Fotograma del documental 'PornoXplotación', de Mabel Lozano. Secuoya Studios
España identifica 771 víctimas de trata frente a una estimación real de más de 200.000: "No desaparece, cambia de forma"
Los pisos particulares, las viviendas turísticas y las plataformas digitales ganan terreno, mientras las redes utilizan amenazas para controlar a las víctimas.
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"Me sentía sucia, asustada, impotente y rota por dentro". Aurora —nombre ficticio para proteger su identidad— recuerda así uno de los momentos más duros de una historia que comenzó mucho antes de llegar a España.
Había crecido en un entorno familiar marcado por la violencia y el abandono. Cuando alcanzó la mayoría de edad, decidió marcharse de casa después de otro episodio grave.
Tiempo después, regresó junto a su madre y asumió la responsabilidad de conseguir dinero para una familia con pocos recursos. Fue entonces cuando una conocida le habló de unas fiestas en las que podía ganar dinero. Lo que encontró al llegar fue un espacio cerrado, alcohol, drogas y situaciones sexuales que la hicieron sentirse confundida y asustada.
Más tarde, otra mujer le ofreció ganar dinero mediante la prostitución en fiestas. En uno de esos entornos, un hombre comenzó a controlarla, a llamarla constantemente y a amenazarla de muerte. Y Aurora terminó huyendo de su país.
El viaje tampoco significó el comienzo de una vida nueva. Llegó a otro país con una deuda por el trayecto y la obligación de trabajar para saldarla. Tras sufrir una agresión sexual durante su primer servicio, comenzó a consumir drogas y alcohol. Cuando estaba cerca de terminar de pagar la deuda, esta aumentaba o aparecían nuevas sanciones.
Finalmente consiguió salir, pero después volvió a contraer otra deuda al viajar y fue trasladada por diferentes ciudades mientras continuaba siendo explotada. Y, como esta, son miles las historias que, por desgracia, se viven cada día a lo largo y ancho del globo.
La oenegé FIET estima que más de 200.000 mujeres se encuentran en España en situación de trata o explotación sexual. La cifra contrasta con las 771 víctimas de trata y explotación sexual identificadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2025, entre ellas 15 menores.
Ese mismo año se llevaron a cabo 189 operaciones policiales en este ámbito, que culminaron con la desarticulación de 87 grupos y organizaciones criminales y la detención de 656 personas. Interior señala que las 87 organizaciones identificadas suponen un incremento del 13% respecto a 2024.
Proyecto Rescatar y Restaurar de FIET. Desde la Detección hasta la inserción sociolaboral.
Ezequiel Escobar, director general de FIET, interpreta la distancia entre ambas magnitudes como una señal de la dificultad para detectar una parte importante del fenómeno. "Estamos viendo solo una parte del problema", explica.
La entidad apunta a una bolsa de intradetección relacionada con el miedo a denunciar, la dependencia económica, las amenazas a familiares y el hecho de que algunas mujeres ni siquiera se reconozcan inicialmente como víctimas.
España aparece además en el análisis de FIET como un mercado de elevada demanda. Según los datos manejados por la organización, el país ocupa el primer puesto europeo y el tercero mundial en consumo de prostitución y sexo de pago, por detrás de Tailandia y Puerto Rico.
El informe recoge también que el 27,5% de los hombres declara haber pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales. Motivo por el que Escobar señala que las organizaciones criminales encuentran un mercado que hace rentable la explotación sexual.
"Las organizaciones criminales existen porque hay una demanda constante", sostiene. De ahí que la entidad reclame que la respuesta no se limite a perseguir a quienes controlan las redes y que se analice también el contexto que permite que ese negocio encuentre clientes.
La explotación del s. XXI
El mapa de la explotación también está cambiando. Los clubes de alterne han perdido peso frente a pisos particulares, viviendas de uso turístico, hoteles, fincas y otros espacios privados.
El problema es que el desplazamiento dificulta que una posible situación de explotación pueda identificarse desde el exterior y obliga a los equipos especializados a buscar indicios en lugares que, a simple vista, pueden parecer una vivienda convencional.
El equipo de intervención y rescate de FIET, cuya identidad se mantiene en el anonimato por motivos de seguridad, explica que una primera visita exige observar la dinámica interna del lugar. Es decir, quién toma las decisiones, quién parece tener libertad de movimiento, quién muestra miedo o quién responde primero.
