Después de prometer el cargo y recoger la cartera el lunes, vino el Consejo de Ministros del martes. Allí ya se empezaron a nombrar oficialmente secretarias de Estado y directoras generales. Así que, llegado el miércoles, tocaba empezar a trabajar de ministra.
Pero Irene Montero no se estrenó como se esperaba. A la primera sesión de las Jornadas 'Violencia de género: estrategias y retos', organizadas por Cruz Roja, asistía la Reina Letizia. Y, como siempre que uno de los monarcas participa en un acto oficial, debe ser acompañado por un miembro del Gobierno. Y fue el de Sanidad, Salvador Illa, no Irene Montero, la de Igualdad.
La ausencia de la nueva ministra creó polémica por tratarse de un acto con la Reina, a cuyo esposo, Felipe VI, le dedicó tuits ofensivos, agresivos y hasta amenazantes en su pasado como activista y política en ciernes. Pero sobre todo, porque la lucha contra la violencia machista pasa por uno de sus peores momentos desde la llegada de las izquierdas al poder, en junio de 2018. En ese tiempo, el número de mujeres asesinadas ha crecido un 20% respecto a los 18 meses anteriores.
¿Cómo es esto, si se han inyectado ya los 200 primeros millones del Pacto de Estado? ¿Cómo se ha invertido así la tendencia a la baja en las estadísticas que presentaba el Gobierno del PP? Ése es el verdadero mal estreno de la ministra Montero. Desde su equipo contestan que están "manos a la obra" para tomar las riendas del nuevo departamento y cumplir los objetivos.
De 17 víctimas a 30
El 31 de julio de 2018, menos de dos meses después de asumir la Presidencia tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, una de las primeras medidas de Pedro Sánchez fue la de acordar con las Comunidades Autónomas el reparto de los primeros 100 millones de euros de dotación presupuestaria para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado un año antes en el Congreso. Era una de las obsesiones del nuevo presidente y una demostración de su compromiso con las políticas sociales y, especialmente, con las políticas feministas.
La ley marca que cada ejercicio sean 200 millones de euros los que se liberen para mejorar la atención de las mujeres víctimas, dotar de mejores medios a las casas de acogida, mejorar la inserción sociolaboral de las víctimas, aumentar la formación policial, judicial y de las asistencias sociales, hacer campañas de sensibilización... El Estado se comprometió a poner otros 80 millones y los Ayuntamientos otros 20.
Estadíasticas de víctimas de violencia machista a 30 de junio y 31 de diciembre de 2018.
Sin embargo, la llegada de un dinero que las asociaciones exigían como imprescindible para "tomarse en serio el terrorismo machista, un problema que es de toda la sociedad" no ha servido para continuar la senda decreciente de número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Al contrario, tras el cambio de Gobierno en la mitad de 2018, las cifras se duplicaron: de 17 víctimas en el primer semestre se pasó a 30 en el segundo.
Un homicidio a la semana
Aun así, 2018 se cerró con la cifra más baja de la serie histórica, que comienza en 2003, un año antes de la promulgación de la primera ley integral contra la Violencia de Género, con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
La sensación es que la lucha contra esta lacra no ha sido efectiva desde entonces. Pero las terribles cifras sí que han ido en descenso, al menos las que abren titulares, que son las que acaban con resultado de muerte. Si al inicio de la serie, la media rondaba las 70 mujeres asesinadas al año, hasta 2018 nos movíamos en unas 50: un espanto de un homicidio a la semana, pero casi un 30% menos que 15 años atrás.
Este domingo, nos despertamos con un nuevo caso de asesinato machista, esta vez en Tarrasa, donde un mosso presuntamente ha matado a su expareja con su arma reglamentaria. Ya son tres en tres semanas... En todo caso, Montero explicó que su ausencia del acto con la Reina se debió a cuestiones de agenda. Estaba previsto para la ministra de Sanidad saliente, y acudió quien hoy ocupa la cartera: "No habría tenido ningún reparo en ir yo", explicó. Fin de la discusión.
La inversión de la prueba
"Pero son estadísticas maquilladas", opina Helena Echeverri, abogada experta en derecho matrimonial y defensora de "hombres maltratados". Según ella, la ley de 2004 ha ayudado sin duda en este camino, pero ha creado una cultura "perversa" que ha invertido la carga de la prueba en dos fases. La primera, "discriminando al hombre heterosexual" que ha pasado a "ser culpable hasta que se demuestre lo contrario". Y la segunda, consecuencia de la primera, desamparándolo ante las denuncias falsas.
"Es prácticamente imposible demostrar lo que no existe", apunta. Y, por tanto, la parte benéfica de la ley que contempla una protección temprana de la denunciante "implica una serie de medidas cautelares contra el denunciado". Así, explica, al mismo tiempo que la defensa reforzada de la mujer respecto del hombre pareja o expareja "hace que ellas accedan a casas de acogida y asistencia social y letrada con la simple calificación por parte de un funcionario -"siempre es funcionaria", aclara-, ellos pasan a perder derechos. "Y eso es muy grave, por ejemplo, en casos de separación, sobre todo con hijos de por medio".
Echeverri se rebela también contra las estadísticas de denuncias falsas. "Hay demasiadas que no tienen castigo, bien porque no llegan a juicio bien porque es casi imposible demostrar el dolo y la causa se sobresee". Por su experiencia, asegura que "los fiscales tienen orden expresa de no deducir testimonio y no proceder contra una mujer cuya denuncia se demuestra mentira mientras se le está juzgando a él".
El uso "partidista"
Entonces, ¿hay que hacer caso al discurso de Vox? ¿Hay que derogar la Ley de Violencia de Género y enfocar esta lacra de una manera general, con una norma de violencia intrafamiliar? El exsecretrario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad durante el último Gobierno del PP, Mario Garcés, lo rechaza. "Ésta es una realidad, es un hecho, la de género es una violencia específica", apunta. "Pero es un asunto muy complejo, que no se puede abordar con sesgos ideológicos".
Garcés, eso sí, lamenta el "uso partidista" de la violencia de género por parte de la izquierda. "Cuando estábamos en el Gobierno, Pedro Sánchez utilizaba cada muerte para echárnosla en cara".
Le cuesta jugar con los datos, a pesar de que parece sentirse orgulloso de su trabajo en la Secretaría de Estado -"hicimos mucho, con muy buena relación con las asociaciones, y las cifras bajaban..."-, pero sí sale su indignación cuando la política partidista entra en este ámbito. "Cada caso de mujer asesinada es terrible, pero que encima te culpen personalmente... claro, que ahora que mandan ellos culpan a Vox".
Lo cierto es que son muchas las voces que denuncian la inconstitucionalidad de la ley. Sin ir más lejos, hace pocos meses, el histórico socialista Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno durante una década en los gobiernos de Felipe González, denunció públicamente que el Tribunal Constitucional "recibió terribles presiones" para dar su visto bueno a Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Cuando Sánchez estaba dibujando la estructura de su nuevo Gobierno de coalición y se supo que Irene Montero ocuparía la cartera de Igualdad, la pregunta era si su Ministerio se haría cargo de acabar con todo tipo de desigualdades, como un ente subordinado directamente a la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, o sería sólo un departamento feminista.
La respuesta quedó clara en el BOE del lunes 13 de enero, que especificaba sus funciones: "Propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de igualdad y de las políticas dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de toda forma de discriminación". De ahí la extrañeza cuando Montero estaba siendo entrevistada en La Sexta a la hora en la que la Reina inauguraba las primeras jornadas sobre violencia de género con ella de ministra. Viendo las cifras, el reto es de urgencia.