El Consejo General del Poder Judicial que encabeza Carlos Lesmes cumple este viernes siete años de funcionamiento, dos de ellos en prórroga de mandato. El aniversario le convierte en el CGPJ más largo de la historia. El referente anterior, el Consejo que presidió Francisco Hernando entre 2001 y 2008, fue sustituido un mes antes de cumplir los siete años.

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Pese a todo, el órgano de gobierno de los jueces no es la institución que más ha tardado en renovarse. El récord lo ostenta el Tribunal Constitucional, que en la época del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero estuvo tres años a la espera de la sustitución de cuatro magistrados. El PSOE promovió incluso una reforma ad hoc para blindar a María Emilia Casas en la presidencia.

La querencia del PSOE a recurrir a cambios legales para acelerar o ralentizar la renovación de las instituciones se reproduce ahora. El pasado 13 de octubre registró junto a su socio de gobierno, Unidas Podemos, una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar la mayoría necesaria para elegir a los vocales judiciales del CGPJ, una iniciativa que Pedro Sánchez se vio forzado a paralizar nueve días después tras la contundente reacción contraria de los organismos europeos y la fuerte contestación interna.

La iniciativa legislativa fue vista como un intento de presionar al PP, cuya participación en la renovación sería innecesaria si se elimina la mayoría de tres quintos que siempre se ha aplicado a la elección de todos los consejeros del Poder Judicial, porque es el quorum que menciona la Constitución.

Pero lo cierto es que el partido de Casado no se inmutó lo más mínimo. La reforma en la que tanto insiste Pablo Iglesias (para disgusto del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ve en la agresividad del líder de Unidas Podemos un claro obstáculo a un acuerdo con el PP que él ve posible) no inquieta en Génova porque Pablo Casado está convencido de que Europa no tolerará esa reforma y el Gobierno padecerá un alto coste si se empeña en seguir adelante.

Limitar competencias

La segunda parte de la paralizada reforma de octubre, consistente en limitar las competencias del CGPJ a partir del momento en que entre en funciones, se ha recogido en una nueva proposición de ley registrada por PSOE y UP el pasado miércoles con el mismo contenido que la inicial. Se trata, esencialmente, de que un Consejo en prórroga no pueda hacer nombramientos de altos cargos judiciales

En el órgano de gobierno del Poder Judicial hay opiniones diferentes sobre el contenido de esta propuesta. Hay quienes creen que sería inconstitucional cercenar una de las principales competencias del Consejo y quienes recuerdan que en 2013 se introdujo pacíficamente la previsión de que un CGPJ "en funciones" -concepto que acuñó esa reforma- no puede elegir a un nuevo presidente.

Consideran, por ello, que si se puede limitar la competencia del Consejo en prórroga para elegir a la máxima autoridad del Poder Judicial también se puede hacer con otros cargos judiciales, "siempre y cuando se preserve el funcionamiento de los tribunales", matizan. Por tanto, en su opinión sería más una cuestión de regular correctamente la limitación de facultades que de la imposibilidad de establecerla: ya se ha hecho sin que nadie alzara la voz sobre su inconstitucionalidad.

Sí hay coincidencia en dos aspectos. De un lado, en que la reforma pone de manifiesto "de forma descarada" -afirman distintos vocales- la voluntad política de controlar los nombramientos judiciales al tratar de reservarlos para un CGPJ más afín a la mayoría parlamentaria actual. Y, de otro, que la precipitada iniciativa legislativa "no representa ninguna presión" para que el actual Consejo deje de hacer nombramientos.

Un Consejo en prórroga ha sido capaz de hacer nombramientos en el Tribunal Supremo, en los Tribunales Superiores y en las Audiencias Provinciales por mayorías nunca vistas, en una reafirmación de su independencia frente al Gobierno. El Ejecutivo ha repetido por activa y por pasiva, en privado y en público, su deseo de que los vocales dejaran esas designaciones en manos de los futuros vocales.

Dispuestos a nombrar

Fuentes del CGPJ coinciden en que la situación de prórroga, que otros Consejos vivieron en un ambiente de descomposición, no está pasando factura ni en términos de relaciones personales ni de dejación de funciones.

"Si llegamos a acuerdos, volveremos a hacer nombramientos", aseguran vocales de ambos sectores ante la perspectiva de tener que continuar en prórroga un tiempo más.

En el Pleno previsto para el próximo miércoles se debatirán las bases de la convocatoria de seis plazas en el Tribunal Supremo y varias de presidentes de Sala de TSJ y de Audiencia Provincial. Si todos los trámites se cumplimentan y se consiguen las mayorías necesarias, los nombramientos podrían producirse en el Pleno de enero.

No es probale que para entonces haya nuevos inquilinos en Marqués de la Ensenada. Fuentes del PP insisten en que "la renovación se hará bien o no se hará". "Bien" significa, para el principal partido de la oposición, que no exista la amenaza de cambiar las mayorías, por lo que piden la retirada de la reforma de octubre y no su simple paralización; que haya garantías de "despolitización" de la Justicia, especialmente en el nombramiento de un fiscal general que no haya ejercido cargos políticos; y que Podemos no participe en el órgano de gobierno de los jueces.

Dos puestos para Podemos

Esta última condición es, para el Gobierno, inasumible. Desde el Ejecutivo se señala que "podemos debatir perfiles", pero en la futura conformación del CGPJ sigue habiendo dos sillas -una en el cupo de jueces y otra en el de juristas- para la formación de Iglesias.

Fuentes de ambos bandos negociadores demoran ya a febrero un posible acuerdo cuya materialización dependerá de la convocatoria o no de las elecciones catalanas para ese mes.

Si esos comicios se convocan finalmente para el 14 de febrero, las fuentes consultadas consideran que el escenario propicio para la renovación será después. Pero podría producirse antes si la votación en Cataluña se celebra en una fecha posterior.