El grueso de la demanda presentada por Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena en Bélgica no se centra en ningún comportamiento "privado" del magistrado -como sostiene el Ministerio de Justicia para negarse a defenderle ante la Justicia belga- sino en las resoluciones que ha dictado y en unas declaraciones públicas hechas por ser instructor de la causa por rebelión abierta en el Supremo y refiriéndose a ella.

La demanda aporta, para tratar de probar la "parcialidad" del juez, 24 documentos, 11 de los cuales forman parte de la causa judicial y son en su mayoría los propios autos firmados por Llarena. El resto son artículos de prensa, un manifiesto de profesores de Derecho Penal y el escrito enviado a Jordi Sànchez por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 23 de marzo.

Pese a tratarse de un mero acuse de recibo de la queja presentada por el expresidente de Asamblea Nacional Catalana por la vulneración de sus derechos políticos, la demanda da al escrito de Naciones Unidas el carácter de "medida cautelar a favor de Jordi Sánchez" y afirma que el Comité "recordó al juez Llarena y a España que el derecho a ejercer una función política constituye un derecho fundamental".

"Este recordatorio oportuno", añade la demanda, "no logró detener al juez Llarena, el cual adoptó el 12 de abril de 2018 una nueva orden de rechazo de permiso penitenciario contra Jordi Sánchez (permiso que le hubiese permitido asistir a una sesión decisiva del Parlamento catalán), poniendo así España al lado de Kazajstán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".

Tras un primer párrafo en el que la demanda asegura la existencia de "violaciones sistemáticas" de los derechos de los independentistas catalanes, el segundo párrafo afirma que "el juez Pablo Llarena, que lleva principalmente la investigación penal contra las partes demandantes, ha dictado múltiples resoluciones judiciales que han demostrado claramente su parcialidad, la violación de la presunción de inocencia y de otros derechos fundamentales".

Las resoluciones del instructor son mezcladas en la demanda con unas declaraciones que realizó en Oviedo el pasado febrero, que según Puigdemont "evidencian su parcialidad y su ensañamiento", aunque Llarena se limitó a manifestar que los delitos a los que se refiere la causa del Supremo no son delitos políticos, sino que "se trata de comportamientos recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, tienen que se investigados".