Eduardo Zaplana acude al juzgado de guardia tras quedar en libertad provisional.

Eduardo Zaplana acude al juzgado de guardia tras quedar en libertad provisional. EFE

Comunitat Valenciana CASO ERIAL

Las 7 rarezas que convierten el juicio de Eduardo Zaplana en un caso de película

El 'caso Erial', uno de los mayores escándalos de los últimos años, llega a juicio y el expolítico del PP denuncia una instrucción "inquisitorial".

11 octubre, 2022 02:43
Valencia

Eduardo Zaplana irá a juicio por el supuesto cobro de comisiones millonarias por los contratos de las ITV y el Plan Eólico valenciano. La juez ha dejado listo el caso Erial para ser juzgado y la Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión para el exministro, la pena más elevada que se ha solicitado jamás para un expolítico en Valencia. La vista se prevé que empiece a partir de 2024.

El exministro del PP reiteró este lunes su inocencia y lamentó en un comunicado los siete años de instrucción "inquisitorial". El caso es uno de los mayores escándalos de los últimos años, aunque sigue siendo increíble para muchos.

Todo empezó por unos papeles que guardaba un confidente árabe del CNI y continuó con las declaraciones de dos de los expertos en evasión fiscal más cotizados entre las grandes fortunas de todo el mundo a cambio de inmunidad. Estas son las siete rarezas que convierten el juicio de Zaplana en un caso de película.

[Anticorrupción pide 19 años de prisión a Eduardo Zaplana por el supuesto cobro de comisiones]

1.- El imán y los papeles

El caso Erial empezó después de que Marcos Benavent, el autodenominado yonki del dinero, pusiera a disposición de la Fiscalía Anticorrupción unos papeles relacionados con Zaplana que le entregó en 2007 un imán sirio, Imad Al Naddaf Yalouk, con nacionalidad española y afincado en Valencia.

El imán habría encontrado la documentación escondida en un falso techo al hacer obras en su casa, en el edificio de La Pagoda de la plaza Legión Española de Valencia, una vivienda que con anterioridad había pertenecido al exministro. Se trataría de esquemas hechos por el propio Zaplana y que presuntamente recogerían movimientos ilícitos de dinero.

El imán vio que se trataba de documentos muy delicados y se los entregó a Benavent. Ambos mantenían una buena relación desde que coincidieron buscando patrocinadores para el Valencia CF. Imad se los dio para que los custodiara e hiciera lo que creyera conveniente con ellos.

Siete años después del hallazgo, en 2014, la Fiscalía Anticorrupción inició la investigación por la corrupción en la empresa pública Imelsa, de la que Benavent era gerente. El yonki del dinero, acorralado por la Guardia Civil, se entregó a las autoridades judiciales.

Los casos se investigan por separado y no tienen nada que ver el uno con el otro, pero Benavent puso a disposición de la Fiscalía los documentos de Zaplana. En aquel momento declaró que se los quedó como garantía por si "algún día me venían bien".

Aquel hallazgo, propio de una película policiaca, es el núcleo de la Operación Erial, y finalmente provocó la detención del expolítico en 2018.

2.- El bulo del altillo

Las primeras informaciones apuntaban a un falso techo, pero, en realidad, el altillo nunca existió. El ciudadano sirio aclaró que los encontró en un sobre muy fino escondidos en el lateral de una caja fuerte que estaba en la habitación principal.

Esta teoría ha sido contestada recientemente por una agencia de detectives privados contratados por Zaplana. Los detectives basan la conclusión de su informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en una entrevista mantenida con el segundo de los compradores del domicilio valenciano en el que antes había residido el político. El primero, que se lo adquirió a Zaplana en 2006, nunca llegó a vivir allí.

[Investigadores privados afirman que nunca existió el altillo donde se hallaron las pruebas contra Zaplana]

Este segundo comprador adquirió el piso en 2008 y confirmó a los detectives "que no existía ningún tipo de altillo en la vivienda, descartándose así que los documentos pudieran haber sido encontrados en ese lugar.