También prestan atención a cámaras, dispositivos de vigilancia, normas internas, distribución de las habitaciones, terminal de punto de venta, libretas de registro o cualquier otro elemento que permita conocer cómo se organiza el espacio.
![Begoña Arana es la fundadora y directora de Betania, la asociación linense que lucha contra la trata y el sinhogarismo en la Línea de la Concepción.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11036671.jpg?p=w:320\/h:240&h=thvn14fG"])
"Tratamos de interactuar con las mujeres para observar quién responde primero, si alguna mira a otra persona antes de contestar o si se producen cambios en su lenguaje corporal", explica una integrante del equipo.
La investigación, además, ya no se desarrolla exclusivamente sobre el terreno. Una parte importante comienza en internet. Los equipos analizan anuncios, perfiles, páginas y plataformas en busca de patrones que puedan revelar una posible situación de explotación.
El teléfono móvil también puede formar parte de las propias dinámicas de control. Las profesionales han encontrado casos en los que llamadas constantes, mensajes, geolocalización o supervisión de la actividad digital sirven para controlar desplazamientos, horarios y contactos. "La explotación se ha vuelto mucho menos visible", resume el equipo de intervención.
A esta transformación se suma la movilidad. Las mujeres pueden ser trasladadas de una ciudad a otra en periodos cortos, una práctica conocida como "hacer plaza". De este modo, la rotación dificulta que puedan generar arraigo y también complica el trabajo de las organizaciones que intentan establecer un vínculo continuado con ellas.
Las consecuencias pueden alcanzar incluso cuestiones administrativas como el empadronamiento, el acceso a determinados recursos o la acreditación de periodos de permanencia en España.
Pancarta de una manifestación del 8M. Getty Images
Para los equipos de intervención, el problema no termina cuando localizan un lugar. Identificar indicios de explotación tampoco significa que puedan entrar inmediatamente o que una mujer vaya a pedir ayuda. La confianza puede tardar semanas, meses o incluso años. Por eso mantienen contactos telefónicos, visitas y atención cuando la mujer cambia de ubicación.
"Nuestro primer objetivo nunca es que presenten una denuncia, sino construir una relación basada en el respeto, la escucha y la constancia", explica una de las profesionales.
En ocasiones, el contacto comienza con cuestiones aparentemente pequeñas, como un trámite, una necesidad sanitaria o una conversación cotidiana. La intención es que la mujer compruebe que el vínculo no está condicionado a que denuncie ni a que tome una decisión determinada.
Esta forma de intervención también implica aceptar que una mujer puede no estar preparada para salir cuando el equipo detecta la explotación. De hecho, las profesionales consultadas explican que precipitar una intervención puede aumentar el riesgo, romper la confianza o provocar que la mujer desaparezca del radar.
Por ese motivo, en determinadas situaciones, acompañar significa mantener abierto un contacto y ofrecer recursos hasta que ella pueda tomar una decisión.
"Solo el principio"
En 2025, FIET realizó 46 rescates y atendió y realizó seguimiento a 1.949 mujeres. Pero, para la organización, esas cifras forman parte de un proceso que continúa después de la salida. El rescate, explica Escobar, "es solo el principio".
La primera dificultad aparece antes de reconstruir una vida fuera de este contexto, y es que muchas mujeres llegan a un recurso de acogida sin sentirse realmente seguras.
Nerea Martin Peñalver, psicóloga de FIET explica que las primeras horas pueden estar marcadas por una elevada activación, desconfianza y miedo. ¿El motivo? Algunas han cambiado tantas veces de lugar que incluso un espacio seguro puede resultarles amenazante.
En la Casa Nuevos Comienzos, la recuperación empieza por generar un vínculo estable con las profesionales. Las normas de seguridad también pueden resultar difíciles de interpretar, dado que una nueva tarjeta SIM, la prohibición de compartir la ubicación de la casa o determinadas restricciones de contacto pueden recordarles mecanismos de control anteriores.
La psicóloga explica que la confianza se reconstruye mediante experiencias repetidas en las que la mujer comprueba que puede decidir, poner límites y decir 'no' sin recibir un castigo. El objetivo no es que acepte una nueva estructura de control, sino que vuelva a experimentar que sus decisiones tienen consecuencias sobre su propia vida.
