El colegio de Sandra Peña mantendría su concierto hasta 13 años si fuera condenado y Educación apunta a la dirección

El colegio de las Irlandesas de Loreto, donde acudía a clase Sandra Peña, niña que se suicidio presuntamente por el acoso de algunas compañeras, mantendría el concierto con la Junta durante los próximos 13 años aunque fuera condenado a perderlo.

Así lo advierten fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que señalan que, además de una eventual condena por el caso de la menor muerta, está en juego el derecho de unas 700 familias a tener a sus hijos en este centro, al que accedieron siendo concertado.

Así, si la Fiscalía determinase que, efectivamente, el colegio debe recibir una sanción "muy grave", podría perder el concierto con la Junta. Eso quiere decir que el centro pasaría a ser privado. Pero solo dentro de 13 años, para 2038.

Esto es así porque el cierre de las líneas concertadas se hace curso a curso, señalan fuentes de Educación a EL ESPAÑOL. Es decir, primero sería privado solo el curso de los niños de 3 años. El resto, hasta los 16 años, esto es, 4º de la ESO, se mantendría concertado.

Los cursos privados irían creciendo: segundo año del segundo ciclo de Infantil; luego primero de Primaria; segundo de Primaria... Así hasta que, dentro de 13 años, solo quedaría 4º de la ESO como curso concertado. El año siguiente el centro sí sería privado.

"Muy grave"

Desde Educación rebajan, además, expectativas en cuanto a la posible sanción que se pueda llevar el centro. Indican que, para que el castigo sea "muy grave" deberían haberse cometido varias faltas de ese calibre. Y, por ahora, solo hay constancia del caso de Sandra Peña, señalan.

En todo caso, las mismas fuentes apuntan a que si bien el centro puede quedar en una sanción menor, la dirección del mismo sí que puede afrontar alguna responsabilidad. "Siempre que se demuestre que no actuaron correctamente", puntualizan.

Porque, defienden en Educación, la dirección de las Irlandesas de Loreto sí que actuó, aunque no activaran el protocolo antisuicidios. De hecho, se pusieron en contacto con quien se encarga de la parte psicológica del centro.

Pero, entienden, puede que lo que hicieran no fuera suficiente. Por eso apuntan a que pueden ser el equipo directivo quienes deban responder por la cuestión.

Fuentes del colegio, sin embargo, aseguran desde que se conoció el suicidio de la alumna que sí que se tomaron medidas. Desde Educación se apunta, además, que cuando un menor se quita la vida no es solo por una razón. Hay un cuadro complejo y no se puede reducir algo tan sensible a buscar un solo culpable.

Mientras estas cuestiones se dirimen, la Fiscalía tomó declaración este lunes a las tres menores que, siempre de forma presunta, habrían podido protagonizar el acoso contra Sandra Peña. De lo que dijeron no trascendió nada.

Tampoco habló la familia de la menor, que la semana pasada sí que pidió un castigo "ejemplar" para el centro educativo.

Desde el Gobierno andaluz se llama a la prudencia. Quieren resolver esta cuestión con delicadeza con las partes -son menores y sus familias, subrayan, a los que hay que proteger-, pero siempre dentro de la ley.

Porque, añaden, lo que se imponga como castigo al colegio debe basarse en la decisión de la Justicia. De hechos probados, que no tienen siempre por qué coincidir con el relato de los menores. "Prudencia y tiempo" es lo que repiten desde el departamento que dirige Carmen del Castillo.