La vicepresidencia cuarta de Teresa Ribera del Gobierno trabaja "contrarreloj" para poner en marcha cuanto antes el proyecto de Suministro Mínimo Vital (SMV) que negocia con Pablo Iglesias e impulsan las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible aprobadas este martes en el Consejo de Ministros.

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Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica confirman a este diario que el proyecto, que ya se esbozó en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, aunque "no está cerrados los informes" prevé una cobertura de cuatro meses.

"Las líneas maestras del proyecto ya están definidas", explica una portavoz del departamento. Pero ahora falta la negociación con Derechos Sociales, impulsor de la Agenda 2030 y responsable general de todas las políticas de cobertura social del Gobierno. Y fuentes de Unidas Podemos indican a este diario que el ministerio de Iglesias quiere más. 

Para empezar, quieren "cobertura total" y no temporal. Y es que el lado morado del Ejecutivo considera los suministros básicos un derecho "para completar efectivamente la condición de derecho que la Constitución le da a la vivienda digna". Para Unidas Podemos, no hay dignidad bajo un techo sin calefacción o agua corriente, y el Estado debe atender a las personas vulnerables que queden en esta situación.

Y además, la posición de partida de los de Iglesias es que -más allá del nombre- el SMV no puede ser un "suministro mínimo", es decir, "limitado, como se plantea desde el lado socialista". Efectivamente, Transición Ecológica prevé que las personas que se vean inmersas en esta situación, gocen de cuatro meses de prórroga en sus suministros, pero "en niveles básicos".

Bajar la potencia

Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Efectivamente, así se expresaba en el documento de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, publicado en 2019 por el Ejecutivo: "Una vez finalizado el plazo de 4 meses a que se refiere el Real Decreto 897/2017, durante otros 4 meses se le reducirá la potencia a un suministro mínimo vital. Finalizado ese plazo sin que haya regularizado su situación, podrá interrumpírsele el suministro".

Lo cierto es que desde hace ya meses, el departamento de Ribera ha encargado estudios que sirvan para "optimizar los objetivos", que en realidad se resumen en uno solo: "Dar cobertura a la mayor cantidad de personas vulnerables posible", para que nadie a quien se le vaya a cortar los suministros básicos de agua, luz o gas se quede fuera del radar de la Administración.

En todo caso, las 140 páginas del documento aprobado el martes en el Consejo de Ministros [consúltelo aquí en PDF], y que el mismo Iglesias presentará en Naciones Unidas el próximo mes de julio, están llenas de postulados en los que se fijan compromisos que se salen del ámbito de competencias de Pablo Iglesias, salvo que es él quien marca las directrices prácticas de cómo implantar en España los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Dentro del primer "Objetivo país" del informe, Acabar con la pobreza y la desigualdad, el texto desarrolla el SMV a imagen y semejanza del "nuevo derecho subjetivo" impulsado por el Ministerio de Inclusión de José Luis Escrivá.

El documento de Iglesias no entra en más detalles salvo que "España es el quinto país de la UE con la factura eléctrica más cara", según el último informe de Eurostat en 2020, y que el Gobierno asume como compromiso "prote­ger a los consumidores vulnerables de los cortes de suministro, a través de figuras como el suministro mínimo vital y el principio de precaución".

Las CCAA, corresponsables

Desde Transición Ecológica, responsable de la política energética e impulsor del bono social -cuya concesión ahora se trata también de automatizar-, se especifica que el nuevo subsidio se otorgará a determinados consumidores "identificados previamente por los servicios sociales" de las Comunidades Autónomas y corporaciones locales.

Y su principio básico será "la imposibilidad de que el suministro del hogar sea interrumpido durante un periodo de cuatro meses adicional al otorgado actualmente por la normativa".

El acuerdo entre el equipo de Ribera y el de Iglesias aún está lejos, si bien ambas partes se muestran "completamente dispuestas a negociar" con el único objetivo de "que nadie se quede sin suministros básicos por no poder afrontar la factura".

Pero los trabajos que aún están pendientes incluyen "finalizar el estudio previo" para garantizar las "condiciones mínimas de confort" y la necesaria modificación técnica y procedimental "para que los distribuidores y comercializadores puedan aplicar el SMV". Además, el Ministerio de Ribera recuerda que las CCAA deben"reforzar sus servicios sociales para atender e identificar" a los eventuales beneficiarios y que la medida se aplique "de manera ágil y eficaz".

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