Proyecto Rescatar y Restaurar de FIET. Desde la Detección hasta la inserción sociolaboral.
Ese proceso tiene una dimensión psicológica profunda. Algunas mujeres presentan síntomas relacionados con el trauma, como pesadillas, recuerdos intrusivos, hipervigilancia, ansiedad, alteraciones del sueño o una sensación persistente de peligro. De hecho, FIET señala un incremento del 20% de las mujeres atendidas con problemas severos de salud mental.
Martin Peñalver explica también que puede aparecer disociación. En situaciones extremas, algunas mujeres pueden experimentar una desconexión respecto a su propio cuerpo o sentir que observan lo que sucede desde fuera. Los recuerdos pueden quedar fragmentados y resultar difíciles de ordenar o relatar posteriormente.
Las consecuencias pueden afectar también a las relaciones personales, a la percepción del propio cuerpo y a la capacidad de reconocer las propias emociones.
La historia previa de violencia puede añadir otra dificultad. La profesional explica que algunas mujeres han crecido en entornos violentos, han sufrido abusos durante la infancia o han vivido relaciones de pareja violentas, pobreza, guerra o abandono.
El problema es que esa acumulación de experiencias puede favorecer la normalización de determinadas conductas, aunque la especialista subraya que cualquier mujer puede encontrarse en una situación de explotación, con independencia de su historia previa.
![Manifestación del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de 2023.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10805095.jpg?p=w:320\/h:240&h=eo74JF-d"])
En ese contexto, una de las primeras tareas consiste en que la mujer pueda identificar lo que le ha ocurrido. Martin Peñalver señala que algunas llegan sin reconocerse como víctimas y necesitan comprender que la responsabilidad corresponde a quienes las engañaron, coaccionaron o explotaron.
Aurora necesitó tiempo para llegar a ese punto. Después de una sobredosis, una profesional le habló de un recurso seguro. Ella quería abandonar la explotación, pero seguía condicionada por la presión económica y familiar. Incluso cuando expresó a su madre que no podía continuar, recibió el mensaje de que debía seguir trabajando para ayudar económicamente a la familia.
Finalmente aceptó reunirse con un equipo especializado. Salió de la ciudad en la que se encontraba y llegó a un recurso seguro con miedo, desconfianza e incertidumbre. Allí comenzó un proceso que incluyó atención psicológica, asesoramiento jurídico y administrativo, formación y apoyo para acceder a un empleo. "Salir no fue fácil. Recuperarme tampoco lo ha sido", cuenta Aurora.
Cuestión judicial
Para FIET, uno de los principales obstáculos aparece cuando la mujer ya ha conseguido alejarse del lugar de explotación. El proceso de recuperación necesita protección jurídica, atención psicológica, estabilidad económica y tiempo.
También requiere que la víctima pueda tomar decisiones sin que cada paso esté condicionado por el miedo a las consecuencias migratorias o por la obligación de colaborar inmediatamente con una investigación.
Hannah San Justo Kumin, coordinadora jurídica del Área de Atención Integral de FIET, explica que la legislación española contempla un periodo de restablecimiento y reflexión para las víctimas extranjeras en situación administrativa irregular cuando existen indicios razonables de trata.
Durante ese tiempo pueden acceder a protección y asistencia y se suspende la ejecución de una eventual expulsión. Después existen vías para obtener una autorización de residencia y trabajo, bien por colaboración con las autoridades, bien atendiendo a circunstancias personales.
![Panorámica de La Línea de la Concepción y Gibraltar.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11027484.jpg?p=w:320\/h:240&h=m3A4H5UA"])
En la práctica, señala la jurista, la vía vinculada a la colaboración con la investigación tiene un peso importante. El problema es que una mujer que acaba de escapar de una situación de explotación puede encontrarse todavía en un estado de miedo, desconfianza o dependencia que dificulta tomar una decisión de ese calibre.
Por ese motivo, FIET defiende que la protección y el acompañamiento no estén supeditados a la presentación de una denuncia.
A la complejidad de reconstruir una vida se suma la duración de los procedimientos judiciales.
