La presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue adelante en su idea de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por la puesta en marcha de medidas del Real Decreto Ley para ahorrar energía, que entrará en vigor este viernes.

Imposición de medidas sobre competencias que no son del Ejecutivo, que no exista una falta de gas en España o la duración de la norma son algunos de los puntos por los que la Comunidad de Madrid considera que el Real Decreto Ley (RDL) es "anticonstitucional".

Madrid lleva una semana denunciando que la normativa invade sus competencias y es ahí donde centra la gran parte de sus reclamaciones.

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En un comunicado, la región crítica al Gobierno, que alegue que la normativa tiene un carácter básico, y debe de invadir competencias regionales, por garantizar el suministro de gas. Un suministro que, según la Comunidad de Madrid, "el mismo RDL afirma que no tiene España".

La región extiende este argumento para rechazar la extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo. "Excede la necesidad del RDL".

"Si lo que se pretende es el ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?", se pregunta la comunidad.

Además, Madrid reincide en que el acuerdo europeo no es de obligado cumplimiento y, consiguientemente, la norma emitida por el Ejecutivo central no tiene por qué ser de "carácter básico".

Covid-19

La Comunidad, que ha sido bastante laxa a la hora de aplicar medidas contra la Covid-19, 'tira' de la situación excepcional de la pandemia para rechazar la normativa. Alega que el cierre de puertas y locales choca "con la normativa de Salud Pública dictada por la pandemia que establece la necesidad de ventilación".

Del mismo modo, Madrid asegura que la necesidad de instalar cartelera y pantallas (medida que entrará en vigor a finales de mes) "no contribuye directamente al ahorro" e "invade competencia sin justificación".

La iluminación de escaparates a las 22.00 horas es una de las medidas que más ha disgustado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, asegura que la ley colisiona directamente con la de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir 24 horas al día. La duda de la región es cómo va a abrir una tienda si el escaparate debe estar apagado.

Lo mismo que ocurre con la iluminación de edificios públicos que, según el equipo de Ayuso, chocaría con la competencia de la región y "el desarrollo turístico".

La ley del Gobierno de Sánchez contempla adelantar la inspección de eficiencia energética de las instalaciones, algo que "podría exceder las bases estatales" puesto que la periodicidad de estas revisiones no "tiene carácter básico".

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La duración del decreto y su "defectuosa configuración del régimen sancionador" también son razones suficientes para la Comunidad a la hora de llevar el decreto ante el Constitucional.

La región reprocha a Sánchez prever una duración de la norma de más de un año cuando la duración de las medidas europeas es de 12 meses, ni uno más.

Tras los dos varapalos que el Ejecutivo nacional recibió por parte del Tribunal Constitucional a la hora de invalidar el Estado de Alarma, Ayuso tira de retórica.

Se pregunta si la "defectuosa configuración del régimen sancionador puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad en las sanciones, como sucedió en los estados de alarma de la Covid-19".