Mauricio Valiente, director general de CEAR, en una imagen de archivo.

Mauricio Valiente, director general de CEAR, en una imagen de archivo. CEAR

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Mauricio Valiente, director general de CEAR: "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se van a cumplir"

El experto habla sobre la situación de los migrantes con el nuevo Reglamento de Retorno de la Unión Europea y la permisión de enviarlos a terceros países.

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La Unión Europea (UE) vuelve a estar en el centro de la polémica desde que la semana pasada el parlamento comunitario aprobara el nuevo Reglamento de Retorno.

La medida endurece las políticas migratorias de la UE para acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular, abriendo por primera vez la puerta legal a crear polémicos centros de deportación en terceros países fuera del bloque, algo que sigue la estela del modelo impulsado por Italia en Albania.

Este nuevo paso intensifica la tendencia de la UE a externalizar el control migratorio a terceros países, como los acuerdos que ya existen con Túnez o Libia para frenar las barcas.

Durante el anuncio del resultado de la votación en la Eurocámara, se pudo escuchar a numerosos diputados gritando "Send them back [enviadlos de vuelta, en español]" y celebrando la nueva medida.

"Este tipo de escenificaciones son muy graves porque estamos hablando de personas, de vidas", advierte Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en conversación con ENCLAVE ODS.

El cántico le recuerda a épocas pasadas y más oscuras. "Quienes deberían representar los mejores valores de la sociedad, los están devaluando", lamenta. La historia, dice, no se repite de la misma manera, pero, en el fondo, los procesos de despersonalización, retroceso de derechos y puesta en cuestión de valores traen esos recuerdos.

¿Qué fue lo primero que pensó cuando vio la noticia de la aprobación de este nuevo reglamento?

La verdad es que era algo que esperábamos porque son procesos legislativos que llevan un tiempo de de debate y la información ya estaba circulando desde hace tiempo.

Pensé en la improvisación permanente que estamos viendo en la Unión Europea (UE), porque hace un año se aprobó el pacto europeo de inmigración y asilo con un paquete muy completo de medidas y que iba a rediseñar todas las políticas migratorias. Sin embargo, ahora nos encontramos con esta nueva norma que no estaba incluida en el pacto.

Creo que eso, de alguna forma, define cómo están actuando los Veintisiete. Insisten mucho en la planificación y el diseño de políticas públicas eficaces, pero, a la vez, está explorando nuevas vías permanentemente.

¿Qué consecuencias éticas y jurídicas tiene que la UE delegue la custodia de los derechos humanos en gobiernos que no siempre los garantizan?

En primer lugar, hay que pensar que, con esto, los Estados se desentienden de la aplicación del control de fronteras y entregarlo a otros países a cambio de una remuneración. Todo sabiendo que se va a hacer sin los valores, principios, controles y garantías que están establecidos en nuestro ordenamiento.

Éticamente es una señal muy mala porque lo que se está haciendo es fortalecer a terceras potencias que no le dan mucha importancia a los derechos humanos.

También hay que tener en cuenta que estos Estados van a dar su colaboración en función de lo que reciban. Eso es un arma en sus manos para chantajear a los países de la UE con sus intereses. Ya lo hemos visto en el caso de Marruecos y sus relaciones con los Veintisiete y España con el tema migratorio.

El objetivo es regular y ordenar las migraciones, pero creo que esta medida va a traer muchas dificultades y pocos resultados

¿Qué implica en la práctica este nuevo reglamento para los inmigrantes y refugiados?

En primer lugar, tendrán que recurrir más a las mafias y a vías ilegales, con lo que supone en términos de explotación y muertes. Por otra parte, desde CEAR estaremos muy vigilantes de lo que suponen estos centros, si se ponen en marcha, en terceros países.

En los países de llegada, podrán ser retenidos más tiempo. Por ejemplo, en España el internamiento está limitado a 60 días. Con este nuevo reglamento, estamos hablando que puede haber personas que, sin haber cometido un delito, por una infracción administrativa pueden estar privadas de libertad hasta 18 meses.

Esto se traduce en la criminalización de los migrantes. El mensaje que se traslada es que quienes llegan, que les cuesta conseguir sus papeles, se merecen todo un aparato policial, administrativo, represivo, que los hace parecer un grave peligro. Sin embargo, la realidad es que solo son personas que están buscando una alternativa a sus vidas.

España se ha convertido en la única gran voz gubernamental contraria a este reglamento. ¿Cree que puede ser el único reducto seguro para los refugiados en Europa?

Hay que dejar claro que, una vez que entre en vigor, es una norma para el conjunto de la UE, independientemente de la posición que haya mantenido el Estado. Los reglamentos son normas europeas de aplicación directa, por lo que es un retroceso que va a afectar a todos los países.

Lo que sí es cierto es que hablamos de paquetes legislativos que contienen una serie de herramientas que las naciones pueden usar o no. Ahí, la voluntad de cada país, de llevarlo o no a la práctica, es decisiva.

En ese sentido, es cierto que el Gobierno español ha mantenido, hasta ahora, una posición más proclive a un tratamiento humanitario de las migraciones y el asilo.

La Agenda 2030 de la ONU pide explícitamente facilitar una migración ordenada, segura y responsable. ¿Hasta qué punto este reglamento dinamita los compromisos internacionales que la propia UE ha firmado en materia de desarrollo y sostenibilidad social?

Para empezar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esa agenda no se van a cumplir. Creo que tenemos que decirlo a nivel internacional. Estamos viendo un retroceso del derecho internacional y de los organismos de Naciones Unidas.

Esto va desde el debilitamiento de sus oficinas hasta su prestigio y el respeto que le tienen los propios Estados. En el fondo, estos organismos son intergubernamentales y si los gobiernos no respetan a las Naciones Unidas, se acabó.

En los últimos años hemos visto una creciente criminalización de las organizaciones que rescatan personas en el mar o que ofrecen asistencia jurídica. ¿Teme que este nuevo marco normativo asfixie aún más el trabajo de entidades como CEAR o como Open Arms y criminalice la solidaridad institucional?

Ya lo estamos viviendo. Como se criminaliza al migrante, quienes les ayudan también son organizaciones criminales que contribuyen a ese supuesto delito. Hay compañeras que han sido detenidas y enjuiciadas por tráfico de personas en Italia y en otros países.

También a las compañías transportistas, que mediante las sanciones las convierten en gendarmes. En autoridades oficiales que, en caso de duda, lo que hacen es rechazar el embarque de las personas.

Es una deriva que cada vez está más extendida y nos va a afectar a las organizaciones. De todas formas, CEAR seguirá ejerciendo su labor sean cuáles sean las circunstancias y las dificultades que nos pongan.

Ante el argumento de los sectores más duros de Europa de que 'no hay espacio para todos', ¿cuál es la alternativa que defiende CEAR? ¿Cómo se puede convencer a la ciudadanía y a los gobiernos de que las vías legales y seguras son la única solución real y humana?

Europa ha vivido hace poco el mayor éxodo concentrado en unos pocos meses sin que hubiera ni una sola queja y con una respuesta ejemplar, que ha sido la guerra de Ucrania. Eso demuestra que lo de la capacidad de acogida cuando las personas que llegan son subsaharianas, o en otro tipo de circunstancias, es totalmente demagógico.

Por otro lado, la inmensa mayoría de las personas refugiadas y de los migrantes no están en los países más enriquecidos, están en los países limítrofes. El problema es que ya estamos acostumbrados a decir cualquier cosa, pero lo de la capacidad de acogida es tan relativo que creo que se utiliza de una manera muy oportunista.