¿Qué supone esta ley para las Fintech? Las Fintech son empresas que proveen servicios financieros a sus clientes a través de la innovación que proporcionan las nuevas tecnologías. Para que a una Fintech le aplique en el futuro esta ley deberá, entre otros requisitos, ser reconocida como innovadora por la empresa pública ENISA, ser de nueva creación o de un máximo de 5 años desde su constitución y no alcanzar un volumen de negocio de 5 millones de euros.

Si un emprendedor quiere hacer realidad su sueño de constituir una Fintech, al igual que en cualquier otra empresa emergente, deberá conseguir una cantidad de capital para el desarrollo de su negocio, cumplir con los trámites administrativos y captar talento directivo. La Ley de Startups aborda estos tres grandes bloques, pero - a juicio del que escribe - sin un impacto significativo.

Para el primero de los puntos, el Anteproyecto de Ley aumenta las deducciones del 30% al 40% y el aumento de la base máxima de 60.000 a 100.000 euros anuales para inversiones en empresas emergentes. 

Según el Observatorio de Startups de Bankinter, en 2020, sólo el sector de Fintech e Insurtech tuvo 39 operaciones públicas y un acumulado de 216 millones de euros en inversiones, sólo superado en volumen por el sector de Movilidad y Logística. Esto supone aproximadamente 6 millones de euros por cada una de ellas. Durante el primer trimestre de 2021 se ha dado un récord histórico de inversión en España en inversión en startups, prácticamente alcanzando en un solo trimestre el total de inversión de 2020, con 1.080,02 millones de euros invertidos. En el caso de las Fintech, disminuye el volumen invertido un 33,6% pero aumenta el número de operaciones en un 44% respecto al mismo periodo en 2020.

¿Qué nos proporcionan estos datos? Se demuestra que el sector Fintech necesita una capitalización muy alta, por lo que el ticket elegido por el Anteproyecto de Ley no parece que vaya a provocar cambios relevantes en las decisiones de inversión. Sólo incentivaría a la inversión en fases iniciales (pre-semilla y semilla) donde muchas Fintech tienen que financiarse mediante crowdfunding, a través de inversores particulares (Family & Friends & Fools) o Business Angels.

Aún en este caso, el ticket medio suele ser muy superior. Podría haber sido el legislador mucho más ambicioso en el importe deducible para que la actividad de inversión en fases intermedias (series A y series B) y posteriores (series C y Growth) que son lideradas con carácter general por fondos de Venture Capital – muchos de ellos de capital extranjero – pudieran ser beneficiados de estos incentivos. Estas fases son fundamentales para la consolidación y expansión de estas compañías.

Un aspecto que encarece enormemente los costes de las Fintech, junto con el desarrollo de la tecnología, es el cumplimiento de la normativa aplicable y los trámites administrativos. Acierta el Anteproyecto en reducir los trámites para la creación de estas empresas por medios electrónicos o facilitarlos para inversores y trabajadores extranjeros que quieran apostar por nuestro país. La particularidad de muchas Fintech es que – adicionalmente – necesitan para poder operar de las autorizaciones pertinentes de organismos de supervisión por ser sectores regulados - como el Banco de España o la CNMV -.

Los trámites para la consecución de estas licencias pueden alargarse más de un año, suponiendo un elevado coste e incertidumbre para los inversores y una clara barrera de entrada. Por ese motivo, la clave sería poner los medios necesarios para la reducción de estos plazos, sin que con ello se elimine la calidad de la autorización (seña de identidad en España) y consecuentemente lo que hará que aumenten los proyectos, el volumen invertido y evite la fuga a otros países con trámites más rápidos, como es el caso de Lituania.

Con aras de favorecer la contratación de recursos, el Anteproyecto mejora la tributación de las stock options, que son la herramienta clave para poder retener y atraer un talento cuyos sueldos no puede permitirse una Fintech. Quedarán exentos desde los 12.000 hasta los 45.000 euros anuales. El valor de la exención será insuficiente para convencer a un directivo para que deje una entidad financiera o una multinacional para ir a una empresa emergente. Por desgracia, los ERE en la banca facilitarán más estos fichajes que la aprobación de la Ley. Al igual que se mejora el régimen fiscal especial para los trabajadores extranjeros, la forma más eficiente sería ofrecer reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social o en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los primeros años de actividad, cuyo impacto tendría un efecto inmediato en las contrataciones. 

Es paradójico que el Anteproyecto reduzca el impuesto de sociedades del 25% al 15% durante un máximo de cuatro años, lo que a efectos prácticos no tiene un impacto real, ya que es un plazo donde muchas Fintech todavía no han obtenido beneficios. Este plazo debería ser mucho mayor. 

Finalmente, el Anteproyecto de Ley remite al Sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en innovación, por lo que si una Fintech quiere recibir fondos europeos tendrá que demostrar que es un proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica bajo otros cauces administrativos. Sería muy beneficioso que no se les deje fuera de esos fondos.

Por desgracia hará falta mucho más si se quiere proporcionar un marco favorable a la creación y crecimiento de empresas emergentes de base tecnológica, uno de los objetivos de la Agenda España Digital 2025 y uno de los hitos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De momento los emprendedores seguirán siendo héroes.