Andalucía recurre también al Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes del Gobierno de Pedro Sánchez

El Gobierno de Andalucía recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez para el reparto de menores inmigrantes. Así lo ha decidido este miércoles el Consejo de Gobierno, que ha planteado que el Gobierno central invade las competencias del andaluz.

Según ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, el decreto-ley 2/2025, que establece el reparto de los menores migrantes que llegan solos a las costas del país se aprobó "sin diálogo y sin negociación" con las comunidades autónomas, que "al final somos las verdaderamente afectadas", según ha remarcado.

La consejera ha señalado que "Andalucía es una tierra solidaria, de acogida, pero no podemos hacernos cargo de los menores a capricho del Gobierno y, sobre todo, sin los medios económicos necesarios para atender a esos menores como verdaderamente merecen".

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En esa línea, la portavoz de la Junta ha alegado que "hay falta de recursos económicos" e "invasión de competencias" por parte del Gobierno, y "por eso" el Gobierno andaluz ha decidido recurrir dicho decreto al Tribunal Constitucional "apelando al artículo 86.1 de la Constitución y al artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía".

Andalucía no es la única comunidad que plantea este recurso ante el TC por la posible invasión de competencias por parte del Gobierno central en la cuestión de la inmigración. Extremadura, Cantabria, Aragón y la Comunidad de Madrid ya han recurrido ante el Constitucional por esta cuestión.

Juanma Moreno

La queja del Ejecutivo de Juanma Moreno, además de la invasión de competencias, pasa porque el reparto de menores es un agravio. Así lo ha explicado este miércoles Carolina España, quien ha señalado que el Gobierno central no tiene la misma actitud con Andalucía que con Cataluña.

En todo caso, España ha señalado que el recurso de Andalucía busca "garantizar una atención digna y de calidad a los menores, tanto a los que se van a trasladar como a los que ya forman parte del sistema de protección andaluz y evitar que se vean afectados por decisiones impuestas que no van acompañadas de recursos".

Desde la Junta explican que la norma estatal modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales.

"En tela de juicio"

El Gobierno andaluz "pone en tela de juicio" la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifica la aprobación de este real decreto.

Así, asevera que, "si bien la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022", por lo que entiende que "no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000".

La Junta de Andalucía considera también que el texto aprobado "extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores, y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos".

Por otro lado, el Gobierno andaluz "cuestiona la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados, al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, provocando una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española".

Junta de Andalucía

Con la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, la Junta de Andalucía "defiende su autonomía competencial y demanda un trato equitativo para todas las comunidades que conforman el Estado español".

Además, el Consejo de Gobierno "pone el foco en la necesidad de preservar la dignidad de los menores y garantizar sus derechos", por lo que muestra su "profundo rechazo a que se les trate como mercancía al servicio del interés político".

Por último, la Junta de Andalucía insiste en que la política migratoria, "en especial la relacionada con menores migrantes no acompañados, debe ser consensuada entre todas las comunidades y contar con financiación suficiente para evitar el colapso de los recursos de protección para el amparo de los menores, que, en el caso concreto de Andalucía, ya opera al límite de su capacidad".