Paisaje en el parque natural de Doñana. Huelva
Hasta 250 empresas sacan agua de forma ilegal de los acuíferos de Doñana, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional
Plantea al Gobierno central que se sancione a estas empresas agrícolas, según un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
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Hasta 250 explotaciones agrícolas extraen agua de forma ilegal de los acuíferos de Doñana. Así lo señala un informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pide al Gobierno central que las sancione.
Según el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se han investigado a explotaciones de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Son las que están o bien en el parque natural o en sus inmediaciones.
De esta forma, los técnicos han detectado 198 empresas que extraen agua de forma ilegal de Huelva. Son 51 en la provincia de Sevilla. Y una en Cádiz.
Antes de iniciar la posible vía judicial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recomienda al Gobierno que se proceda a una "suspensión temporal de actividades" de esas explotaciones si continúan sacando agua sin permiso de los acuíferos que nutren a Doñana.
El escrito, que firma el fiscal Manuel Campoy, insta al Estado a adoptar medidas para evitar nuevos daños, que pasan por el "cese definitivo o temporal, total o parcial, de actividades" en las explotaciones económicas y profesionales que con posterioridad a 2023 hayan continuado con la extracción ilegal de aguas subterráneas de los acuíferos concernidos.
Seprona
El fiscal Campoy formula esta propuesta tras recibir el informe elaborado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el que se identificó y localizó a los 250 operadores que explotaron aguas subterráneas de manera ilegal en 2022 y 2023.
El mismo, daba cuenta de "una situación de extracción masiva, sistémica, simultánea, persistente, fuera de control e ilegal de aguas subterráneas, por parte de una multiplicidad de operadores que desarrollan actividades económicas y profesionales, aprovechando idéntica situación, sin concesión administrativa y en caudales superiores a los permitidos, en las masas de agua subterránea que forman el conjunto de acuíferos afectantes al espacio natural de Doñana".
Campoy insta a la Secretaría de Estado de Medioambiente a que obligue a esas empresas detectadas a adoptar "medidas de reparación primaria" con la finalidad de "restituir o aproximar al máximo los recursos naturales o servicios de recursos naturales dañados a su estado básico".
Restauración del espacio
Además, considera que deben llevarse a cabo otras medidas complementarias en caso de que no se dé "la plena restitución de los recursos naturales". Pretende así que se proporcione "un nivel de recursos naturales o servicios de recursos naturales —inclusive, si procede, en un lugar alternativo— similar al que se habría proporcionado si el lugar dañado se hubiera restituido a su estado básico".
Además, de forma subsidiaria, la Fiscalía propone la ejecución forzosa de esas medidas si las empresas incumplen con lo que se les ordene, "con posibilidad de imposición de multas coercitivas".
