Moncloa quiere una cosa, Economía quiere otra y Unidas Podemos una tercera, muy distinta de las dos primeras. Y así se escribe la historia de los 11.000 millones que el presidente, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso "de ayudas directas a pymes y autónomos". Y que dos semanas después, el Gobierno siga discutiendo cuánto, cómo y a quién se dedicarán esos fondos.

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El decreto, que tenía que haber sido aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, se retrasó por las discrepancias entre estos tres actores, con acusaciones cruzadas de injerencias de unos y otros en competencias ajenas. Pero sí hay una cosa clara en el lado socialista: el plan de Pablo Iglesias para acabar con la "cogobernanza con las CCAA" no se atenderá.

Así lo explican fuentes autorizadas del Gobierno a este periódico. Que además aclaran que el Ejecutivo consultará el contenido del decreto con sus socios parlamentarios nacionalistas, ERC, Bildu y PNV. Entre otras cosas, la demora en aprobar la norma se explica por el interés de la vicepresidenta económica y la ministra de Hacienda en asegurarse la convalidación parlamentaria vinculando, así, a las Comunidades Autónomas. En esto consiste, pues, la "cogobernanza".

Unidas Podemos maniobró en la tarde del lunes, metiendo mano en una competencia exclusiva de la Vicepresidencia económica de Nadia Calviño. Tras haber planteado sus ideas hace tres semanas, los morados cambiaron radicalmente de postura y filtraron a los medios una propuesta que consistía, esencialmente, en una enmienda a la totalidad del borrador del decreto salido de la reunión de subsecretarios de los jueves.

La vicepresidenta tercera reaccionó públicamente, culpando únicamente a Podemos de los retrasos. "Esto no es una subasta, ni una cosa tan simple que se arregla con un tuit", dijo, a pesar de que fuentes de su Ministerio aún alegaban que todo se debía al "afinado" legal del texto.

Horas antes, María Jesús Montero había llegado a insinuar que los morados habían mentido a la prensa al atribuir la demora a supuestas discrepancias entre las dos alas del Ejecutivo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz insistió en varias ocasiones en que "la verdad es la que se dice aquí, en esta sala, y no en las llamadas entre los perioditas y sus fuentes, ya que éstas pueden tener algún otro interés". 

De 2.000 a 8.000... 5.000 

Pero efectivamente, Podemos no había escrito un tuit, sino un documento de tres folios. Y su secretario de Economía, Nacho Álvarez -secretario de Estado de Derechos Sociales- estalló en Twitter, esta vez sí, contra la vicepresidenta.

Aquel consejillo del jueves había planteado un plan de ayudas directas de en el que, según las fuentes consultadas, aún no había acuerdo en el ala socialista: o 2.000 o 5.000 millones de euros en inyecciones de capital. De modo que del lado de Iglesias se propusieron 8.000 millones, aprovechando para intentar arrimar el ascua a su sardina, y promulgando que los fondos sean gestionados sólo por el Gobierno central, excluyendo a las Comunidades Autónomas.

Es más, el documento elaborado por Unidas Podemos obra en poder de este periódico. Y detalla toda la propuesta de los morados, que difiere sustancialmente de la de Economía y Hacienda. Efectivamente, sí hay disensos y no se resuelven con un tuit.

Propuesta de Unidas Podemos para las ayudas directas a empresas.

En todo caso, y como ya informó este periódico, lejos de lo anunciado por Sánchez, ni todas las ayudas serán directas ni muchas de ellas serán gratis.

El objetivo de Calviño y Montero es "evitar que el sobreendeudamiento por la caída de ingresos vinculados a la pandemia" desemboque en "quiebras o concursos de acreedores" y, así, "se destruya empleo". Y para ello, han diseñado tres paquetes distintos dentro del mismo decreto.

A las ayudas directas se añaden otras dos herramientas, en las que se encajarán "las medidas fiscales" que han implicado directamente a Hacienda en el redactado final.

Habrá un plan de recapitalización para empresas medianas mediante la empresa pública Cofides -vía deuda subordinada y préstamos participativos-, en la línea del implementado por la SEPI de 10.000 millones de euros para grandes empresas.

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno, en la sesión de control en el Senado. Efe

Y un tercer instrumento que se configurará para la reestructuración de los más de 120.400 millones de créditos avalados hasta la fecha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en un 98% a pymes y autónomos. 

Pero falta saber todo: cuánto se destinará a cada uno de los paquetes preparados, porque no hay consenso dentro del Ejecutivo; cómo se hará, ya que dependiendo del peso de las ayudas directas, las recapitalizaciones y las reestructuraciones de deuda se usarán unos u otros instrumentos; y qué empresas serán el objetivo final de estas medidas.

Dos claves

El trabajo de Calviño y Montero está destinado a atender "los sectores más afectados por la caída de la demanda", es decir, el turismo, la hostelería y el comercio. Pero Unidas Podemos insiste en que el reparto sea "equitativo" y se distribuyan las ayudas en función de las caídas de facturación.

Las claves del decreto son dos. Una es pública y económica: como dijo Calviño este martes en el Senado, "preparar la recuperación económica con rigor", es decir, salvar las empresas viables "acertando con las herramientas precisas". Y la otra es privada y puramente política: como explican otras fuentes del Gobierno, lograr los apoyos de los socios parlamentarios.

Es decir, satisfacer a PNV y a Esquerra primordialmente, que son partidos de Gobierno en sus regiones y suman 19 votos. A los que se añaden los de Bildu, cuya estrategia en el Congreso va de la mano de la de los republicanos. Total, 24 escaños, la clave para sacar el decreto sin apreturas parlamentarias. Y para eso es clave que las CCAA participen del reparto. La misma razón por la que no quiere Podemos, que no tiene verdadero poder autonómico.

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