La Abogacía del Estado ha solicitado este lunes a la Sala Penal del Tribunal Supremo que permita Oriol Junqueras acudir tanto a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios para tomar posesión de su escaño de eurodiputado. Además, tal como ha adelantado EL ESPAÑOL, sostiene que el líder de ERC debe poder ejercer el cargo tras la sentencia en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció que el líder de ERC tiene la condición de diputado europeo desde el pasado 13 de junio, cuando fue proclamado electo por la Junta Electoral Central.

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Según el representante jurídico del Gobierno, corresponde al Supremo "aplicar las medidas de aseguramiento más adecuadas para garantizar su misión como representante y, al mismo tiempo, el cumplimiento de la sentencia del ‘procés’", medidas que no precisa pero que, según indica, pueden ser "consultadas" con la Eurocámara.

El escrito pide que se mantenga suspendida la ejecución de la pena de inhabilitación absoluta impuesta a Junqueras mientras se tramita y resuelve por el Parlamento Europeo el suplicatorio que, según la Abogacía del Estado, debe cursar la Sala del 'procés' para levantar su inmunidad.

Mientras tanto, sostiene que Junqueras debe poder ejercer su "función representativa" como eurodiputado, "en tanto mantenga su estatus de parlamentario".

Pero, añade, ya ha recaído una sentencia firme y su "cumplimiento efectivo" constituye "una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva".

Evitar la fuga

"La efectividad de ese derecho al cumplimiento efectivo de la sentencia, junto con el aseguramiento del cumplimiento de la misión que justifican las inmunidades de los miembros del Parlamento europeo que han resultado electos, deberá servir de guía para aplicar las medidas que se puedan considerar más adecuadas para garantizar que la libertad de movimientos que en su caso pueda requerir el ejercicio de las inmunidades reconocidas, no pueda dar lugar a la fuga del penado y a la correspondiente frustración del derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias antes señalado".

A su parecer, esas medidas, "en cuanto afectan al ámbito de competencia del Parlamento Europeo y al amparo del principio de cooperación leal, se pueden consultar con esa institución".

El informe está suscrito por Rosa Seoane, que representó a la Abogacía del Estado en el juicio del 'procés', aunque en principio iba a ser firmado por la abogada general, Consuelo Castro. El nombre de ésta es, de hecho, el que figura en los distintos proyectos de dictamen que se han venido elaborando en los últimos días, según informan fuentes de la Abogacía.

El fallo del 'procés', válido

El documento señala que la sentencia condenatoria dictada por la Sala Penal el pasado 14 de octubre es "plenamente válida y en modo alguno procede su anulación". Es el punto en el que el representante jurídico del Gobierno se separa de las pretensiones de ERC.

"Considerando las inmunidades de que disfrutaba –conforme a los pronunciamientos del TJUE- el sr. Junqueras entre el 13 de junio y el 14 de octubre de 2019, ninguna de ellas implicaba la necesidad de suspender el procedimiento penal seguido contra él ni impedía que se dictara sentencia en el procedimiento penal principal", afirma la abogada del Estado. Y ello porque las inmunidades reconocidas "no implicaban que tuviera que suspenderse el procedimiento penal" en tanto que el juicio oral ya se había celebrado y el Tribunal Supremo ha descartado la necesidad de suplicatorio cuando ya ha superado la fase de inculpación o procesamiento.

La Abogacía del Estado sostiene que Junqueras sigue siendo actualmente eurodiputado ya que la Junta Electoral Central, "competente en todas las cuestiones relacionadas con la proclamación de candidatos", "no ha declarado la incompatibilidad del sr. Junqueras" para ejercer como eurodiputado pese a estar condenado a pena de prisión "ni tampoco su sustitución por otro representante de su candidatura electoral o la comunicación de esa circunstancia al Parlamento Europeo".

Tal como informó EL ESPAÑOL, la Junta Electoral Central tiene previsto reunirse el próximo día 3 para resolver las peticiones de Ciudadanos y PP de que se declare que la condena impuesta a Junqueras representa una causa sobrevenida de inelegibilidad, por lo que procedería anular su mandato como eurodiputado.

Para la Abogacía del Estado, "en tanto no se produzca la anulación del mandato, dado que ya ha recaído sentencia firme que condena a penas de prisión e inhabilitación absoluta, y a fin de garantizar la más eficaz ejecución de la penas impuestas, procede solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad reconocida" a Junqueras.