Además, el informe alerta de que Al Naddaf aseguró que encontró la carpeta en el año 2007, pero, de acuerdo con los investigadores privados, no comenzó a residir en el piso hasta septiembre de 2008.

Zaplana no entregó el informe de los detectives al juzgado y no forma parte del sumario.

3.- El CNI y Villarejo

Desde el año 2000, el imán era delegado del Centro Islámico de la ciudad para, posteriormente, convertirse en presidente de la Federación Consejo Islámico Valenciano (FCIV). Los compradores del piso en el que se hallaron los papeles de Zaplana nunca han declarado ante la juez.

Las defensas del caso Erial están convencidas de que el dirigente islámico fue colaborador y fuente activa del CNI, debido a los contactos de su organización religiosa con diversos países que están en el punto de mira de la inteligencia española.

El excomisario José Manuel Villarejo fue el primero en vincular al Centro Nacional de Inteligencia con este líder musulmán. El polémico policía jubilado aseguró en el Congreso de los Diputados, en la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, que "el CNI utilizó a un confidente sirio" para "destruir" a Zaplana.

Villarejo comparece en la comisión del Congreso de los Diputados.

Villarejo comparece en la comisión del Congreso de los Diputados.

A preguntas del portavoz del PP, Luis Santamaría, Villarejo indicó que los gobiernos socialistas le pidieron utilizar los medios de su entramado empresarial (el grupo Zenit) para poner en marcha la investigación del caso Gürtel, el caso Malaya, el caso Erial y el caso Brugal como "operaciones políticas" contra el PP.

"Hubo interés en destruir a Eduardo Zaplana, se usó a un informador sirio que era confidente del CNI", detalló Villarejo. La defensa del exministro intentó que el excomisario declarase en sede judicial sobre este asunto, pero la juez lo denegó.

4.- Declaración 'con resaca'

Hace cinco meses, Marcos Benavent se sometió al primero de los juicios en los que figura como acusado por el caso Imelsa. En un giro de los acontecimientos, declaró por primera vez que delató a políticos y empresarios valencianos en 2014 "presionado" por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

Desde un principio, el exgerente de Imelsa colaboró con los investigadores, entregó documentación y ratificó 10 horas de grabaciones en las que se escucha a diversos dirigentes del PP valenciano contando el dinero obtenido en mordidas. Pero cambió de estrategia en el juicio y denunció presiones de la Guardia Civil.

Respecto a Zaplana, desveló que declaró con resaca tras pasar toda una noche de fiesta: "No estaba en condiciones. Estuve toda la noche sin dormir con unos amigos".

Según su testimonio, existía un guion establecido por la Guardia Civil y "la cuestión era perjudicar a toda la mayor gente posible, ya fueran políticos, empresas, personas, partidos, etc. A todo el mundo. Cuanto más grande fuera esto, mejor para todos".

Anticorrupción solicitó dejar constancia de las diferentes declaraciones que había prestado Benavent en el juzgado. En ellas aseguraba que no había recibido coacciones ni amenazas por lo que narraba.

Marcos Benavent, en 2016, tras declarar en los juzgados por el caso Imelsa.

Marcos Benavent, en 2016, tras declarar en los juzgados por el caso Imelsa. EFE

La Audiencia de Valencia todavía no ha hecho pública la sentencia del juicio en el que Benavent cambió de versión.

5.- Los poderosos Cotino

Más allá de cómo se obtuvieron los papeles, lo cierto es que se convirtieron en una valiosa prueba y un investigador de la Guardia Civil logró descifrar su contenido.

El rastro que había dejado el clan del exdirector general de la Policía Juan Cotino, una de las familias más poderosas de Valencia, permitió llegar a los indicios que sostienen el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra Zaplana.

La familia Cotino fue una de las grandes beneficiadas de la adjudicación del Plan Eólico valenciano y las ITV, los dos concursos que están bajo sospecha judicial. Ganaron más de 86 millones de euros con la reventa del contrato, "por lo que pudieron permitirse el pago de altas comisiones", dice la juez.

Los Cotino habrían creado parte de "la estructura societaria para obtener en una primera fase la adjudicación amañada de concesiones públicas de acuerdo con la organización liderada por Eduardo Zaplana y que daba el soporte político e institucional para conseguir sus propósitos".