Según la experiencia de FIET, una causa por trata puede prolongarse durante cuatro o cinco años. Y, para una persona que intenta rehacer su vida, ese periodo puede significar mantener durante años la incertidumbre sobre su situación jurídica y sobre el desenlace de un proceso en el que debe enfrentarse a quienes la explotaron.
La coordinadora jurídica de la organización señala además que las víctimas pueden abandonar el procedimiento, regresar a su país o retractarse de declaraciones anteriores. En los delitos de trata, explica, la prueba debe acreditar elementos como la captación, el traslado o acogida y, especialmente, los mecanismos de control utilizados para someter a la víctima a explotación.
La dependencia económica, las amenazas o la violencia psicológica pueden ser menos visibles que una agresión física, pero forman parte de las herramientas de sometimiento que deben quedar acreditadas.
Alika Kinan, víctima de explotación sexual, fue la primera en ganar un juicio contra su tratante y contra el Estado por la explotación a la que fue sometida durante 16 años.
En 2025, FIET registró 181 procedimientos relacionados con trata, con 14 condenas y siete absoluciones dentro de los casos que siguió.
La organización señala también que aproximadamente la mitad de los acusados por explotación sexual acabaron absueltos. De ahí que San Justo Kumin apunte a la dificultad de demostrar determinados elementos del delito y a la complejidad de unos procedimientos en los que el testimonio de la víctima puede resultar determinante.
Una de las medidas que FIET considera necesaria es reforzar la prueba preconstituida. Esta herramienta permite que, en determinados supuestos y bajo control judicial, el testimonio de una víctima pueda recogerse durante la fase de instrucción y conservarse para evitar que tenga que repetirlo años después en el juicio oral.
La organización reclama también un uso más eficaz de la figura del testigo protegido. Las medidas pueden incluir la preservación de datos identificativos, evitar el contacto visual con los acusados o recurrir a sistemas de videoconferencia. La necesidad de protección puede extenderse además al entorno familiar de la víctima.
Las nuevas redes
El diagnóstico de FIET lleva a la organización a reclamar una Ley Integral contra la Trata que unifique la respuesta de prevención, detección, protección, persecución y reparación.
Entre sus propuestas figura reforzar la identificación especializada de las víctimas y garantizar que puedan acceder a derechos y recursos desde los primeros indicios de explotación, sin que la denuncia sea el requisito de entrada al sistema de protección.También plantea adaptar la legislación a las nuevas formas de captación y explotación.
La cuestión es que internet permite establecer contacto con potenciales víctimas, publicar anuncios, gestionar desplazamientos y mantener mecanismos de vigilancia sin que exista una estructura visible como las que tradicionalmente asociaban la trata a determinados clubes o locales. De ahí que, para FIET, la respuesta penal y policial deba incorporar esa transformación.
Otro de los puntos señalados por la organización es la llamada tercería locativa, es decir, la responsabilidad de quienes facilitan espacios para desarrollar actividades de explotación. Y es que FIET considera que las dificultades para perseguir determinadas formas de cesión de inmuebles pueden favorecer que las redes se desplacen hacia pisos y otros espacios privados.
![APRAMP indica que más del 60% de los menores ha sido conectado por desconocidos en entornos digitales.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11259095.jpg?p=w:320\/h:240&h=nedYRCAk"])
La organización reclama además formación especializada para los profesionales que participan en la identificación, asistencia y persecución del delito, una coordinación estable entre administraciones y entidades especializadas y mecanismos que garanticen la reparación económica de las víctimas.
El objetivo es que la protección no termine cuando finaliza una intervención policial o cuando una mujer abandona físicamente el lugar de explotación.
En ese proceso, Martin Peñalver sitúa la recuperación de la autonomía en cuestiones que pueden parecer pequeñas desde fuera, como elegir qué comer, qué ropa ponerse, cuándo salir, con quién relacionarse o incluso poder decir que no son decisiones que algunas mujeres han tenido restringidas durante largos periodos. Recuperarlas forma parte del proceso.
Aurora también habla de esa reconstrucción en términos cotidianos. Después de abandonar la explotación, su vida no quedó resuelta de un día para otro. Ha necesitado atención psicológica, acompañamiento jurídico y administrativo y apoyo para recuperar su autonomía económica y personal. "Hoy estoy reconstruyendo mi vida", concluye.
