El vicepresidente segundo del Gobierno aprovechó su presencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para gastar apenas cinco minutos en presentar un real decreto de prórroga para las moratorias de alquileres, hipotecas y suministros, y darle rienda suelta a los ataques de Unidas Podemos, y los suyos propios, a la prensa en general, y a algunos periodistas en particular. "En democracia todos estamos sometidos a la crítica y el insulto", espetó Pablo Iglesias desde la mesa de Moncloa.

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Provocando la sorpresa de alguno de los ministros que lo acompañaban en la mesa de la sala de prensa de Moncloa, ha puesto nombre a sus enemigos de la prensa: "Vicente Vallés", "Esteban Urreiztieta", "Eduardo Inda"... A todos los ha llamado por su nombre para justificar los ataques y señalamientos a los que han sido sometidos desde que el caso Dina ha cambiado sus tornas y él ha pasado de presunta víctima a posible imputado.

Ésa es una de las tres fronteras que hoy dividen al Gobierno. Una de ellas, y la principal es la posible imputación del vicepresidente segundo, de quien los fiscales del caso han advertido "indicios de criminalidad" y sobre el que el juez García Castellón trata de averiguar si debe pasar el caso desde su juzgado de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo por posibles delitos de descubrimiento de secretos y destrucción de material informático.

"Cloaquín"

Otras son la salida de la crisis económica en la que estamos entrando -el decreto aprobado este martes tuvo muchos problemas para ser aceptado por el resto del Gobierno-. Y la tercera es el empeño de Unidas Podemos en utilizar las exclusivas de EL ESPAÑOL sobre los presuntos negocios oscuros del Rey Emérito para poner en cuestión la misma legitimidad del sistema de Monarquía Parlamentaria

"He leído cosas sobre Vicente Vallés que no me han gustado", decía Iglesias con tono calmo. "No comparto y no me gusta que le digan que es como Negre con chaqueta o que le llamen cloaquín".

Y sobre Urreiztieta e Inda dijo el líder de Podemos que "si yo no puedo simplemente referirme a hechos probados, como que Villarejo tenía anotaciones de que se iba a reunir con ellos para darles información contra Podemos, o que hay un audio de Inda presumiendo de que ha vivido todo el verano de eso... entonces sí que estaríamos hablando de impunidad total", sostuvo el vicepresidente, ante la pregunta de si él no estaba señalando periodistas desde el Gobierno.

"Hay que naturalizar en una democracia avanzada que cualquiera está sometido a la crítica y al insulto", insistía. "Y el derecho ofrece instrumentos a todo el mundo para para las cosas que se salgan de madre", añadía, no sin matizar que él no es partidario de que "eso se pueda perseguir" a pesar de ser "uno de los que mejor saben lo que es que le insulten en las redes".

A otro lado

Nadie del ala socialista del Gobierno tiene ningún interés en verse salpicado por estos aspectos. Y tanto Montero como Ábalos, que se sentaban a su lado en la mesa, miraban para otro lado cuando Iglesias contestaba las insistentes preguntas.

Pablo Iglesias y José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ADP

Lo cierto es que el vicepresidente se fue de la sala corriendo, al acabar, sin dejar que los reporteros aclararan qué interés hay y de quiénes por "atacar a Podemos para evitar que entrara en el Gobierno y ahora para sacarlo"

Y es que España podría estar arriesgando una sanción grave de parte de la Unión Europea. Fuentes de la UE advertían este lunes a EL ESPAÑOL que "lo que hace Iglesias es lo mismo que lo de Orbán", el primer ministro húngaro que, tras atacar las libertades de prensa y de expresión en su país, vio cómo el Parlamento Europeo iniciaba los trámites para aplicarle el artículo 7 del Tratado. El castigo sería la pérdida del derecho de voto de Hungría -y en este caso, de España- "si de verdad hace esa comisión parlamentaria contra la prensa libre".

En realidad, la clave de todo está en el robo de un teléfono móvil en las calles de Bruselas en diciembre de 2015: la pieza Dina del caso Tándem que investiga el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional.

La exasesora de Iglesias en su etapa de eurodiputado, Dina Bousselham, hoy dirige un presunto periódico propagandístico de Podemos. Y, mientras los fiscales del caso hallaron "indicios de criminalidad" contra el vicepresidente segundo y el magistrado le retiró la condición de víctima en el caso, Iglesias ha comenzado a defenderse atacando a periodistas y amenazando con una comisión paramentaria en la que interrogarlos.

Pedro Sánchez, su "colega de Gobierno", dijo este lunes que no opinaba y no se mojó tampoco ante los ataques a la prensa de Iglesias. Y no se sabía si eso era que no condena los ataques a la prensa o que no apoyaba a su socio... o las dos cosas, como filtran fuentes cercanas a Moncloa.

Dos almas distintas

En todo caso, la división cada vez más patente en el día a día del Ejecutivo se había traslucido también en lo político minutos antes, cuando la portavoz primero e Iglesias después presentaron el decreto "para prolongar en el tiempo el escudo social sin precedentes que ha construido el Gobierno para nuestros compatriotas más vulnerables".

La ministra portavoz, María Jesús Montero, definió las medidas como una mezcla entre ambas visiones: "Hay que reactivar la economía y, al mismo tiempo, proteger a las personas más vulnerables".

Calviño no lo habría dicho distinto, si acaso habría matizado que "reactivar la economía es la única vía de proteger a las personas más vulnerables". El propio Iglesias, con micrófono este martes ante la prensa, lo tradujo de otra manera: "Proteger a las personas más vulnerables es bueno para reactivar la economía".

"Quiero dirigirme a los compatriotas que más están sufriendo las consecuencias socioeconómicas de la Covid-19, por desgracia aún tenemos que escuchar discursos que les dicen a estas personas que no se han esforzado suficiente". Así comenzó Pablo Iglesias su intervención reivindicativa del real decreto que aprobaba este martes el Consejo de Ministros para prolongar las moratorias de alquileres, hipotecas y suministros. "No dejar a nadie atrás es justicia social y es eficiencia económica".

La reivindicación no era sólo levantar una bandera morada de Podemos dentro de la sala de prensa de Moncloa. También era enseñarle el palo de la bandera a quienes, desde dentro del Gobierno, habían puesto problemas a que, al igual que Trabajo ha hecho con los ERTE, el Ministerio de Derechos Sociales pudiera ampliar en el tiempo unas ayudas que, en su mayoría caducaban el 20 de julio.

Esas dificultades retrasaron la aprobación de estas medidas, en un principio, previstas para el viernes pasado, en el Consejo extraordinario que se cerró, después, con una celebración con los agentes sociales en los jardines de Moncloa. Y esas dificultades tienen que ver, en realidad, con que el Gobierno de coalición tiene dos almas en su interior, muy diferenciadas, lideradas (¿a su pesar?) por Nadia Calviño y Pablo Iglesias.