker (citado a declarar mañana) y Martínez Córcoles.

Este último, al igual, que Asenjo, ha desmentido al controller. Martínez Córcoles ha declarado que sabía que se estaba construyendo una planta en Arcos de la Frontera pero la responsabilidad de la construcción no era de la unidad que él dirigía.

El exdirectivo ha manifestado que no conoció a Olmo ("no sabría decir ni de qué se ocupaba") ni tuvo relación profesional con el departamento de seguridad que dirigía Asenjo, por lo que "no se explica" por qué el controller le ha mencionado como conocedor del encargo Arrow, salvo que él era el más "visible" de los responsables de la unidad de generación.

El juez ha enseñado a Martínez Córcoles un documento firmado por Olmo en diciembre de 2004 en el que supuestamente daba cuenta de las irregularidades de las facturas del proyecto Arrow a su jefe, José Luis San Pedro (que ha negado haberlo recibido). "Haciendo abstracción de su contenido", ha dicho Córcoles, "es un documento raro, porque si fuera de verdad un escrito de traslado a un superior de algo que el que firma ha sabido tendría que haber un sello de entrada, de salida...En aquel momento Galán era vicepresidente, por lo que había una instancia superior a la que acudir si era necesario" para denunciar una irregularidad.