En primera votación y por 19 votos de 21, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado este jueves para un mandato de cinco años a dos presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, al presidente de una Audiencia Provincial y a cinco presidentes de Salas de TSJ.
Todas las votaciones han salido adelante con el apoyo de vocales propuestos por el PSOE y el PP, además del presidente de la institución, Carlos Lesmes. Sólo el vocal de procedencia socialista Álvaro Cuesta y la de IU, Concepción Sáez, han dejado de apoyar los nombramientos aunque tampoco han votado en contra, sino en blanco.
Para la presidencia del TSJ de Baleares ha sido nombrado Carlos Gómez, que era el único candidato que optaba a dar el relevo a Antonio Terrasa. Gómez pertenece a Juezes y Juezas para la Democracia.
José Luis López del Moral, no asociado, ha sido reelegido para un segundo mandato como presidente del TSJ de Cantabria. Al cargo optó también Luis Acayro, que no tuvo ningún voto.
Antonio Piña, de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha sido reelegido para un segundo mandato como presidente de la Audiencia Provincial de Orense. Al puesto también aspiraba Ana del Carmen Blanco.
Los magistrados Manuel Martín Hernández-Carrillo, Mariano Gascón, María Mercedes Sancha y Jesús María Martín Morillo ha sido elegidos presidentes de las Salas de lo Social de los TSJ de Andalucía, Murcia, Cantabria y Asturias, respectivamente.
La presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra será ejercida por Francisco Javier Pueyo.
Es la segunda vez que el CGPJ realiza nombramientos discrecionales para cargos judiciales desde que Lesmes anunció en su discurso de apertura de tribunales, el 7 de septiembre, que el Consejo reactivaría el ejercicio de esta facultad, que fue paralizada a la espera de la renovación.
El 30 de septiembre el Consejo elegió a tres presidentes de Sala del Supremo y a tres magistrados de la Sala Penal del alto tribunal por insólitas mayorías de 19 y 18 votos.
Lo hizo después de que desde el Gobierno se instara a la institución a no realizar nombramientos por estar en una situación de prórroga. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llegó a afirmar que era un órgano "en descomposición".
Trece días después, los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para forzar la renovación del CGPJ sin contar con el PP.
La modificación, ampliamente contestada tanto en el mundo jurídico español como por las instituciones europeas por su posible inconstitucionalidad y por no respetar los estándares de independencia judicial, fue paralizada por el Gobierno el pasado dia 22.
Desde entonces se está a la espera de la reactivación de las negociaciones entre socialistas y populares. Mientras tanto, el CGPJ continúa ejerciendo los cometidos que la Constitución le encomienda de forma exclusiva y excluyente. El actual marco legal no establece limitación alguna para el desarrollo de sus competencias durante el período de prórroga, aunque éste es uno de los aspectos que el PSOE y UP pretenden cambiar.