La llegada de Irene Montero al Ejecutivo significó la reconversión de la Secretaría de Estado de Igualdad en Ministerio. Y con ello, la creación de una estructura para dotar a la nueva cartera del personal necesario en un departamento que se centra en las políticas feministas pero que las quiere ampliar, hasta lograr "una visión transversal de género" en toda la acción del Gobierno. Y no sólo eso, a la ministra el concepto "violencia de género" se le queda pequeño y ha puesto a todo el funcionariado, cargos políticos y asesores a trabajar en las "violencias machistas".

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Entre anuncios políticos, vídeos de autopromoción y comparecencias en el Congreso, ni Irene Montero ni su delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han firmado los pliegos del nuevo contrato del teléfono 016 de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Y ya se le ha pasado el plazo: el adjudicatario actual, la empresa Servicios de Teleasistencia, S.A. (Atenzia) cumple el 16 de junio su última prórroga legal.

El problema es que esta revolución ideológica -que, todo hay que decirlo, reúne el consenso o como mínimo la simpatía de grupos parlamentarios más allá de los propios del Gobierno- ha paralizado el normal funcionamiento administrativo

El despacho de Rosell, al menos por ahora, seguía esencialmente igual que antes del desembarco de Unidas Podemos en la Administración General del Estado. Pero la magistrada ha desembarcado en un mal momento, porque las cifras de mujeres asesinadas se han disparado de manera alarmante: este mismo miércoles se han contabilizado dos víctimas más, y ya son 13 en lo que va de año, con lo que se agudiza el alza de un 20% respecto a los últimos años de gobiernos del PP del que ya dio cuenta este periódico hace un mes.

Seis meses mínimo

Pero a esa emergencia se añade la parálisis técnica que se ha apoderado del Ministerio, al que se le ha pasado la fecha de renovación del 016, incluso si tira de la prórroga forzosa de tres meses a la que puede acudir la Administración en los casos excepcionales de que un contrato esencial no se adjudique a tiempo. Lo que nos llevaría a mediados de septiembre.

Según ha sabido este periódico, la documentación aún está siendo redactada, por lo que en el mejor de los casos no pasará a la revisión de los servicios jurídicos del Ministerio antes de dos o tres semanas. Y aún faltaría la firma de la ministra. Y sólo después, según las fuentes técnicas consultadas en Hacienda, ya vendría el inicio de los trámites públicos con la subida a la web oficial para los licitantes.

Ésta es la Plataforma de Contratación del Sector Público, una herramienta unificada de todas las administraciones para que los aspirantes a cualquier contrato se informen y acudan a los concursos. Aún no ha publicado siquiera el Anuncio Previo de la nueva convocatoria para la gestión del 016. Como se ve en la captura de pantalla, más abajo, no hay ningún expediente nuevo desde el 23 de diciembre, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aún estaba en funciones.

Ningún expediente desde el 23 de diciembre en la Secretaría de Estado de Igualdad, según la Plataforma de Contratación del Sector Público. E.E.

Cualquier iniciativa de este tipo, sujeta a regulación armonizada, se somete a un proceso que se prolonga necesariamente un mínimo de seis meses, si no más con el verano entre medias. Por lo que la adjudicación nunca llegaría antes de octubre.

"Servicio indispensable"

De hecho, el último proceso para el Servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, con número de referencia 201722PA0002, se lanzó a información pública el 20 de diciembre de 2017, y no se terminó de resolver hasta el 17 de junio de 2018 [como se puede ver en el enlace adjunto]. Y eso que iba por la vía de procedimiento acelerado, de manera justificada, "por ser un servicio indispensable" [compruébelo aquí].

Expediente 201722PA0002, para el Servicio 016, abierto el 20 de diciembre de 2017 y resuelto el 17 de junio de 2018. E.E.

El contrato se adjudicó a la única empresa que acudió al concurso, Atenzia, una pyme que se comprometió a gestionar durante un año uno de los servicios clave en la respuesta temprana a las situaciones de violencia de género a cambio de 867.767,77 euros (sin impuestos). Según los datos aportados por la ministra en sede parlamentaria, "desde su implantación hace 12 años, hasta 612.924 mujeres han pedido información o ayuda al 016".

En su comparecencia en la Comisión de Igualdad, y en este mismo apartado de lo que ella llama "políticas de supervivencia", Montero anunció que el objetivo es, en su mandato, incluir "otras violencias machistas, no contabilizadas hasta ahora", y que para eso estaban trabajando en "mejores indicadores con datos precisos".

Una solución alegal

Según ha podido saber este periódico, eso ha significado que los pliegos, que se estaban preparando ya con premura a finales de 2019, se paralizaron a la espera de la llegada del nuevo equipo. Y desde su toma de posesión, la segunda semana de enero, con el cambio de criterios, no se ha avanzado nada.

Como conclusión, a la vuelta de verano y tras acudir al procedimiento de prórroga forzosa impuesta a Atenzia desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género por tres meses, el 016 dejará de funcionar durante semanas, salvo que se arbitre una solución alegal. Algo que ya se vio obligado a inventar el Gobierno del Partido Popular en el último proceso, ya citado en esta información.

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. ADP

El 9 de enero de 2018, EL ESPAÑOL informaba de que el 016 se iba a convertir en un servicio que también incluiría consejos y prevención de la violencia para hombres e incluso información para hombres en proceso de separación. El "error imperdonable" fue subsanado por una orden política procedente de la Secretaría de Estado, aun a sabiendas de que esa decisión posponía la renovación del contrato y habría que negociar con la empresa Arvato Qualytel, la entonces adjudicataria.

La redacción de los pliegos en esos términos por los servicios internos y la consiguiente rectificación retrasó un mes todo el proceso. "Hubo que reunirse con el contratista", explica una fuente que estuvo implicada en el procedimiento, "y acordar que ellos siguieran asumiendo el trabajo... la factura se pasó directamente por Consejo de Ministros".

Pero ese método nada ortodoxo, fuera de la regulación -aunque necesario para no dejar ni un día de ofrecer este "servicio indispensable"- podría servir de ejemplo. Las soluciones de emergencia del PP ahora pueden ayudar a Podemos.