En septiembre de 2018, el Parlamento Europeo pidió al Consejo que actuara  en defensa del Estado de derecho y la libertad de expresión en Hungría. Por 448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones, la Eurocámara consideró que las leyes de prensa del Gobierno populista de Viktor Orbán suponían una "amenaza sistémica a los valores fundacionales" de la Unión Europea, que incluyen el "respecto a la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos", como consagra el artículo 2 del Tratado y refleja la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

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Sólo 10 meses antes, era la Comisión la que iniciaba el procedimiento sancionador contra Polonia. En su caso, por "las amenazas detectadas para la independencia de los jueces". En una resolución aprobada en marzo de 2018, la Eurocámara se mostró de acuerdo en los "riesgos para el Estado de derecho en el país". Ambos procedimientos, contra las políticas de dos gobiernos de derecha extrema -aliados en Europa de Vox- sirven ahora de ejemplo para la España del Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

"Si de verdad se crea una comisión parlamentaria contra periodistas y medios de comunicación por publicar la verdad, España estaría incurriendo en un supuesto del artículo 7 del Tratado", sentencia un alto cargo del Parlamento Europeo en conversación con este periódico.

Derecho de voto

Los dos movimientos, sorprendentes y de una dureza política y moral enorme, que el parlamento Europeo y la Comisión iniciaron contra Hungría y Polonia, siguen su proceso, y las sanciones a las que se arriesgan ambos países son de muy alta enjundia: el Consejo debe decidir por unanimidad que se han violado los valores fundamentales de la UE y, ya por mayoría cualificada, puede imponer la suspensión del derecho de voto de los gobiernos húngaro y polaco en el Consejo.

España se estaría ahora asomando a este riesgo si se cumplen las "amenazas" del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, según altas fuentes europeas consultadas por este periódico.

¿Y quién tomaría la iniciativa? "El Parlamento, sin duda, en un caso como el de un ataque a la libertad de expresión, es seguro que el grupo Renovar Europa -los liberales- actuaría", explica la fuente ya citada. ¿Y los eurodiputados españoles se atreverían a actuar contra su Estado? "Sin duda, porque no sería contra, sino en defensa del mismo Estado, de la democracia, de las libertades".  

Fue también desde la Eurocámara -representación de los 500 millones de ciudadanos de las democracias de la UE- de donde partió la iniciativa sancionadora contra Hungría. "Es lo mismo, lo que pretende Iglesias es lo mismo que lo de Orbán, un ataque a la libertad de expresión, que es derecho fundamental y base del sistema de libertades".

PP y Cs, la iniciativa

En la tarde de este lunes, la líder de la delegación española en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, denunciaba ante la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, "los ataques del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, a medios de comunicación que han publicado informaciones sobre el caso Dina", alegando que "pueden incumplir las normas comunitarias".

Montserrat pregunta si la Comisión Europea considera que estos “ataques a la prensa” tienen cabida en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que en su artículo 11 recuerda que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión” y que este derecho incluye “la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas”.

De hecho, en ese punto se apoyó la sanción a Hungría. El mismo artículo también alude a que en la UE debe respetarse “la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”.

Ciudadanos, por su parte, prefiere ser más prudente y no gastar una bala de cañón tan grande ahora. Desde la oficina de Maite Pagazaurtundua en el Europarlamento explican a este medio que su delegación está escribiendo una carta de queja al Defensor del Pueblo. Además, se estudian otras medidas en defensa de los derechos fundamentales recogidos en la Carta Europea.

Sánchez, de perfil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitaba este lunes valorar los señalamientos de Iglesias y otros miembros de Podemos contra determinados periodistas y medios de comunicación a cuenta de su implicación en el conocido como caso Dina"No voy a hacer valoraciones sobre un colega del Gobierno", zanjaba.

"Nunca he valorado procesos judiciales abiertos", ha contestado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa desde Lisboa cuando le han preguntado por la campaña que Podemos ha orquestado contra el periodista Vicente Vallés, por la cobertura que está haciendo de la investigación judicial en torno al robo del móvil de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham.

Un silencio criticado por el PP desde Madrid, que exigía una defensa de las libertades. Entretanto, la portavoz popular en Europa también ha preguntado a la Comisión Europea si condena que los periodistas sean señalados y atacados simplemente por ejercer su trabajo, lo que ha calificado de “intolerable”.

“Nuestra obligación como demócratas es defender la libertad de prensa frente a aquellos que la atacan”, ha explicado Dolors Montserrat en la pregunta enviada al Ejecutivo de la UE.