El Ministerio de Justicia no va a decidir sobre si el Estado presta asistencia jurídica al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena hasta ver los términos en los que, en su caso, el juez belga admite a trámite la demanda interpuesta contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont.
La defensa de Llarena por el Estado español sigue en el aire. Pese a que el Consejo General del Poder Judicial ha pedido al Ministerio de Justicia que adopte "las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica", estimando que la demanda interpuesta contra el juez es un"ataque planificado" de los procesados para descalificar la causa judicial, el Departamento de Dolores Delgado sólo autorizará la personación del Estado si los tribunales belgas aceptan tramitar la demanda en términos que cuestionen el proceso por rebelión abierto en el Supremo.
Justicia ha difundido este jueves un comunicado según el cual "el Estado español se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el ex presidente y cuatro ex consellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos".
"No son presos políticos"
La demanda de Puigdemont contra Llarena menciona la instrucción llevada a cabo por el juez, afirmando que supone una vulneración flagrante de la presunción de inocencia y de la libertad de acción política de los encausados. Pero, según destaca el Ministerio, "incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función". Se refiere a unas manifestaciones realizadas el pasado febrero por el magistrado, con ocasión de una conferencia en Oviedo, afirmando que los encausados "no son presos políticos".
Justicia señala que el proceso abierto en el Supremo "está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española. Por ese motivo, si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción".
De esta forma, "cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio acta iure imperii, en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país".
El comunicado añade que la Ley de Asistencia Jurídica al Estado no prevé la intervención del Servicio Jurídico del Estado ante juzgados o tribunales ordinarios de países extranjeros. "Por ello, si la evolución de la causa belga recomienda la personación del Estado español, el Ministerio de Justicia contratará un bufete privado que defienda su soberanía e inmunidad jurisdiccional", afirma.