Consuelo Castro, la ejecutora del cambio de rumbo de la Abogacía del Estado sobre el 'procés', seguirá al frente del organismo que viene dirigiendo desde junio de 2018. El nuevo responsable de Justicia, Juan Carlos Campo, ha confirmado a Castro en el cargo, una decisión que respaldan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Carmen Calvo, conocedora directa de la actuación de la abogada general en las cuestiones sensibles relacionadas no sólo con el proceso soberanista sino también con otros asuntos complejos como la exhumación de Franco.
El Gobierno valora la firmeza de Castro y su aguante frente al aluvión de críticas que ha recibido por la gestión de la causa judicial del 'procés'. A los cinco meses de llegar al cargo destituyó a Edmundo Bal, hoy diputado de Ciudadanos, como jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado por negarse a firmar un escrito de acusación que desechaba la rebelión.
En su lugar presentó una acusación por sedición que hablaba de "incidentes" o "disturbios" pero nunca de "violencia", y que ni siquiera hacía alusión a la existencia de heridos, ciudadanos que votaron en el referéndum ilegal del 1-O o miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. "Al final fue la acusación que acogió el Tribunal Supremo", subrayan fuentes de Moncloa, que también recuerdan que en junio del pasado año la Abogacía del Estado se mostró a favor de que Oriol Junqueras obtuviera un permiso para salir de la cárcel con el fin de prometer su cargo de eurodiputado ante la Junta Electoral Central, extremo en el que luego le daría la razón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La Sala del 'procés' acogió la calificación delictiva de sedición pero impuso condenas que en todos los casos, sin excepción, fueron superiores a las pedidas por la Abogacía del Estado. El Supremo lanzó, así, el mensaje de que las penas solicitadas por el servicio jurídico del Estado para los dirigentes de la secesión unilateral de Cataluña fueron insuficientes.
Y el alto tribunal contradijo a Castro en cuanto a la determinación de los efectos de la sentencia del TJUE a la condena por sedición dictada el 14 de octubre. La Abogacía del Estado propugnó que Junqueras pudiera ejercer como eurodiputado mientras se tramitara el suplicatorio para levantar su inmunidad, una posición contraria a la que la propia Abogacía sostuvo ante el tribunal de Luxemburgo cuando defendió que "en el caso de que Junqueras gozara de inmunidad conforme al artículo 9, párrafo primero, letra a), del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, tal inmunidad no tendría ninguna incidencia".
El informe de la abogada del Estado sobre Junqueras tras ser reconocido miembro del Parlamento Europeo por la sentencia del TJUE ha sido un quebradero de cabeza para Castro, sometida a la presión de que ERC había pedido un "gesto" para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
Los matices
Pero lo cierto es que el dictamen preparado por Castro y un reducido equipo, que efectivamente sostenía que se debía permitir a Junqueras "el desempeño de su función representativa", añadía un relevante matiz: "en tanto mantenga su estatus de parlamentario". Y apuntaba el motivo jurídico que, a la postre, es el que ha impedido al líder de ERC acudir al Parlamento Europeo: concurre en él una causa de inelegibilidad sobrevenida al haber sido condenado a penas de prisión e inhabilitación absoluta.
Pese a ello, el informe de la Abogacía del Estado fue validado por ERC como si fuera el 'gesto' exigido para apoyar la investidura de Sánchez, lo que tiñó de apariencia de politización la actuación de Castro, lo que ella rechaza.
En su entorno se defiende que, con éxito o sin él, las decisiones que se han adoptado responden a criterios jurídicos y se subraya que fue la Abogacía del Estado la que, en contra de la posición inicial de la exministra Dolores Delgado, se empeñó en defender al juez Pablo Llarena en la demanda interpuesta contra él en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Vencer a los Franco
La actuación que sí ha sido rotundamente exitosa de la Abogacía del Estado fue la relacionada con la exhumación de Francisco Franco, en la que el Gobierno -y personalmente la vicepresidenta Calvo, que llevó el peso de la iniciativa- tuvo en Castro un firme baluarte jurídico.
La Abogacía del Estado triunfó en todos los frentes: en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional e incluso en el del juez Yusty, última esperanza de la familia Franco para frenar la salida de los restos del Valle de los Caídos.
Castro dio luz verde también a la demanda interpuesta en un Juzgado de A Coruña para que el Pazo de Meirás sea declarado propiedad del Estado. Es un pleito de una gran complejidad, cuyo juicio está señalado para el 6 de julio.