"Fracaso" u "oportunidad perdida". Así están calificando varias organizaciones ecologistas la última e infructuosa ronda de negociaciones en las Naciones Unidas para intentar redactar un tratado con vinculación legal que proteja la vida marina en alta mar.

Desde hace 15 años, los países integrantes de la ONU han estado discutiendo sobre los aspectos legislativos necesarios para impulsar un Tratado de los Océanos que fije reglas para blindar la biodiversidad en la inmensa masa de agua que se encuentra fuera de las aguas territoriales (las que gestiona cada país dentro de sus límites).

Sin embargo, esta última ronda de negociaciones tampoco lo ha conseguido, y los océanos se quedan sin un texto que impulse medidas globales para establecer áreas protegidas o acotar la actividad humana en alta mar.

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Pero los miembros de la ONU no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo compartir los beneficios de la vida marina, establecer áreas protegidas o prevenir la actividad humana con la vida en alta mar. Sin haber llegado a ningún consenso, ahora le corresponde a la Asamblea General fijar una nueva fecha para que se celebre una nueva sesión, lo que supone correr contra el reloj de la emergencia climática.

Más de la mitad del planeta

Las últimas conversaciones entre los estados miembros de las Naciones Unidas llegaron a su fin el viernes cuando los negociadores no pudieron elaborar un texto legalmente vinculante para abordar la multitud de problemas que enfrentan las aguas internacionales, una zona que abarca casi la mitad del planeta.

Teniendo en cuenta que tres cuartas partes del planeta son agua, y que las aguas internacionales abarcan más de la mitad del globo, se esperaba que la sesión que comenzó el pasado 15 de agosto diera lugar a un documento basado en el acuerdo de los países para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional”.

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Había esperanzas de consenso, sobre todo después de que en la Conferencia sobre los Océanos, celebrada el pasado julio en Lisboa, los principales líderes mundiales prometieran hacer todo lo posible para salvar los mares del mundo, aunque de nuevo en aquella ocasión no se concretaron compromisos específicos para llevarlo a cabo.

Se impone el beneficio económico

Uno de los escollos que hasta ahora está siendo insalvable es el de los beneficios económicos que produce la extracción de recursos naturales de alta mar, sobre todo el petróleo. A potencias en combustibles fósiles como Estados Unidos no le interesa que se regule en favor de la protección de alta mar porque eso podría suponer tener que clausurar plantas de extracción.

Este problema no es nada nuevo, en otras reuniones internacionales, como por ejemplo para ponerse de acuerdo sobre medidas contra el cambio climático, ocurre exactamente lo mismo. Los países desarrollados suelen mostrarse reticentes a firmar compromisos porque entienden que no les corresponde a ellos pagar por las malas prácticas ambientales de los países que no están tan industrializados ni tienen recursos para implementar una transición energética y que, por lo tanto, contaminan mucho más.

Miles de kilómetros sin ley

Lo que se conoce como “alta mar” empieza en la frontera de la Zona Económica Exclusiva de un país que, según el derecho internacional se extiende a lo largo de 200 millas náuticas (370 kilómetros) mar adentro desde su costa. En alta mar ningún estado tiene potestad para aplicar jurisdicción.

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En torno al 60% de toda el agua de los océanos del mundo son aguas internacionales, y en ellas hay importantes ecosistemas marinos que son fundamentales para la supervivencia de la biosfera, y que ahora están amenazados por el calentamiento global. Una de las cosas que se pretende con el Tratado de los Océanos es proteger toda esa extensión de agua y de vida marina.

Sin embargo, legislar sobre ella supone un rompecabezas jurídico y diplomático, ya que hasta el momento está siendo especialmente complicado poner a tantos países de acuerdo sobre cómo se implementará el proceso de declaración de área protegida, o cómo se fijarán los requisitos de impacto ambiental para las actividades en alta mar.