De aquí a las elecciones generales del 29 de noviembre escucharemos promesas sobre vivienda, empleo, energía o clima. Pocas serán tan difíciles de evaluar como las de sostenibilidad, cuyos costes y beneficios se reparten entre generaciones. Toda promesa vale por las posibilidades reales de cumplirla.
Imaginemos a una responsable pública que, con participaciones en una cadena de supermercados, promete abaratar la cesta de la compra. Lo habitual es sospechar de inmediato o, si nos resulta afín, pasar por alto el conflicto de intereses. En ambos casos decidimos antes de examinar.
Conviene separar dos preguntas que solemos confundir: qué credibilidad merece una promesa y con qué criterios la evaluamos nosotros. Tener intereses privados no convierte a nadie en deshonesto, pero tampoco es razonable suponer que esos intereses se desvanecen al asumir un cargo público.
El premio nobel James Buchanan resumió la teoría de la elección pública como «política sin romanticismo»: si respondemos a incentivos en el mercado, nada indica que dejemos de hacerlo en la política. Los políticos no serían peores que el resto, pero tampoco distintos.
Surge así una paradoja: una promesa contraria al propio interés puede leerse como un indicio de sinceridad, pero, por esa misma razón, su autor podría tener menos incentivos para cumplirla. La sinceridad, por sí sola, no basta para convertir una promesa en un compromiso.
Thomas Schelling, también nobel, analizó por qué un compromiso resulta más creíble cuando existen mecanismos que hacen costoso incumplirlo. Es la lógica del hotel que nos pide una tarjeta aunque paguemos al contado: si dejamos algo roto o un consumo sin declarar, podrá cobrárnoslo después.
Las promesas más ambiciosas podrían acompañarse, como suele hacerse con las grandes inversiones, de un estudio de viabilidad que estimara su coste, su financiación y su impacto social, económico y ambiental. Así podríamos valorar si son factibles. Porque prometer no es lo mismo que comprometerse.
La segunda pregunta nos concierne. Herbert Simon, otro nobel, propuso el concepto de racionalidad acotada: decidimos con información incompleta, tiempo limitado y una capacidad de procesamiento finita. Por eso recurrimos a atajos mentales que suelen funcionar bien, aunque a veces nos llevan a error.
Uno de ellos es el efecto halo, bautizado por Edward Thorndike hace algo más de un siglo: una impresión general, favorable o desfavorable, se extiende al resto de nuestros juicios. En política, lleva a valorar una propuesta por la simpatía hacia quien la presenta.
Durante la campaña estadounidense de 2004, Drew Westen y su equipo mostraron a treinta votantes demócratas y republicanos declaraciones contradictorias atribuidas a Bush y a Kerry, muchas editadas o ficticias. Cada grupo las detectó en el rival y tendió a minimizarlas en el propio.
El resultado encaja con la disonancia cognitiva descrita por Leon Festinger: el malestar de sostener a la vez «confío en este candidato» y «este candidato se contradice», que a menudo aliviamos ajustando la segunda idea. En esto, al menos, el sesgo no entiende de partidos.
¿Debemos desconfiar de todas las promesas? No: la sospecha automática es otro atajo. Daniel Kahneman, también nobel, popularizó la distinción entre un «sistema 1», rápido e intuitivo, y un «sistema 2», lento y deliberado. Las campañas suelen apelar al primero; evaluar promesas exige el segundo.
Como tampoco el sistema 2 es inmune a lo que ya queremos creer, ayudan unas pocas preguntas: qué incentivos tiene quien promete para cumplir, con qué recursos, plazos y mecanismos cuenta y si juzgaríamos igual esa propuesta en caso de que procediera del bando contrario.
Pensar críticamente es aplicar los mismos criterios a todos. Conocer nuestros atajos mentales, como enseña la economía conductual, es clave para aprender a decidir de forma más sostenible: las consecuencias de las promesas de hoy las heredarán quienes aún no votan.
Quizá una democracia no necesite ciudadanos que crean menos en la política, sino ciudadanos que sepan evaluar mejor las promesas que reciben. Y quizá el primer paso para exigir coherencia a nuestros representantes sea aprender a exigirla también a nuestra propia manera de juzgarlos.
*** Luca Lancini es arquitecto e investigador en economía conductual y sostenibilidad.