La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha comunicado esta tarde a Edmundo Bal su cese como jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado alegando que no ha querido firmar el escrito en el que se rebajan a sedición y malversación de fondos los cargos contra los exconsejeros catalanes encausados por la secesión unilateral de Cataluña.

Con el visto bueno de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, Castro ha prescindido de Bal, considerado un prestigioso jurista que ha tenido una actuación destacada no sólo en los más relevantes procesos penales en los que ha intervenido la Abogacía del Estado -donde sus pretensiones han sido generalmente acogidas en las sentencias- sino también en la lucha contra el fraude fiscal, donde Bal ha conseguido elevados ingresos para la Hacienda Pública.

En el caso del 'procés', hasta el momento de presentar el escrito de acusación el pasado 2 de noviembre, la Abogacía del Estado venía manteniendo su respaldo a la línea incriminatoria sostenida por la Fiscalía, basada en la existencia de un presunto delito de rebelión. La Abogacía del Estado, de hecho, pidió al Supremo la apertura del juicio oral por este delito.

Edmundo Bal, que ha trabajado de forma estrecha con los fiscales de Sala que actúan en la causa del 'procés', era partidario de la acusación por rebelión. No obstante, cuando el Gobierno impuso rebajar los cargos a sedición y malversación de fondos Bal siguió las instrucciones de Castro y elaboró distintos borradores en el sentido que se le indicaba. Los textos fueron luego modificados en el Ministerio.

Lo que Bal no hizo fue firmar el escrito final, ya que no lo había hecho él. La acusación finalmente presentada prescinde de hechos relevantes ocurridos durante las semanas anteriores a la declaración unilateral de independencia, hasta el punto de que ni siquiera menciona la existencia de heridos en la jornada del referéndum ilegal del 1-O.

[El Gobierno no habla ni una vez de "violencia" o "heridos" en 58 folios de acusación por el 'procés']

Castro ha esgrimido que su subordinado no haya querido asumir, con su firma, el escrito de acusación como motivo para destituirle. 

La abogada general también ha aducido que Bal ha cuestionado públicamente su criterio, lo que el abogado del Estado ha negado con rotundidad.

Consuelo Castro no ha comunicado a Edmundo Bal su nuevo destino, lo que pone de manifiesto que la prioridad era apartarle como jefe del departamento penal y, en particular, de la causa sobre el 'procés'.

Éste no ha sido el único procedimiento en el que la abogada general y su subordinado han chocado. El pasado verano, Bal defendió la personación del Estado español en la causa abierta en un tribunal de Bruselas contra el juez Pablo LLarena por una demanda civil promovida por el expresidente catalán Cartes Puigdemont.

La postura de Dolores Delgado de considerar esa demanda una cuestión "privada" del magistrado generó un escándalo que hizo que el propio Gobierno rectificara a la ministra de Justicia. Finalmente, el Ministerio contrató a un bufete belga para representar a LLarena, como había defendido desde el primer momento Bal.

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