Sánchez sostiene a Marlaska para que su cese no arrastre judicialmente al Gobierno por el 8-M

El problema se está centrando en Fernando Grande-Marlaska. Este martes se llegó a rumorear incluso que acabaría fuera del Gobierno, vía dimisión -que está harto- o vía destitución -la carta desnuda su mentira sostenida-. Pero la realidad es que el ministro de Interior no puede caer. Y no ya tanto porque Pedro Sánchez no esté en disposición de mostrar debilidad en plena crisis socioeconómica, sino porque su cese en el cargo arrastraría judicialmente a todo el Ejecutivo con él.

Y es que toda la zozobra mal gestionada por Marlaska y su equipo tiene origen en aquella primera semana de marzo que acababa en el domingo de la mujer, y sus consiguientes marchas del 8-M. Y es la responsabilidad penal del Gobierno en no suspender los actos de aquel día la que se está investigando en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid.

El Gobierno de coalición se autodefinió como "feminista" en su toma de posesión. Así, las grandes movilizaciones de aquella jornada suponían una reivindicación ideológica y, además, una capitalización del movimiento para PSOE y Unidas Podemos. Tanto que incluso, recuérdese, las dos formaciones acudieron por separado a la marcha de Madrid.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, en el Senado. Efe

Si cae Marlaska es tanto como admitir que su Ministerio quiso injerir en la labor de la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid. Esta imputación de José Manuel Franco -a la sazón, líder del PSOE en la capital- es por prevaricación administrativa, es decir, por permitir los actos multitudinarios del 8-M aun sabiendo de su riesgo para la salud.

Si sólo un vídeo robado a Irene Montero "apuntaló" la credibilidad del informe de la Guardia Civil que sustenta las acciones judiciales contra Franco, la caída del ministro sería admitir que quiso interceptarlo... y un argumento de peso para alimentar la acusación penal contra el Ejecutivo. 

Las advertencias

A pesar de que ya el 29 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había reclamado "evitar aglomeraciones"; pese a que el 2 de marzo el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), recomendaba "distanciamiento social", "comunicación de riesgos" a la población, "evitar concentraciones masivas" con "medidas organizativas tales como la cancelación o aplazamiento de eventos"... el Gobierno mantuvo la convocatoria.

Esa semana había sido especialmente movida, con peleas a puerta cerrada entre los responsables del Ministerio de Sanidad y la Consejería madrileña del ramo. La Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso incluso recomendó "que se eviten los lugares con aglomeración de personas, como eventos multitudinarios o medios de transporte públicos en hora punta" y suspendió las actividades de los centros de mayores. Y comunicó al departamento de Salvador Illa sus decisiones 24 horas antes de la manifestación... pero la Delegación del Gobierno no canceló la convocatoria.

Toda esta información está incluida en el informe elaborado por la división de Policía Judicial de la Guardia Civil a requerimiento de la juez del 51 de Instrucción de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. Bajo el nombre de Operación sanitario, los agentes elaboraron un documento de 81 páginas [consúltelo aquí] que está en el centro de toda la polémica.

Mentira aquí o allí

Por un lado, el informe es la base por la que la magistrada concluyó que debía investigar por un presunto delito de prevaricación administrativa al delegado del Gobierno en la capital. Y por otro es el trabajo que provocó el lunes 25 de mayo la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid... y el martes 26 la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, Laurentino Ceña... y al día siguiente el cese fulminante del general Fernando Santafé.

Es decir, toda la crisis en la cúpula de la Benemérita que originó la sucesión de explicaciones contradictorias que han puesto al ministro en el punto de mira. O no dijo verdad hace una semana o no la dijo este martes. No hay otra, y pillar a un ministro en mentira flagrante es difícil de sostener:

Marlaska calificó apresuradamente de "proceso natural de sustitución fomentado en la confianza" cuando improvisó su presencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del día 26. Lo que luego desvió en acusaciones a la oposición de "utilización" del cuerpo, el día 27 en el Congreso.

Lo que terminó de pillarle los dedos, el 29 de mayo, viernes, fue su respuesta a Fernando Martínez Maíllo (PP) en la comisión de Interior del Senado: "Ni yo ni nadie del Ministerio ni la Dirección general de la Guardia Civil ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe".

Sobre todo, cuando EL ESPAÑOL y otros medios publicaban este martes la carta de destitución del coronel en la que María Gámez, directora de la Guardia Civil, justifica la medida "por no informar del desarrollo de investigaciones".

Quién ha dicho "8-M"

Lo que necesita Moncloa es que el ministro se mantenga como pararrayos mientras escampa la tempestad. Fuentes del Gobierno dan por hecho que no habrá caso legal finalmente contra Franco. Demostrar un delito con pruebas consistentes basadas en una no actuación, explican, es prácticamente imposible. Más allá de que la postura oficial del Gobierno es que en esa semana no había datos como para haber cancelado los actos multitudinarios de aquel fin de semana.

"Hubo fútbol, hubo conciertos, hubo una asamblea de Vox en Vistalegre y, sí, hubo manifestaciones por el Día de la Mujer", explican portavoces del Ejecutivo, "no se puede culpar al feminismo". Según estas fuentes, "la derecha manipulará un vídeo o hará cualquier cosa para atacar al movimiento feminista. Atacan al Gobierno, porque su objetivo es el feminismo".

José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Chema Moya Agencia EFE

Pero lo cierto es que el informe de la Guardia Civil y la juez Rodríguez-Medel no persiguen al feminismo, ni se centran en los actos del 8-M, ni en esa fecha. Ambos, el documento que le costó el puesto a Pérez de los Cobos por negarse a informar de él, y la magistrada recaban información para averiguar si la Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro de reuniones y manifestaciones en esa semana y no lo hizo.

Que la razón sean las marchas feministas sólo lo han dicho los políticos. Entre ellos, los del Gobierno, para defenderse. Y para eso, Marlaska sigue siendo necesario en su puesto.