El investigado que aportó la prueba inicial contra Zaplana dice ahora que fue un "montaje" contra él

Se trata de varios folios mecanografiados que detallaban la supuesta mecánica de cobro de comisiones ilegales del también expresidente valenciano. La versión oficial afirma que estos papeles fueron hallados por un confidente sirio del CNI, Al Naddaf Yaloud Imad, en el falso techo de una vivienda que este había alquilado (y en la que varios años antes, casualmente, había residido Zaplana).

Al Naddaf le habría dado los documentos a Benavent, y este, a su vez, al que entonces era su abogado, Ramiro Blasco, que los tenía en su despacho. Y fue en un registro a estas dependencias por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) cuando los documentos acabaron en manos de la Guardia Civil, que inició una nueva investigación independiente.

Marcos Benavent utilizó la expresión "montaje" al referirse al inicio del caso Erial, pero no precisó en su declaración, de alrededor de 25 minutos, si el supuesto montaje consistió en la creación de la propia prueba. Lo que sí defendió es que el mencionado registro en el despacho de su antiguo letrado fue irregular.

Además de pedir la nulidad del registro y denunciar un "montaje" contra Zaplana, Marcos Benavent afirmó este miércoles en el juzgado que llegó a declarar sobre el exministro "presionado" y "sin dormir", sin aportar más detalles al respecto.

En esta línea, Juan Carlos Navarro, el nuevo abogado de Benavent, ha solicitado formalmente la nulidad del registro. En concreto, considera que se produjo una "falta de tutela judicial efectiva, indefensión, falta de motivación" y una "falta de proporcionalidad" al acceder a las dependencias.

"Derecho de defensa"

También entiende que la intervención realizada le priva de su "derecho a un juicio con todas las garantías", y que incurrió en "prospectiva investigación". Asimismo, considera que se vulneró su "derecho de defensa" al arrebatarle documentación del despacho de su abogado defensor.

La nulidad solicitada tan solo afecta al caso Taula, nada tiene que ver formalmente con Erial. Pero a buen seguro será utilizada por la defensa de Eduardo Zaplana, tal y como hizo recientemente con las recientes declaraciones de José Manuel Villarejo.

Como informó este diario, el excomisario afirmó en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen del Congreso de los Diputados que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) utilizó a un confidente sirio para "destruir" al exministro, un testimonio en sintonía con lo afirmado este miércoles por Benavent.

Ambas manifestaciones permiten a la defensa de Zaplana aludir a la llamada 'doctrina del fruto del árbol envenenado', por la que deberían considerarse nulas las pruebas obtenidas de una actuación ilícita. Pero está por determinar si aquel registro, realizado en un momento de plena colaboración entre Benavent y la Justicia, fue realmente irregular.

Marcos Benavent, en una imagen de archivo. EFE

Fuentes de la investigación consultadas por este periódico destacan que el dueño del despacho y abogado al que se le practicó el registro, Ramiro Blasco, no ha planteado hasta la fecha reparo alguno a que se produjese dicha intervención, y que es él quien debería haber manifestado su disconformidad, no Benavent.

A su vez, subrayan que la posterior investigación ha logrado acreditar que los investigados del caso Erial poseían ingentes cantidades presuntamente irregulares en el extranjero.

Audios "manipulados"

Benavent, en cualquier caso, acudió realmente al juzgado para declarar sobre el caso Taula. Se trata de una investigación que él mismo ha respaldado durante años al validar las diez horas de grabaciones a responsables del PP que él realizó y que su exsuegro aportó al juzgado. Este miércoles, en cambio, aseveró los audios fueron manipulados y pidió la nulidad de los mismos. La nueva defensa del acusado, que colaboraba hasta ahora con la Justicia en esta causa, trata de desmontarla atacando la base de la misma.

En concreto, el letrado Juan Carlos Navarro expuso este miércoles que su representado ha pedido la nulidad sobre la base de tres factores. En primer lugar, que las grabaciones fueron manipuladas tanto por él como por Mariano López, que era entonces su suegro y que fue quien las aportó a Fiscalía.

Manifestó al respecto que indujo a que se produjeran dichas conversaciones y que, además, las editó posteriormente. En dichos audios se aludía a prácticas ilegales relacionadas con varias administraciones públicas como la Diputación de Valencia, de la que dependía Imelsa.

En segundo lugar, Benavent aseguró en el juzgado que se rompió la cadena de custodia de las mismas, según expuso su letrado a los periodistas al término de la declaración. Por último, pidió la mencionada nulidad del registro realizado en el despacho de su anterior abogado, en el que se obtuvieron pruebas determinantes para el caso y también el documento que dio origen a la investigación del caso Erial.