I. P. Nova Cristina Gómez

Irene Montero ha causado revuelo entre la comunidad médica al anunciar su intención de limitar la objeción de conciencia de los médicos con la reforma de la ley del aborto.

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La ministra de Igualdad ha anunciado este jueves que otras medidas que pretende sacar adelante son eliminar los tres días de reflexión obligatorios para poder interrumpir voluntariamente el embarazo y penalizar el acoso a las clínicas. 

"Todos estos aspectos son fundamentales para consolidar esa generación de derechos feministas", ha afirmado la ministra durante la inauguración de los conversatorios sobre salud sexual y reproductiva organizados por el Instituto de las Mujeres, en los que también se ha hablado de la violencia obstétrica y la abolición de los vientres de alquiler. 

Desde el sindicato médico CESM aseguran que las declaraciones de la ministra intentan buscar la discordia en un tema que es "mucho más sencillo". Rocío Fernández, secretaria técnica de Igualdad de CESM, ha explicado a EL ESPAÑOL que no está de acuerdo en vincular la objeción de conciencia de los médicos a la demanda de las pacientes.

En este sentido, la ministra ha justificado la iniciativa afirmando que "es fundamental que cualquier mujer pueda acudir a un hospital público y cercano a su domicilio, y que lo pueda hacer eligiendo el método y con todas las garantías para sus derechos".

"Para ello, pensamos que es imprescindible regular la objeción de conciencia. El derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos", ha expresado Montero. Sin embargo, Rocío Fernández cree que la solución es mucho más sencilla y pasa por actualizar los listados de médicos que están a favor y en contra de esta práctica, "ampliar su formación y gratificaciones de los profesionales interesados".

"Coacción al médico"

"La objeción de conciencia va en el código deontológico de los médicos y, en estos procedimientos, se hace uso de ella", subraya. Para Fernández, la solución más fácil es contar con voluntarios y, así, dejar de señalar al que "dice que no". "Están poniendo el foco fuera del problema, se garantiza el aborto para todas las mujeres y hay profesionales dispuestos a practicarlo".

La secretaria técnica de Igualdad de CESM recuerda que la obligatoriedad a facilitar el servicio a la mujer no puede ampliar, a su vez, una "coacción para el profesional". Reitera que la ley tiene que ser "garantista" para la mujer, "pero también para el profesional que desempeña su labor". "Hay que tener en cuenta ambas partes y armonizarlo", añade.

Por ello, apoya la puesta en marcha de esos listados que muestren aquellos profesionales voluntarios, incrementar la formación médica del facultativo en estos aspectos y "gratificaciones hacia los profesionales interesados".

Rocío Fernández cuestiona también la supresión que Montero plantea de los tres días de reflexión. Según asegura, no son una medida "disuasoria" -como ha dado a entender la ministra-, sino algo "garantista" para la salud de la mujer.

Según explica la facultativa, estos tres días se dan "no sólo por el tema moral de la decisión", sino también por los efectos secundarios que puede acarrear un aborto en la salud de la mujer. "Se da un consentimiento informado, que es una obligación, y se permite a la mujer que lo reflexione en su casa. Al final un aborto es una técnica invasiva que puede tener efectos secundarios", explica.

Además, Fernández recuerda que la paciente puede precisar de unos días de baja o una cierta organización para lo cual que estos tres días también pueden ayudarla. "Quitarlos es una estupidez", sentencia.

Uno de los principales argumentos que usa Montero para atacar la práctica del aborto en la sanidad pública es el hecho de que las intervenciones se realicen en centros privados. Esto tampoco lo comparten desde el sindicato. Recuerdan que el servicio en la privada está financiado por la pública, como ocurre con algunas técnicas de fertilización.

"En ocasiones, se eligen los centros privados por temas de confidencialidad, horario y servicio". Para Fernández es importante reseñar que "centro especialista privado" no es igual a "pago por paciente". "Son gratuitos"