ECajas de cartón con alimentos enlatados en latas en suelo. iStock
El fin de las pruebas en la Ley de Desperdicio: España reduce un 4,4% en un año y las empresas se enfrentan ya a sanciones
Tras un año de adaptación, la normativa entra en su aplicación plena entre avances en medición y eficiencia y retos prácticos.
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El reloj ha llegado a cero. Tras 12 meses de transición, la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario ha entrado en su fase plenamente exigible este abril de 2026. Y así, lo que comenzó como un marco normativo ambicioso, se enfrenta ahora a su prueba real. Es el momento de aterrizar en la operativa diaria de miles de empresas.
El contexto invita al optimismo moderado. Pues, en 2024, el desperdicio alimentario en España se redujo un 4,4%, hasta los 1.125 millones de kilos/litros, según el Ministerio de Agricultura. Un hecho que, de forma clara, demuestra que el cambio ya ha comenzado, incluso antes de la plena aplicación de la norma.
Sin embargo, el verdadero termómetro está en cómo las empresas están adaptando sus procesos internos a una legislación que exige medir, justificar y optimizar cada flujo de alimentos.
"El balance inicial de aplicación de la Ley 1/2025 contra el desperdicio alimentario puede definirse como una fase de despegue centrada en la preparación operativa", explica Juanjo Moreno Delgado, Category Manager de Agroalimentación, Distribución y Consumo de AENOR.
Durante este primer año, el esfuerzo empresarial se ha centrado en construir los cimientos. Es decir, en establecer planes de prevención, acuerdos de donación y sistemas de trazabilidad. La implantación real, sin embargo, entra ahora en su fase decisiva.
Una adaptación desigual
El punto de partida no era bajo. Antes de la ley, el 71% de las empresas ya contaba con algún plan de prevención y nueve de cada diez realizaban donaciones a organizaciones sociales. Este nivel de madurez ha facilitado el proceso, pero no ha evitado diferencias significativas entre sectores.
Distribución comercial, retail y canal HORECA lideran la adaptación. Pues, su proximidad al consumidor y la presión reputacional ha acelerado la adopción de medidas, especialmente en planificación y donación de excedentes.
En estos sectores, la ley ha reforzado dinámicas ya existentes, impulsando su sistematización. En otros ámbitos, con estructuras más complejas o menor digitalización, la adaptación avanza de forma más progresiva.
Biorresiduos orgánicos caducados. iStock
En cualquier caso, el cambio estructural es que la gestión del desperdicio deja de ser una práctica secundaria para convertirse en un eje central de la operativa. "Los impactos más inmediatos se están observando en tres áreas clave: la cuantificación, la redistribución y la optimización de procesos", resume Moreno.
Y, en ese sentido, la medición se ha convertido en el punto de partida. Saber cuánto se desperdicia, dónde y por qué está obligando a las empresas a revisar sus procesos con una precisión inédita.
El desafío del cambio
La dificultad emerge cuando la norma se traslada al terreno operativo. Pues, el reto no es entenderla, sino integrarla sin generar fricciones ni sobrecargar la gestión. Uno de los principales obstáculos es la clasificación del desperdicio.
Diferenciar entre merma inevitable, subproducto, excedente donable o residuo final exige criterios homogéneos y aplicables en todos los centros."La homogeneización del dato resulta clave, tanto para el cumplimiento legal como para la toma de decisiones operativas", explica Moreno.
A esto se suma la elaboración de los planes de prevención, que requieren un análisis profundo de los procesos y la identificación de puntos críticos. De ahí que en empresas con múltiples sedes, la complejidad aumente de forma exponencial.
![Imagen de archivo de una votación en el Parlamento Europeo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/12\/31\/enclave-ods\/historias\/912918717_252027013_320x180.jpg"])
La gestión de excedentes introduce, además, exigencias logísticas y de coordinación con entidades sociales, junto a un control riguroso de las condiciones sanitarias y de trazabilidad. "La normativa demanda controlar entradas y salidas, condiciones higiénico-sanitarias y criterios de seguridad alimentaria, lo que refuerza la carga administrativa", advierte.
La revisión de contratos y procedimientos internos completa el mapa de retos, obligando a adaptar acuerdos comerciales a un marco que prioriza la donación y penaliza cualquier limitación a la misma.
Cómo cumplir
Frente a estas dificultades, las empresas que avanzan con mayor solvencia comparten una misma lógica: simplificar, estandarizar e integrar.
Una de las estrategias más eficaces es centralizar la información en un único sistema de gestión. "Unificar compras, mermas y salidas de excedentes en un solo cuadro permite mejorar la trazabilidad sin multiplicar registros", señala Moreno.
La estandarización de plantillas para planes y convenios reduce tiempos y errores, mientras que la integración en sistemas ya existentes —como los de calidad o medio ambiente— evita duplicidades y contiene la carga administrativa.
, Mezcla orgánica en un cubo de basura. iStock
Casos como los de Carrefour o Ametller Origen muestran que es posible aplicar este enfoque de forma estructurada. Tan solo hace falta un ajuste entre oferta y demanda, descuentos por proximidad de caducidad, donación y transformación de productos, todo ello desplegado desde la logística hasta el punto de venta.
El resultado es una implementación progresiva que no compromete la eficiencia operativa, y el impacto económico empieza a ser uno de los principales motores del cambio. Aunque la adaptación implica costes iniciales —especialmente en medición, digitalización, logística y formación—, los beneficios emergen de forma progresiva.
"Las empresas están detectando ahorros en compras y en la gestión de residuos, gracias a una mejor previsión de la demanda y una gestión más eficiente del stock", explica Moreno.
Y es que la reducción de mermas, la optimización de procesos y los incentivos fiscales asociados a la donación configuran un retorno tangible a medio plazo. A ello se suma un beneficio estratégico, pues el refuerzo de la reputación en un entorno donde la sostenibilidad es cada vez más determinante.
![Plato de un niño en su escuela de la India.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/08\/17\/enclave-ods\/historias\/878922198_248530902_320x180.jpg"])
En este contexto, la certificación y la estandarización adquieren un papel clave. "Permiten ordenar los procesos, hacerlos coherentes y verificables, y evolucionar hacia un modelo de mejora continua", afirma Moreno. Al mismo tiempo, introducen disciplina operativa, comparabilidad de datos y credibilidad, elementos esenciales para consolidar el cambio.
Y así, un año después de su aprobación, la Ley de Desperdicio Alimentario ha dejado de ser un marco teórico para convertirse en un catalizador de transformación empresarial. La adaptación no está completa, pero el rumbo es inequívoco.
Reducir el desperdicio ya no es solo una obligación legal. Es, cada vez más, una forma directa de mejorar la eficiencia, reducir costes y competir en un mercado donde la sostenibilidad ha dejado de ser un valor añadido para convertirse en una exigencia.
