La juez aboca a juicio a Zaplana acusándole de cobrar mordidas a cambio de contratos públicos

La jueza del caso Erial ha dado por concluida este jueves la investigación contra Eduardo Zaplana y ha abierto el camino para enviar al exdirigente del PP al banquillo de los acusados. El juzgado acusa al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo de José María Aznar (PP) de liderar una supuesta trama internacional de corrupción que logró ocultar en el extranjero al menos 6,4 millones de euros.

Según consta en el auto que resuelve la fase de instrucción, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la magistrada ha concluido que "existen indicios de que nos encontramos ante una organización formada por personas que aprovechándose, algunas de ellas, de los cargos políticos que ostentaban en el momento de los hechos, o que habían ostentado (...) facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos".

El auto no es firme y las defensas pueden presentar ahora recurso. En total, la jueza ha procesado a 20 personas y archiva el caso para la mujer de Zaplana y una de sus hijas, María Zaplana, al no quedar acreditado que conocieran el origen ilícito del dinero. Desde que se desarrolló la operación policial, en mayo de 2018, Zaplana ha negado los delitos por los que ingresó en prisión provisional.

Sin embargo, la resolución pone el foco en el papel del político alicantino. Según la jueza, "la conducta de los investigados, dirigidos por Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro, lo formaban un grupo cercano al mismo, por vínculos de amistad". Ese grupo estaba formado, fundamentalmente, por Joaquín Miguel Barceló, Francisco Grau Jornet, Juan Francisco García Gómez y su secretaria Misuko Flerida.

Mientras, los empresarios de confianza de la trama eran los propietarios del grupo Sedesa, de la familia Juan Cotino, fallecido en abril de 2020. 

Cuentas en Suiza

La juez explica que Eduardo Zaplana contrató los servicios de Fernando Belhot, el testaferro que confesó dónde estaba el dinero, "para que le administrase el dinero procedente de la actividad delictiva y que oculta en el extranjero, a través de sociedades uruguayas como Misleny SA y Disfey SA a las que llegaron los fondos de Imision Internacional", otra empresa pantalla gestionada en su momento por Beatriz Paesa, sobrino del histórico espía español, Francisco Paesa.

"Fondos que lo eran de las comisiones delictivas cuya procedencia y origen desconocían los nuevos gestores dado que profesionalmente se dedicaban a gestionar patrimonios", puntualiza el auto.

La juez explica que "la gestión encomendada por Eduardo Zaplana a Belhot, se basaba en la confianza, no suscribiéndose ningún tipo de contrato entre las partes, ni con Eduardo Zaplana ni con ningún otro cliente, dándose las órdenes de forma verbal para ocultar así al cliente y manteniendo no sólo reuniones físicas cuando se trasladaba Belhot a España, sino también telefónicas entre ambos".

A partir de ahí, se abrieron "cuentas en Suiza por parte de este administrador, pero siendo el dinero de Eduardo Zaplana". La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción hallaron en Suiza 6,4 millones de euros que han sido intervenidos por orden judicial.

Belhot y Zaplana mantenían relación desde el año 2009. Según declaró el uruguayo, pronto "se dio cuenta de que la figura protagonista era Zaplana y que le dijo que él tenía la mayoría de las empresas". En este sentido, señaló que el exdirigente del PP "no había querido aparecer como titular de dichos activos financieros porque había sido persona con actividad pública muy importante".

"Para esa finalidad de ocultación y transformación del metálico procedente de los sobornos" el grupo liderado por Zaplana habría constituido un puñado de sociedades pantalla, dice ahora la juez.

El auto cita como ejemplo que "la obtención por parte de Eduardo Zaplana de tan grandes beneficios le permitieron utilizar parte del dinero en bienes comprados a favor de su mujer e hijas así como donaciones". Y de hecho "se adquirió como ejemplo un vehículo abonando en su mayoría la compra Joaquín Barceló desde su cuenta personal con fondos procedentes de Costera del Glorio". 

En una de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, incluida en el auto notificado este jueves, Zaplana le pide a Belhot que intente sacarle dinero en metálico.

"Yo tengo mi sueldo, que es un buen sueldo… yo puedo sacar… que no pasa nada, pero no puede sacar cinco millones del primero porque no los tengo ahora porque me he metido en un problema, pero segundo, porque aunque los tuviera… tengo que decir aquí en España me van a decir ¿usted a dónde va?", comprometiéndose Belhot a ir entregándole cantidades cada mes y medio, ha concluido la juez.

En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha investigado, entre otras actuaciones, el supuesto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Tanto en el caso de la privatización de las ITV como en las concesiones del Plan Eólico aparecen como beneficiarias, casi siempre en unión temporal con otras mercantiles, empresas propiedad o participadas por Vicente y José Cotino, sobrinos de Juan Cotino.

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