El empresario mallorquín Tolo Cursach en los juzgados de Palma

El empresario mallorquín Tolo Cursach en los juzgados de Palma EFE

Tribunales CORRUPCIÓN EN MALLORCA

Cursach controlaba la política y la noche mallorquina a golpe de cocaína, sexo y favores

El relato de hechos de la Fiscalía sobre la red de corrupción instalada en Mallorca alrededor del magnate Tolo Cursach y sus negocios supera el guion de cualquier novela inspirada en la mafia calabresa. 

Funcionarios untados a base de cocaína, sexo, botellas de Möet Chandon, sobres con 500 euros y pases VIP a gimnasios y amenazados posteriormente con que "su vida empeoraría si no tenían la boca cerrada". Policías locales que protegían los negocios del 'capo' mallorquín e incluso amedrentaban a la competencia por un pacto prolongado durante más de 20 años que les hacía ganar salarios "en especie" superiores a los que tenían por su cargo. 

Es el duro relato de hechos que la Fiscalía expone en su escrito de acusación sobre el caso de la Policía de Palma, conocido como caso Cursach, el mayor caso de corrupción de la historia de Mallorca.

Según los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau, que se han ocupado de la investigación y piden sentar en el banquillo hasta a 20 personas, entre ellos políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Palma y del Consell, así como policías y empresarios, el magnate Tolo Cursach y el director general del Grupo Cursach, Tolo Sbert, para conseguir todo lo relatado "se valieron de Antonio Bergas, quien compaginó su trabajo como inspector de Policía Local de Palma en condición de colaborador con el Grupo Cursach Ocio y también utilizaron al acusado Julián Garau, que ejercía funciones de celador de obras para el ayuntamiento de Palma".

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, "eran ellos quienes ofrecían y obligaban a aceptar dinero, cestas de navidad, cajas de champagne, pases VIP para las instalaciones deportivas de Megasport y otros regalos a sus compañeros y superiores del departamento de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Palma". Al mismo tiempo, trasladaban la advertencia de que si rechazaban las prebendas "habría que darles una lección o empeoraría su situación. En concreto, se les decía expresamente por Bergas y Garau que si no se plegaban a los intereses del Grupo Cursach acabarían 'fritos' a denuncias y querellas en los juzgados hasta arruinarles su vida personal". 

Entre los acusados de favorecer al 'rey' de la noche mallorquina se encuentra la exdirectora general de Turismo de las Islas Baleares, Pilar Carbonell, que precisamente dejó el cargo tras ser imputada en el caso y para la que la Fisalía solicita 10 años de inhabilitación. Según el Ministerio Público, Carbonell estaba en permanente contacto con Tolo Sbert y, tanto en la Consellería de Turismo como en el ayuntamiento de Calvià, donde trabajó previamente, se ocupó de que las sanciones administrativas que llegaran a nombre del Grupo Cursach le fueran remitidas directamente a ella y no fueran tramitadas.

"No quiero que se cierre BCM"

El trato de favor por parte de políticos, funcionarios y sobre todo de la Policía a los negocios de Cursach (discoteca Pachá, discoteca Tito's, discoteca BCM y complejo Megasport) perjudicaron claramente, según la Fiscalía, a la competencia. De hecho, algunos empresarios de la plaza de Pitiuses (Calvià) donde se encuentra la discoteca BCM fueron hostigados con artimañas para disuadir a su clientela en beneficio de la de Cursach e incluso recibieron amenazas por parte de policías y personas cercanas a Cursach. 

Todo con la participación, según el Ministerio fiscal, de Jaime Nadal Mir, director general de Comercio del Ayuntamiento de Calvià también acusado que "actuó en defensa de los intereses del Grupo Cursach, reduciendo las inspecciones, minimizando el importe de las sanciones, traspapelando u ocultando parte de las denuncias y eludiendo trámites esenciales a fin de hacer caducar o prescribir expedientes contra el grupo". 

El Ministerio Público expone que ante el posible cierre de la discoteca BCM en 2016, puesto que ejercía su actividad con una licencia provisional que había caducado años atrás, Nadal "ejerció su influencia y presión en sus subordinados" indicándoles que emitieran informes favorables al grupo y llegó a ordenar a una técnico: "Emite un informe favorable porque no quiero cerrar BCM, no se puede cerrar BCM". Puesto que la funcionaria no accedió, Nadal dejó caducar el informe sobre su mesa deliberadamente, según el relato de la Fiscalía.

Delitos y penas

Los acusados para los que la Fiscalía pide mayores penas son Tolo Cursach, Tolo Sbert y Antonio Bergas, casi 9 años de prisión por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación y cohecho

Para los otros 17 acusados, la Fiscalía solicita penas que van desde la inhabilitación para cargo público a los 6 años de prisión por los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación, cohecho pasivo o activo, abuso en la función pública por solicitud sexual, omisión de perseguir delitos, contra la salud pública, coacciones, revelación de secretos, falsedad en documento oficial, usurpación de funciones públicas o amenazas condicionales y graves.