Las cárceles se quedan sin médicos: las CCAA rechazan su gestión para no asumir el coste

¿Por qué razón rechazan ese mando? La sanidad penitenciaria es muy cara. Tiene unos pacientes complejos con patologías muy costosas y todo ese dinero que ahora sale de la Administración central deberían ponerlo las administraciones autonómicas.

Así lo confirman fuentes cercanas al proceso por el que, desde 2013, el Ministerio del Interior y las CCAA tienen que ejecutar el traspaso de poderes. Para las regiones, hay "interés" pero, en estos momentos, "no está en su orden de prioridades". Por su parte, Prisiones asegura que no hay ningún problema para hacer la transferencia y que están esperando a concertar reuniones.

Desde que Ángel Luis Ortiz llegó al cargo de secretario general de Instituciones Penitenciarias, ha hecho todo lo posible por cerrar las citas y, parece, ha funcionado en algunas regiones. Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana han efectuado algún tipo de acercamiento con el organismo aunque el traspaso se ve todavía muy lejano.

La comunidad que más cerca está de hacerse con los mandos de la sanidad de sus cárceles es Navarra. Entre la comunidad y el Estado existe acuerdo y los trámites se están acelerando para que sea lo más rápido posible.

De efectuarse el traspaso de Navarra, esta sería la tercera comunidad (tras Cataluña y País Vasco) que gestionaría la sanidad de sus prisiones.

La gestión del sistema de salud de las prisiones debería de estar transferido desde el momento en el que se aprobó la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. La norma estipulaba un plazo de 18 meses para que los servicios sanitarios penitenciarios se integraran en los servicios de salud de las distintas regiones.

Interior asegura que quiere que llegar a acuerdos con todas las regiones pero que son éstas las que no están cumpliendo con lo pactado. 

1.500 euros al mes

El hecho de que la sanidad de las prisiones sea gestionada por el Estado hace que los profesionales sanitarios que trabajan en ella (farmacéuticos, médicos o enfermeros) cobren mucho menos que sus compañeros que trabajan para las administraciones autonómicas en hospitales de la región. 

Según los portavoces profesionales de este sector, en el caso de los médicos hay una diferencia de hasta 1.500 euros netos al mes, sin guardias, respecto al sueldo de un profesional que trabaje en Atención Primaria. 

La razón son los convenios laborales que firman y que dependen de quién sea el empleador. En sanidad, como en otros muchos sectores, el sueldo de los médicos lo condiciona el territorio en el que ejercen, aunque tengan una base común para todos. 

Horas extra, carrera profesional, área de trabajo u otros muchos aspectos dan ese plus al sueldo. Unos extras que no tienen desde las cárceles y por lo que cobran menos.

El problema de los sueldos es una cosa que conoce (y reconoce) hasta el propio Gobierno de España. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconocía en una reciente repuesta parlamentaria la diferencia entre las remuneraciones en las regiones y el Estado.

"Una de las posibles causas por las que los profesionales médicos no son proclives a trabajar en Instituciones Penitenciarias puede ser que las Comunidades Autónomas convocan procesos selectivos para estos profesionales, cuyas retribuciones son mayores a las fijadas por la Administración General del Estado para este cuerpo", afirmaba Marlaska.

Plazas sin cubrir

Tal es la situación generada entre los profesionales de este cuerpo sanitario que en los procesos selectivos (en los que profesionales optan a un puesto fijo y remunerado para toda la vida y dependiente del Estado) las plazas se quedan sin cubrir. Precisamente, durante la Oferta Pública de Empleo de 2020 sólo se cubrieron 7 de las 40 plazas ofrecidas.

La no actualización de las plantillas provoca, además, una falta de profesionales. Los sanitarios que trabajan en las cárceles afirman que esto merma la atención que recibe el preso. 

El problema se agudiza si se contextualiza: la edad de los profesionales que siguen ejerciendo ronda los 50 años de media. Por ello, desde la sanidad penitenciaria lamentan que no se pongan soluciones y, aunque plantearon hacer una huelga, lo han descartado. ¿La razón? Que entre todas las plantillas no son efectivos suficientes para cubrir los servicios mínimos.

Tampoco esperan que la solución salga desde las administraciones. La transferencia de la sanidad penitenciaria se ha elevado en varias ocasiones a las Cámaras y todos los grupos parecen estar de acuerdo, pero nunca se ha traducido en una medida efectiva.

Tanto el Congreso como el Senado han aprobado diversas iniciativas para instar al Gobierno a terminar de transferir las competencias. Los profesionales se ven desamparados y sin tiempo.

La pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto varias de las deficiencias en este tipo de atención sanitaria. Hay que tener en cuenta que las cárceles tienen pacientes con enfermedades crónicas que, en muchas ocasiones, van acompañadas de problemas de salud mental.