Esta supuesta relación societaria entre ambos dirigentes del PP también llama la atención por su histórica rivalidad. La de Eduardo Zaplana y Francisco Camps es la madre de todas las batallas políticas de Valencia. Cotino había sido uno de los principales apoyos y sostenes en los titubeantes inicios del segundo y a muchos dirigentes del PP les resulta increíble que compartiera negocios.

6.- La sobrina de Paesa 

Los espías no podían faltar en un guion policiaco. La trama creó una estructura societaria en España y Luxemburgo, que dependía de los sobrinos de Juan Cotino, los hermanos Vicente y José Cotino, para supuestamente pagar comisiones a Zaplana y su sucesor en el cargo, José Luis Olivas.

La persona que administraba la mercantil era Beatriz García Paesa, abogada de origen español y sobrina del célebre espía Francisco Paesa. La empresa se constituyó con un capital de 607.000 euros que fue abonado en metálico por Juan Cotino durante su etapa como director de la Policía Nacional, según alegó en su declaración la propia García.

Juan Cotino, fallecido en 2020 por Covid, en las Cortes Valencianas.

Juan Cotino, fallecido en 2020 por Covid, en las Cortes Valencianas. EFE

Su tío se las sabía todas. Había sido agente secreto del Estado y tuvo un papel clave en el caso Roldán, uno de los mayores casos de corrupción de España. Ella se instaló en Luxemburgo y ahora se dedica a asesorar a empresas en el extranjero.

Al parecer, la empresa se conformó "de forma velada" dentro de la estructura de Sedesa, "otorgándole participación indirecta en las sociedades que gestionaban los servicios relacionados con la ITV y Proyectos Eólicos Valencianos SA". 

Beatriz García Paesa mantuvo el primer contacto personal con colaboradores de Zaplana el 24 de mayo de 2006 en el restaurante La Dorada de Madrid. En esa misma fecha, el expolítico se reunió en el Hotel Cuzco de Madrid con ellos para darles instrucciones, según ha concluido ahora Anticorrupción, pues en aquel momento desempeñaba un cargo público. Zaplana era el portavoz del PP en el Congreso.

7.- El pacto del testaferro

Hay un testigo clave en este caso y su declaración fue determinante para prolongar nueve meses la prisión provisional de Zaplana pese a los problemas de salud que arrastra. Se llama Fernando Belhot y es un abogado de Uruguay considerado por los investigadores como su testaferro.

La declaración de Belhot se produjo el pasado 25 de enero de 2019 por videoconferencia y en ella aseguró que Zaplana escondía 6,4 millones de euros en Suiza. Lo hizo a cambio de inmunidad, algo que la ley permite, y de no figurar tampoco como investigado. La declaración se realizó telemáticamente "para evitar cualquier tipo de presión o intento de influencia", justificó entonces el Ministerio Publico.

[Eduardo Zaplana niega que el dinero hallado en Suiza sea suyo y pide declarar ante la juez]

Previamente, el fiscal Anticorrupción viajó tanto a Uruguay para verse con Belhot como a Luxemburgo para entrevistarse con García Paesa y convencer a estos ingenieros financieros de prestar declaración. La supuesta implicación del abogado era evidente y la Guardia Civil montó un dispositivo de vigilancia y grabó varios encuentros con el expolítico en Madrid.

El abogado uruguayo Fernando Belhot.

El abogado uruguayo Fernando Belhot.

El testimonio de uruguayo es la más importante prueba de cargo y ha permitido llegar hasta el dinero. Los informes de la Guardia Civil, de hecho, se apoyan en los detalles ofrecidos por este profesional de la "optimización fiscal" y experto en evasión fiscal. 

Belhot facilitó sin reparos el número de cuenta en Suiza donde estaba el dinero y la juez dejó en libertad provisional a Zaplana. Como el exministro ha asegurado que el dinero no es suyo, los 6,4 millones de euros están retenidos por el juzgado sin que nadie los haya reclamado hasta ahora. La Fiscalía ha pedido que el dinero vaya a parar al Estado.