Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano. EE

Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano. EE

Comunidad Valenciana TRIBUNALES

La querella contra Mónica Oltra por "encubrir" a su ex pide investigarla como se hizo con Paco Camps

Dos de los jueces que han de decidir la admisión avalaron la investigación al expresidente. Sus argumentos de entonces los usa ahora la acusación.

3 mayo, 2021 02:00
Valencia

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La exdirigente de Vox Cristina Seguí, a través de su asociación 'Gobierna-te', ha presentado una querella por prevaricación y malversación -entre otros delitos- contra la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. Lo ha hecho al considerar que intentó "encubrir los deleznables actos" cometidos por su exmarido.

Se trata de Luis Eduardo Ramírez Icardi, que fue condenado a 5 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor tutelada en el centro donde trabajaba como educador. "Una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella", concluyó la sentencia.

A 'Gobierna-te' la representa Delgado Abogados, el mismo despacho que defiende en varias causas al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. Y se da la peculiar circunstancia de que el bufete, en su objetivo de que sea admitida a trámite la querella contra la líder de Compromís, recurre a los argumentos utilizados en su día para investigar al dirigente del PP.

En su escrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que ha tenido acceso este diario, el abogado Vicente Tomás Martínez subraya lo que, a su juicio, es "doctrina arraigada de esta sala". Se trata del auto dictado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV en febrero de 2015 para la "admisión a trámite de la querella contra Francisco Camps" en el denominado Caso Valmor.

La investigación a un aforado (Camps en su día, ahora Oltra) exige que se cumplan dos aspectos muy concretos. Por un lado, "la concreción del factum respecto de la persona aforada" -que se precise con meridiana claridad el presunto delito cometido-; y "la presencia de algún indicio o principio de prueba" que la implique directamente.

Ferrer y Torres, protagonistas de nuevo

Con estas mismas palabras defendió el auto de 2015 que procedía investigar a Francisco Camps. El escrito concluyó que existían claros indicios de que el entonces presidente había dado la orden de comprar la sociedad Valmor para la adjudicación de la Fórmula 1 en Valencia. Finalmente la causa fue archivada.

Se da además la circunstancia de que aquel auto lo firmó el magistrado Antonio Ferrer, que en esta ocasión es el juez ponente; y que el fiscal querellante de 2015 contra Camps fue Vicente Torres, ahora magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que ha de decidir si se investiga o no a Mónica Oltra.

Seis años después, la hoy vicepresidenta valenciana se encuentra en un escenario judicial muy similar al de su adversario político. Los mismos protagonistas que entonces optaron por investigar a Camps, deben decidir ahora si hacen lo propio con Oltra.

En el caso de la líder de Compromís, 'Gobierna-te' considera que el presunto delito cometido por la persona aforada fue ordenar una "actuación parajudicial" -en palabras de la sentencia contra el educador- con el objetivo de "encubrir" los abusos de su exmarido.

Así lo considera tras afirmar la propia Mónica Oltra en sede parlamentaria que fue ella quien ordenó investigar lo ocurrido por la vía administrativa tras conocer los abusos el 4 de agosto de 2017 (cuando ya estaba en marcha el procedimiento judicial). Esto último constituiría el "indicio o principio de prueba" requerido para investigar a un aforado, a juicio de la entidad.

"Hostilidad hacia la víctima"

La acusación se aferra en esta querella a las consideraciones que contiene el fallo de la Sección Segunda de la audiencia contra el educador. La sentencia afeó al departamento de Oltra la "hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados, y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla".

"Frente a la absoluta imparcialidad predicable de la pericia del Instituto de Medicina Legal, el ‘informe reservado’ y el informe pericial del Centro Espill podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat, al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la conselleria por un educador", recogió el fallo.

En su reciente comparecencia voluntaria para afrontar este asunto en Les Corts Valencianes, la vicepresidenta Mónica Oltra consideró que la Audiencia Provincial de Valencia recurrió a "conjeturas" y "quimeras" para atacar su gestión en una causa que juzgaba los abusos y no la intervención de su conselleria.