El Estado no recurrirá el fallo sobre Meirás que recoge el derecho de los Franco a ser indemnizados

La Abogacía del Estado no recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña que establece que, si bien el Pazo de Meirás es propiedad del patrimonio público y debe ser devuelto, los herederos de Francisco Franco tienen derecho a ser indemnizados por los gastos de mantenimiento del inmueble desde 1975.

Así, y según han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia a Europa Press, no se presentará ningún recurso al entender que el fallo es "favorable" a los intereses del Estado, por lo que esperará a que los Franco pongan sobre la mesa una cifra "y sobre esa cantidad se valorará".

Mientras tanto, el abogado de los herederos del dictador, Luis Felipe Utrera-Molina, ha confirmado que ya está trabajando en un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a la vez que ha cifrado en un importe "sensiblemente superior a los 800.000 euros" la cantidad desembolsada solamente para "la reconstrucción" del Pazo de Meirás, una cifra que crecerá de forma "muy considerable" al incluir otros gastos de conservación, "impuestos incluidos".

Más allá de la cuestión concreta de la indemnización, los Franco entienden que la sentencia de la Audiencia Provincial "incurre en serias contradicciones en sus valoraciones jurídicas", por lo que "siguen confiando en que la Justicia les dará la razón", recuperando así el inmueble.

El Ayuntamiento de Sada -en el que se encuentra el Pazo de Meirás- ya ha anunciado su intención de presentar un recurso, toda vez que no comparte el contenido de la sentencia en el apartado en que no se aprecia "mala fe" por parte de los herederos del dictador a la hora de conservar el inmueble, toda vez que "no se atisba la razón por la que debieran ser conscientes de la irregularidad de su adquisición".

En este mismo sentido se ha pronunciado el BNG, que a través de su diputado en el Parlamento de Galicia Luís Bará ha denunciado que la sentencia de la Audiencia Provincial "despide un insoportable tufo franquista" y ha registrado una iniciativa para instar a la Xunta de Galicia a presentar un recurso.