El aparato político de Moncloa y los miembros del Gobierno más cercanos al Pedro Sánchez han decidido desentenderse de los problemas de Pablo Iglesias con la Justicia y su manera de huir de ellos emprendiendo campañas contra la prensa menos afín o atacando a la Monarquía: "¿Y si lo acaban imputando? Pues problema para sus abogados", sentencia una fuente del Ejecutivo a este periódico.

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En Moncloa, el ambiente se tensa los martes por la mañana. El Consejo de Ministros es la cita semanal que comparte todo el gabinete y casi el único día a la semana en que se encuentran muchos de los miembros del Ejecutivo cara a cara. Y no había más que ver el gesto que ponían María Jesús Montero, José Luis Ábalos y Juan Carlos Campo el martes pasado.

Cuando Pablo Iglesias aprovechó el micrófono gubernamental para "naturalizar los insultos a la prensa" o para recordar que "las cloacas se hicieron para perjudicar a Podemos y si no lo puedo decir es tanto como otorgarles impunidad total", los tres congelaban su mirada en el infinito, evitando el contacto visual con los periodistas presentes en la sala.

En la historia de la democracia española no ha sido inhabitual que se formen camarillas y centros de poder aglutinados en torno a dos o tres líderes poderosos dentro del Gobierno. Pero ahora es muy distinto: éste es un Ejecutivo de coalición, y las lealtades son verticales, en función del proyecto político de PSOE y Unidas Podemos. Y en una formación tan personalista como la del vicepresidente, los cinco ministros de la rama morada trabajan poco menos que para él y su proyecto político.

"Las burradas"

Por eso no es descubrir nada explicar que hay dos alas en el Gobierno. Tampoco es una exclusiva dar cuenta de que ambas están enfrentadas. Que una de ellas aprovecha cualquier ocasión para extremar los términos del acuerdo sellado con un abrazo el 12 de noviembre pasado, y la otra se rige por aquella sentencia de que "gobernar es pasar de la ética de los principios a la de las responsabilidades".

Quizá por eso Sánchez sí le dio la vicepresidencia segunda a Iglesias, pero lo mandó a trabajar en la sede del Ministerio de Sanidad. Puede que sea casualidad, pero que el jefe del Ejecutivo no lo acogiera en el complejo presidencial permite titular así esta crónica: Moncloa está harta de su tono, no se hace cargo de sus posibles problemas judiciales por el caso Dina y preferiría que se guardara "las burradas" del martes pasado para sus mítines.

[Quién es quién en el 'caso Dina']

Así definía la ya citada fuente del Gobierno la escena de todo un vicepresidente señalando por su nombre y apellido a varios periodistas desde la sala de prensa del Consejo de Ministros. O que jugara a los chascarrillos ingeniosos de Twitter citando uno de esos insultos a uno de ellos: "Lo leo y no me gusta... yo no comparto que a Vicente Vallés lo llamen cloaquín".

El giro y la imputación

Nadie del ala socialista del Gobierno tiene ningún interés en verse salpicado por estos aspectos. Los que se sentaban a su lado en la mesa miraban para otro lado. Conscientes de las posibles consecuencias de sus palabras. Y otros salieron en los días siguientes a afear los términos en que Iglesias contestaba las insistentes preguntas de los reporteros sin responder de verdad sobre el giro que ha dado en las últimas fechas el caso Dina que investiga el juez Manuel garcía Castellón en la Audiencia Nacional.

Los cambios de testimonio de Dina Bousselham, la ocultación de los abogados de Podemos al poner y ampliar la denuncia por el robo de su móvil en diciembre de 2015, el hecho de que la cronología del caso haya desmontado las pruebas directas contra el excomisario Villarejo... llevaron magistrado a retirar a Iglesias su condición de perjudicado. Y ahora García Castellón trata de averiguar si debe pasar el caso desde su juzgado de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo por posibles delitos de descubrimiento de secretos y destrucción de material informático.

Lo que es evidente es que el ala socialista del Gobierno no sufriría en lo personal si se diera el caso. Ningún miembro socialista del Ejecutivo ha dicho una sola palabra sobre el caso que se salga de "no comentamos temas que están en los tribunales" o, como mucho, algo así como "el vicepresidente está centrado en su trabajo, como el resto del gabinete ministerial".

Y ahora... Felipe VI

Y los últimos movimientos de la semana han terminado de tensar la cuerda. Mientras Moncloa se centra en poner un cordón sanitario alrededor de Felipe VI que lo distancie de las andanzas de su padre, Unidas Podemos se empeña en utilizar las exclusivas de EL ESPAÑOL sobre los presuntos negocios oscuros del Rey Emérito para poner en cuestión la misma legitimidad del sistema de Monarquía Parlamentaria

El último episodio, un texto publicado este viernes por Pablo Iglesias en sus redes sociales en el que manipulaba las últimas declaraciones de Pedro Sánchez a propósito de los escándalos de Juan Carlos. El presidente elogió al Rey por "marcar distancias" con su padre tras "las informaciones perturbadoras e inquietantes" publicadas por este diario. Y posteriormente se refirió a la "posible reforma constitucional para delimitar la inviolabilidad y el aforamiento" de los miembros de la Familia Real.

Sin embargo, Iglesias usó esas disquisiciones para "agradecer" a Sánchez su "valentía" por "poner sobre la mesa el debate sobre la utilidad de la Monarquía". E insistió en que "este Gobierno no ignorará el debate" sobre el modelo de Estado: "Sería absurdo hacerlo" porque "cada vez hay más españoles que no aceptan los privilegios y la impunidad" de los miembros de la Familia Real y "la gente ya no acepta que se le tome el pelo".